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    La OPP defiende el PADO como medida “auspiciosa” contra el delito, aunque advierte un “exceso de presión” en el registro de personas

    El Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), sistema de patrullaje policial implementado por el Ministerio del Interior en 2016, ha logrado “buenos resultados” en su objetivo de “disminuir globalmente los delitos contra la propiedad”, reflejado en la reducción de las rapiñas y otros delitos, en particular de los homicidios. Sin embargo, la modalidad “se tradujo en una actividad importante de detención y registro de personas y vehículos”, una práctica que “podría tener consecuencias negativas a mediano plazo”, porque implica un “exceso de presión” sobre la sociedad civil.

    Así lo establece un informe elaborado por la División de Análisis y Evaluación de Políticas de la Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

    El PADO es un programa de patrullaje de la Policía focalizado en zonas de mayor concentración de delitos —en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José—, lo integran funcionarios policiales con dedicación exclusiva, y su principal finalidad es reducir delitos contra la propiedad. El programa es considerado por el oficialismo como una de las medidas estrella del gobierno para disminuir la criminalidad, esclarecer los delitos, aumentar la confianza ciudadana en la Policía y mejorar la percepción de seguridad en la población.

    En 2017, las rapiñas disminuyeron en 11,5%, los homicidios en cerca del 10% y los hurtos en 5%. “Eso demuestra que el PADO tiene buenos resultados”, afirmó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a mediados de julio (Búsqueda Nº1.921).

    Bonomi aseguró que la apuesta es “proyectarlo a todo el litoral”, a los departamentos turísticos y a los de la frontera con Brasil. “Lo único que nos queda financiar es ese aumento del PADO y lo vamos a hacer con supresión de cargos”.

    De hecho, la Rendición de Cuentas incluye la supresión de vacantes en el Ministerio del Interior para crear 500 cargos policiales de especialización y reforzar las zonas turísticas, especialmente Salto y Paysandú, y otras zonas fronterizas. Un grupo actuará en Montevideo y otros 150 policías se destinarán a tareas de la Guardia Republicana con movilidad nacional.

    Aunque no dispone de un presupuesto propio, el PADO cuenta con una partida presupuestal específica de casi $ 141 millones, asignada para el pago de dedicación exclusiva y flexible de sus funcionarios. Según datos sobre remuneraciones, costo de vehículos y combustible, el presupuesto total estimado para 2016 superó los $ 538 millones, de los que más del 90% corresponden a salarios de un total de 815 policías de alta dedicación operativa.

    Estrategia POP. 

    En su evaluación sobre la actuación del PADO en el área metropolitana —donde se concentra el más del 90% de los delitos—, desarrollada desde abril a noviembre de 2016, la OPP concluye que, “en conjunto, la intervención se ha mostrado eficaz para reducir la cantidad de delitos, especialmente rapiñas”, lo cual refleja “un resultado auspicioso”. Además, “parece haber tenido efectos positivos en otros delitos, especialmente homicidios”.

    El programa procura adoptar una estrategia de policiamiento por orientación de problemas (POP), que apunta a “trabajar desde la comprensión global de los conflictos y eventos de seguridad en lugar de la reacción a los eventos puntuales”. Eso requiere, según la OPP,  trabajar con la comunidad, y exige capacitar a los policías.

    La intervención está a cargo de la Dirección de la Policía Nacional del Ministerio de Interior a través de la Unidad de Análisis Criminal (UAC) y se implementa mediante las jefaturas metropolitanas y la Dirección Nacional de la Guardia Republicana.

    Stop-question- and-frisk. 

    En cuanto a la operativa en territorio, la OPP recomienda “protocolizar los procedimientos, especialmente con relación a los pedidos de identificación y registros” de personas y vehículos. Si bien el informe establece que esta práctica —conocida en Nueva York como stop-question-and-frisk— pudo contribuir a bajar la cantidad de delitos, sea por la disuasión directa o por la incautación de armas o vehículos, advierte que mantener esa modalidad de registro puede tener “consecuencias negativas a mediano plazo”.

    Los datos referidos a PADO muestran que “hay una importante cantidad de registros de personas por cada detenido” y eso se traduce en “un exceso de presión sobre la población”, que puede aparejar “consecuencias negativas a mediano plazo” en la comunidad.

    “Por lo tanto, se recomienda apuntar a disminuir la cantidad de pedidos de identificación y registros” y, en caso de continuar con esos procedimientos, “incorporar la participación de otros organismos del Estado y de la sociedad civil así como reforzar los mecanismos de rendición de cuentas horizontales, para dar transparencia a las operaciones y mantener la legitimidad de la institución”.

    Entrevistado por Búsqueda, Bonomi dijo haber aplicado un camino “similar” al de Rudolph Giuliani, el exalcalde de Nueva York, y por eso comenzaron a disminuir los delitos.

    Información Nacional
    2017-08-31T00:00:00