La Justicia admite que se basó en un único testigo “poco creíble” cuando encarceló hace dos años a un militar retirado y lo liberó

El caso del coronel Gómez reposicionó la polémica pública sobre la actuación judicial ante denuncias de violaciones de derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Jerarcas políticos incluso del oficialismo cuestionaron el procesamiento de Gómez, al punto de que el propio ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, mantuvo un contrapunto con la jueza que procesó al oficial, Lilián Elhorriburu.

En contraste el fiscal subrayó en su escrito: “En la presente causa declararon 134 testigos, de los cuales solo uno de ellos hace referencia al hecho que nos ocupa. (...) No hay ninguna declaración que apoye los dichos del señor Blanco; es una declaración aislada, que se contrapone frontalmente con la ‘prueba científica’. (...) Es más, la prueba de un único testigo no hace plena prueba, sino que la misma debe ser tomada a título indiciario. Pero en el caso, Blanco se contradice con sí mismo, por lo que sus propios dichos pierden valor como prueba por indicios”.

Lo creíble y lo increíble.

El procesamiento con prisión de Gómez generó reacciones de una magnitud inusual en el ámbito militar. Si bien los distintos enjuiciamientos por violaciones de derechos humanos en dictadura fueron rechazados por organizaciones de militares retirados, la situación de Gómez generó una indignación particular. Ante consultas de Búsqueda durante los últimos años, militares que admiten como muy probable o seguro que algunos camaradas de armas torturaron o mataron durante ese período, rechazan de forma unánime que Gómez tenga algo que ver con el caso de Gomensoro.

“Es incuestionable que algunos de los que están presos hicieron cosas jodidas. Pero nos conocemos todos y Gómez no tuvo nada que ver. Se está comiendo un garrón”, aseguró un oficial del Ejército varios meses atrás.

En su carta de julio del 2012, que fue divulgada por Montevideo Portal, Fernández Huidobro argumentó sobre la inocencia de Gómez y remató: “Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de la investigación”.

Además del titular de Defensa, el ex secretario de la Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, quien también ejerció como ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa en ese período (2005-2010), consideró “no creíble” un dato central que tomó la Justicia para procesar a Gómez.

En concreto, el cadáver de Gomensoro fue encontrado en el lago de Rincón del Bonete el 18 de marzo de 1973. El hasta entonces desaparecido había sido detenido en su casa de Montevideo el 12 de marzo anterior. ¿Lo llevaron desde Montevideo hasta la unidad del Ejército más cercana a Rincón del Bonete, en Paso de los Toros, donde lo castraron, murió y luego lo desaparecieron? ¿O murió en Montevideo y desaparecieron su cadáver en Rincón del Bonete, a cientos de kilómetros de allí?

Sobre esa pregunta giró parte de la indagatoria judicial. La jueza que realizó la investigación original, de Paso de los Toros, concluyó que Gomensoro fue trasladado vivo hacia esa ciudad, en cuya unidad de Ejército fue torturado y castrado por Gómez y Gavazzo, por lo cual falleció, y todo en presencia de Blanco, cuyo testimonio es la base de esa conclusión.

Sin embargo, en su pedido de sobreseimiento que luego fue avalado por la Justicia, el fiscal desvirtúa esa base. De hecho, una serie de estudios forenses que cita lo llevan a concluir la “inexistencia del fallecimiento por castración” de Gomensoro.

Además, el representante del Ministerio Público sostiene que las declaraciones de Blanco son “contradictorias, inexactas y confusas”.

“Resulta poco creíble, contrario a las reglas de la lógica y el sentido común” lo que Blanco relata que ocurrió, sentencia el fiscal. Puntualmente, cuestiona el hecho de que Blanco —entonces detenido— estuviera presente y sin capucha en el mismo lugar donde supuestamente se torturó de manera “brutal” a otra persona que además sí estaba encapuchada, que un oficial de grado menor (Gavazzo) le diera una orden a otro de mayor grado (Gómez), y hasta subraya que “no existe declaración testimonial —salvo la de Blanco— que manifieste que en la época de la pasada última dictadura militar, en el Batallón de la División Militar 3 ubicado en Paso de los Toros o en el denominado Campo 3 del mismo, se hubiere/n sometido a persona/s a tortura corporal”.

“En aras de la libertad, igualdad y reconciliación social, corresponde se llegue a la verdad histórica del destino de Roberto Gomensoro (...) y condenar al o los culpables de su desaparición y muerte, así como ello cerrar un capítulo inconcluso de la reciente historia dictatorial uruguaya, y seguir reconstruyendo la historia, para con ello construir un futuro más fraternal sobre los cimientos de la verdad de los hechos”, remarca el fiscal.