Hasta ahora, según dijo en el Parlamento el director general del Ministerio del Interior, Charles Carreras, 22 dependencias tienen capacidad de realizar intercepciones telefónicas legales en el país, aquellas que son ordenadas por un juez con la colaboración obligada de las compañías telefónicas.
“Pinchar” un teléfono es una tarea más o menos sencilla, pero otra cosa es procesar la información obtenida y emplearla en una investigación judicial y mantener la confidencialidad.
El gran debate a nivel internacional (ver recuadro) está centrado en que la sociedad civil no está dispuesta a aceptar de buen grado que los Estados usen sin limitaciones los “metadatos” (datos que describen otros datos) que existen en todas las compañías telefónicas como una gran piscina donde pescar información.
“Garantías para todos menos para la delincuencia” decía una nota en la página oficial del Ministerio del Interior cuando se difundió la compra del nuevo software espía “El Guardián”.
El gobierno del Frente Amplio no pareció hasta ahora dispuesto a escuchar los argumentos del relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, que desde el año pasado está a cargo del abogado y periodista uruguayo Edison Lanza.
Por otra parte, el senador colorado Pedro Bordaberry denunció en 2010 haber sido víctima de escuchas ilegales en su estudio jurídico y al año siguiente llamó la atención acerca de la compra de equipos de inteligencia en el área de Defensa. Bordaberry realizó varios pedidos de informes y recibió una respuesta del Ministerio del Interior que no disipó sus dudas y aún está analizando con ayuda de técnicos de su confianza.
En 2013, un jerarca policial y otro de Antel fueron procesados por revelación de secreto en transcurso de una investigación judicial por tráfico de armas en el departamento de Treinta y Tres.
Fuentes policiales dijeron a Búsqueda que eso fue algo “excepcional”, porque la mayoría de los funcionarios no se arriesgan a revelar información que está bajo secreto profesional.
La compra de “El Guardián” a la empresa radicada en Brasil Digitro Tecnología Ltda., permitiría en principio centralizar las interceptaciones legales, liberar personal afectado a escuchas, en especial en tres organismos clave con la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado, la Dirección General de Información e Inteligencia (DGII) y la dirección antidrogas, mejorar el nivel de contralor y al mismo tiempo realizar interceptaciones legales de correos electrónicos, redes sociales y otros medios.
Pero la adquisición de este software espía por el Ministerio del Interior puso de nuevo sobre la mesa el difícil equilibrio entre las necesidades del Estado de modernizar su capacidad de combatir el crimen y defenderse de otras amenazas, y las libertades individuales, un asunto especialmente caro al Frente Amplio, que en el pasado sufrió en carne propia la represión desde agencias gubernamentales.
Control judicial de espionaje.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Ricardo Pérez Manrique informó a Búsqueda que la semana pasada la corporación aprobó un proyecto de convenio para firmar con el Ministerio del Interior en materia de interceptaciones.
La Corte recibió una propuesta elaborada por el Ministerio, pero los magistrados decidieron enviar una contrapropuesta, más específica, en la que no se incluye al sistema “El Guardián”, sino que trata exclusivamente sobre el programa informático que utilizarán los jueces para aprobar las interceptaciones, y que se llama Sistema Administrador de Interceptaciones Legales (Sail).
“Hay un acuerdo que está en estudio, pero es en relación al Sail”, indicó el ministro de la Corte. El programa administra las solicitudes de interceptación y consiste en un formulario electrónico que recoge la conformidad del fiscal y del juez con la solicitud de interceptación telefónica. Hecho este paso, la autorización electrónica del juez habilita a que “El Guardián” realice la interceptación, a través de una comunicación a las empresas telefónicas.
El acceso del Poder Judicial se limita al Sail y no alcanza al programa espía, explicó Pérez Manrique. En la contrapropuesta de convenio que la Corte envió al Ministerio del Interior se “clarifica” el alcance del convenio, explicó el magistrado, y “expresa la conformidad del Poder Judicial con el convenio para poner en marcha el Sail”.
Es que a partir de varios informes internos, la SCJ entendió que correspondía especificar hasta dónde llegaba la intervención del Poder Judicial en el nuevo sistema de interceptaciones telefónicas.
“Ni el juez ni el Poder Judicial tienen acceso a ‘El Guardián’. Su manejo está exclusivamente en manos del Ministerio del Interior”, afirmó Pérez Manrique. Esas fueron las “bases” que planteó el propio Ministerio, aclaró el ministro, e informó que la Corte aún no recibió una respuesta de Interior sobre la nueva propuesta de convenio.
Auditorías y trazabilidad.
En marzo, a poco de adquirir el nuevo sistema espía en Brasil a un costo de unos U$S 2 millones y U$S 200.000 dólares de mantenimiento anual, el Ministerio del Interior publicó un comunicado en el que aseguró que el proceso de interceptaciones telefónicas es “100% auditable”, y “toda intervención o participación de cualquiera de sus actores queda registrada, pudiendo ser verificada con certeza”.
Sin embargo, Pérez Manrique aclaró que el Poder Judicial tendrá acceso al funcionamiento del Sail y no de “El Guardián”. “El Poder Judicial va a poder auditar si la cantidad de interceptaciones que dispusieron los jueces coincide con lo que el Sail comunicó a las operadoras telefónicas”, precisó. “Se puede auditar que el número de intervenciones sea un número ajustado a lo que se transmitió a los operadores telefónicos. No estamos en condiciones de auditar el sistema propiamente dicho”.
El Ministerio del Interior le propuso al Poder Judicial que haga una “auditoría cuantitativa” del sistema, pero no “cualitativa”, dijeron a Búsqueda fuentes de la secretaría de Estado. Es decir, que controle la cantidad de interceptaciones que se hacen, pero no “entrar en el caso a caso” ni ver el contenido de lo que se hace.
El programa, explicaron las fuentes de Interior, todavía no empezó a funcionar porque se está trabajando en el sistema de control. El Ministerio ofreció “capacitar” a jueces y fiscales, pero hasta ahora ello no ha ocurrido.
Las precisiones desde la Corte y el Ministerio podrían reforzar la preocupación que existe en la oposición y las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa de las libertades en materia de protección de datos, un asunto sensible en todo el mundo (ver recuadro).
El senador blanco Javier García dijo a Búsqueda que al aumentar la capacidad de interceptar también se deben incrementar los controles, porque incluso se puede ver afectada la libertad de los periodistas y recordó que está pendiente la aprobación de una ley de inteligencia.
Para el abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) Martín Sbrocca, Uruguay debe cumplir con las recomendaciones de 2013 del relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de “revisar la legislación y establecer mayores mecanismos de transparencia y discusión pública de dichas prácticas”.
Los organismos internacionales reconocen que la seguridad nacional puede justificar “el uso excepcional de vigilancia en las comunicaciones privadas”, pero que debido al avance tecnológico “este tipo de vigilancia puede constituir un acto particularmente invasivo que afecta seriamente el derecho a la privacidad y la libertad de pensamiento y expresión”.
ONU y OEA coincidieron en que “el Estado debe permitir a los proveedores de servicios informar a sus clientes acerca de los procedimientos que ellos implementan en respuesta a solicitudes de vigilancia del Estado, y aportar, cuanto menos, información agregada sobre el número y el alcance de las solicitudes que reciben”.
“Avivar giles”.
Mientras el fiscal de crimen organizado Gilberto Rodríguez reconoció hace algunas semanas en Canal 20 que en efecto, el uso de “El Guardián” puede ser “invasivo”, el fiscal de Corte Jorge Díaz, con probada experiencia en el manejo de interceptaciones, prefirió guardar silencio.
El argumento de los policías que trabajan en el combate al crimen organizado es que al informar acerca de los medios disponibles se está “avivando giles”, porque se pone sobre aviso a los delincuentes.
En junio de 2013 “El País” informó acerca de la compra del software en Brasil, una operación que, según las autoridades, “debe mantenerse en secreto” y que permitiría que 30 funcionarios accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 teléfonos móviles y 200 fijos, además de la creación de cuentas espejo de hasta 100 usuarios de correo electrónico y tres redes sociales.
En octubre de 2014, “El Observador” informó que un decreto reservado del Ministerio de Economía del 28 de marzo de 2015 incluía la tercera pata: un protocolo de colaboración con las empresas telefónicas redactado por el Ministerio del Interior para que sepan cómo manejarse ante cada pedido de vigilancia electrónica dispuesto por un juez.
Fuentes de compañías telefónicas explicaron a Búsqueda que debieron realizar inversiones para realizar la interfase con el programa y cumplir con el protocolo. No obstante, agregaron que no representa un gran cambio en la operativa del sistema que permitiría hurgar en llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, pero no en comunicaciones a través del sistema de mensajería Whatsapp, al punto que en Gran Bretaña y otros países surgió la idea de prohibirlo como parte de la lucha antiterrorista.
A partir de la información periodística, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) solicitó una ampliación al Ministerio del Interior, pero como no obtuvo respuesta se presentó a la Justicia al amparo de la ley de acceso a la información. En primera y segunda instancia el pedido fue denegado porque la información fue considerada “secreta”.
La abogada Tania Da Rosa dijo a Búsqueda que Cainfo no pretende detalles técnicos sino acceso al protocolo en base a los criterios de publicidad y transparencia reconocidos a nivel internacional.
Para Sbrocca, la pregunta que no han respondido los jerarcas del Ministerio del Interior es cómo se va a controlar que no se pinche un teléfono sin conocimiento de la Justicia.
Información Nacional
2015-09-17T00:00:00
2015-09-17T00:00:00
