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A más de un año de entrada en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, la Justicia tramita unas 17 denuncias penales contra empresarios por accidentes laborales en todo el Uruguay. Todos esos casos se encuentran en etapa presumarial. Además, hay dos expedientes trabados por recursos de inconstitucionalidad y otros dos que fueron archivados sin sentencia.
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Los datos surgen de la respuesta a un pedido de informes elevado por el diputado blanco Pablo Abdala a la Suprema Corte de Justicia en marzo de este año. Las denuncias están radicadas en juzgados de Montevideo, Cerro Largo, Río Branco, Carmelo, Colonia, Paso de los Toros, Durazno, Lavalleja, San Carlos, Paysandú, Salto y San José.
Abdala explicó a Búsqueda que parte de su motivación para conocer el estado de situación de estas denuncias es la “demora” en la resolución de algunas causas, por ejemplo la que involucra a la Intendencia de Montevideo por el fallecimiento de un obrero recolector de basura en la Usina 3 de la comuna. La muerte ocurrió hace más de un año. “El pedido de informes no tiene la intención de entrometernos ni interferir en la decisión de los jueces. Nos ha llamado poderosamente la atención la demora en cuanto al pronunciamiento del juzgado penal 17, que es donde se investiga la muerte en la Usina 3. Parece un tiempo demasiado prolongado para determinar las causas de un episodio desgraciado como este”, dijo Abdala.
La muerte del funcionario municipal se produjo en abril de 2014 mientras hacía arreglos en un camión recolector y cayó a una fosa desde unos tres metros de altura. Según informes médicos presentados luego por los abogados de la Intendencia, el obrero falleció a causa de un paro cardíaco, lo que descartaría la figura de accidente laboral. Sin embargo, el sindicato de trabajadores municipales (Adeom) insistió en que se trató de un accidente de trabajo y por eso presentó la denuncia penal contra la comuna. Se trató del primer caso denunciado en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que fue promulgada en marzo de 2014 y entró en vigor un mes más tarde. “Es llamativo que al juez le tome tanto tiempo determinar qué es lo que provocó esa muerte y si está vinculada o no a una conducta delictiva prevista por la nueva ley. Yo tengo la impresión de que se habría configurado el delito previsto en el artículo 1° y que la intendenta de Montevideo (Ana Olivera) sería por lo tanto responsable penalmente”, insistió Abdala. Agregó que “todos los informes periciales indican que las condiciones de trabajo eran insatisfactorias, había una situación de precariedad laboral. La propia Inspección de Trabajo determinó eso y se lo había advertido con anterioridad a este episodio”.
Para el diputado nacionalista, la responsabilidad penal de la intendenta Olivera “parece clara”. Sin embargo, cargó contra la normativa y sus consecuencias. “No es que me parezca bueno ni justo que Olivera pueda ir presa por esta ley. Yo creo que lo que se confirmaría es el absurdo de esta solución legal. Y por eso los blancos nos opusimos a ella. Nos parece desproporcionada e inadecuada. Es violatorio de las garantías y derechos individuales que alguien vaya preso por una situación como esta, por ejemplo, por la circunstancia de que en determinada repartición de la Intendencia las condiciones no eran las más adecuadas. En todo caso cabe una sanción patrimonial”. Abdala reflexionó que Olivera puede ser “víctima de una mala ley que impulsó su propio partido”. “Si hay un sector dentro del Frente Amplio que fue enfático en todo esto fue el Partido Comunista”, dijo.
El diputado fue quien llevó la voz cantante del Partido Nacional durante el debate parlamentario y recordó que, si bien allí se plantearon dudas sobre la inconstitucionalidad de la normativa, no fue ese el centro de la argumentación negativa. “Más bien nos opusimos por inconveniente, porque genera incertidumbre y puede conducir a situaciones injustas, que termine siendo condenado o procesado alguien que en realidad no tuvo la intención de dañar al trabajador”.
Polémica.
En un panel organizado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas el pasado 20 de mayo, la normativa estuvo en el centro de la discusión. Allí, el asesor del Ministerio de Trabajo Nelson Loustaunau evaluó que la ley ha sido “no efectiva, efectivaza”, y destacó que permitió que “más de 500” trabajadores hayan evitado accidentes laborales. La cifra, sin embargo, fue cuestionada por el asesor jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Mailhos. “No hay seriedad en esos datos que aparecen de un día para el otro”, sentenció. Por su parte, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Juan Raso consideró que la norma tiene un “fuerte valor simbólico” porque los “empleadores están asustados”. Es la ley “cuco”, concluyó.
