Al tiempo que el gobierno nacional y de Montevideo buscan la forma de frenar el crecimiento de Uber mediante nuevas reglamentaciones, la empresa planea seguir expandiéndose por el país y ya recluta choferes para desembarcar en Maldonado y aprovechar la temporada alta en Punta del Este, dijeron a Búsqueda fuentes políticas y de la empresa.
El martes 11, el edil de ese departamento, Adolfo Varela, del Partido Nacional, presentó un proyecto de decreto a la Junta Departamental —donde los blancos son mayoría—, que busca anticiparse a la llegada de Uber. Su objetivo es que haya una normativa definida antes de que la empresa comience a operar en Punta del Este.
Uber, una aplicación que conecta a choferes particulares con clientes, está buscando conductores que estén interesados en trabajar allí. Un chofer de la empresa dijo a Búsqueda que recibió un mensaje con la notificación de que fue “seleccionado” para trabajar en Punta del Este.
Ese balneario es uno de los centros turísticos más importantes de Uruguay. Allí veranean personas con alto poder adquisitivo, que es el tipo de público que Uber apunta a captar.
En otras ciudades del mundo, la empresa ofrece servicio de autos de lujo —llamado Uber Black— para satisfacer la demanda de clientes más exigentes, como los que visitan el balneario.
Consultado por Búsqueda, un vocero de la empresa no quiso confirmar los planes de expansión, pero dijo que “constantemente” están “evaluando la posibilidad de llegar a más lugares”. “Por el momento no tenemos planes concretos en Punta del Este”, afirmó.
Regulación.
El proyecto presentado por Varela —al que accedió Búsqueda— recoge ideas de iniciativas impulsadas en distintas partes del mundo, pero su contenido está hecho a medida de Uber y se adapta al tipo de reglamentación que la empresa promueve aplicar en los distintos lugares en donde opera.
El artículo 3 establece: “Los proveedores de servicio privado (conductores) no tendrán relación alguna de subordinación o dependencia con las Empresas de Redes de Transporte ni cumplirán horarios de trabajo. Estos operarán según su voluntad una vez se conecten a la aplicación las veces que deseen y por el tiempo que estimen conveniente”.
El texto se ajusta a la modalidad en que ya opera la empresa, al igual que el artículo 7, que dice que para “ser prestador se deberá contar con una plataforma tecnológica de operación y/o administración, propia o de terceros, que permita el control, programación, solicitud, control de operación e intermediación del pago”.
“Debe verse a la economía colaborativa como un medio de garantizar que la calidad de vida de nuestros ciudadanos, mejore, intercambiando los niveles de seguridad en las transacciones, complementando los sistemas de transporte, garantizando la complementariedad de los servicios (verdaderamente alcanzando la multimodalidad), y sobre todo, simplificando las relaciones entre proveedores y consumidores”, argumenta el edil en el proyecto.
La iniciativa, no obstante, propone que el gobierno departamental ejerza cierto control sobre las actividades de la empresa, plantea requisitos a los conductores y sus coches y fija algunos impuestos.
El artículo 11, por ejemplo, establece que las plataformas que quieran operar deben adquirir ante la Intendencia Departamental un permiso (que define como “Oblea Digital”) por vehículo habilitado, que tendrá una vigencia de cinco años. Los permisos podrán ser adquiridos al por mayor y cada uno tendrá un costo único de 2 Unidades Reajustables, que equivale a $ 1.851.
También propone cobrar un 2% de lo facturado por las empresas que ofrecen el servicio y crear con ese dinero un Fondo de Movilidad. Los recursos obtenidos, agrega, serán destinados a subsidiar el precio del boleto urbano y suburbano.
A su vez, también establece ciertas exigencias para los conductores —como una libreta de conducir categoría E y certificado de antecedentes judiciales— y los coches que utilizan, que no podrán tener una antigüedad mayor a la de 10 años.
En caso de que los choferes o las empresas incumplan la normativa dispuesta, el proyecto prevé sanciones.
Para el caso de los conductores, el artículo 15 plantea que, en caso de incumplimiento la Intendencia podrá cancelar de forma “definitiva” el permiso otorgado. El artículo 16, en tanto, establece que ante el incumplimiento de cualquier disposición en reiteradas oportunidades por parte de las “Empresas de Redes de Transporte” —como llama a las empresas de transporte como Uber— habilitará a las autoridades a “suspender de forma transitoria o permanente” el permiso otorgado.
Varela dijo a Búsqueda que la idea es que quienes brinden servicios de transporte a través de aplicaciones como Uber, convivan con los taxis.
“Desastre”.
El Poder Ejecutivo envió el martes 11 a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley para regular servicios de transporte de empresas como Uber, Easy Go o Cabify.
El gobierno nacional ya había enviado una iniciativa que apuntaba en el mismo sentido, pero no prosperó, en parte porque no fue apoyada por los sectores Movimiento de Participación Popular y Compromiso Frenteamplista.
Ambas fuerzas políticas sostuvieron que las intendencias ya poseían los instrumentos para frenar el avance de Uber.
El nuevo texto introduce algunos cambios en relación a la iniciativa anterior, con medidas más duras. Por ejemplo, establece que, en caso de que se incumplan las normas vigentes, las autoridades puedan quitar la libreta de conducir al chofer que brinde servicios de transporte de forma ilegal por el plazo de un año. En caso de que exista reiteración, esa misma sanción se aplicará por dos años.
Además del control que ya ejercen las intendencias para regular el transporte de pasajeros, el texto les confiere a los ministerios de Transporte e Interior la potestad de aplicar sanciones. El Banco Central, con previa autorización de la Justicia, y si así lo requieren los organismos encargados de fiscalizar, podrá impedir la transferencia de fondos.
El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, que integra la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde será estudiado el proyecto, opinó en conversación con Búsqueda que la iniciativa es un “desastre desde todo punto de vista”, incluso peor que el proyecto anterior promovido por el Ejecutivo.
Cabify, una empresa similar a Uber que ya tiene 1.500 conductores interesados en usar la aplicación, y que en las próximas semanas comenzará a operar, emitió este miércoles un comunicado en el que anunció que la compañía “se adapta a las reglamentaciones de los países en los que brinda su servicio”.
