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El 9 de octubre de 2002, los forenses Guido Berro y Hugo Rodríguez enviaron un informe a la Comisión para la Paz creada por el entonces presidente Jorge Batlle en el cual informaban con detalle acerca de un experimento científico que habían realizado para comprobar si los huesos humanos pudieron ser quemados en un horno de campo, tal como indicaban las versiones que avalaban la existencia de la “Operación Zanahoria”, mediante la cual se habrían desenterrado los cuerpos de los detenidos asesinados y enterrados clandestinamente en los Batallones 13 y 14, quemados y sus cenizas dispersadas, bajo el mando de un coronel de Inteligencia.
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Aunque a los forenses no correspondía opinar acerca de la existencia o no de dicha operación, el informe era concluyente en cuanto a que, en menos de una hora, a una temperatura cercana a los 500 grados centígrados, un esqueleto (los muertos frescos necesitan más temperatura) se convierte en cenizas, tal como indicaban las fuentes militares.
En rigor, los únicos académicos que defienden que existió dicha operación son el ex jefe del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), José López Mazz, y su colega Octavio Nadal. Ambos son quienes cuentan con mayor experiencia y formación en el trabajo sobre el terreno. Sin considerar la postura de los médicos forenses sobre la quema de huesos, López Mazz y Nadal, aunque tienen matices entre sí, estiman que la operación fue realizada en la práctica aunque por razones políticas se haya convertido en una acción de contrainteligencia. Para ello, se basan en testimonios recogidos durante la investigación, en la observación de remociones en el terreno y en la experiencia internacional, entre otras, la llamada operación “Cambio de televisores” en Chile.
El resto de los antropólogos del GIAF, la Secretaría de Derechos Humanos y la Asociación de Madres y Familiares, por el contrario, se aferran a que la “Operación Zanahoria” no está confirmada y que el hecho de que muchos testimonios coincidan puede obedecer a una acción para desestimular la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.
La aparición de hasta ahora tres cuerpos en predios militares y uno en una chacra cerca de Pando que estuvo en poder de la Fuerza Aérea irían en la línea de que dicha operación no existió o que, al menos, fue imperfecta.
Para los antropólogos forenses del GIAF Alicia Lusiardo —la única con sólida formación en la materia específica—, Gustavo Casanova y Natalia Azziz, otro motivo para dudar de esta teoría es que en todos los casos donde se realizaron operaciones similares (Argentina, Chile y la ex Yugoslavia) se encontraron restos óseos, ya que es muy difícil desenterrar un cuerpo sin que alguno de los 205 huesos, sobre todo pequeñas falanges, queden en el terreno, y eso no ha ocurrido en Uruguay. El GIAF apuesta a continuar en la búsqueda y espera informaciones a través de los teléfonos 098 814004 y 2403 2026.
López Mazz apuesta a que las investigaciones en curso permitan nuevos hallazgos, incluso numerosos, pero sostiene que la operación existió.
“Yo reafirmo y sostengo en el marco de mi libertad e independencia técnica lo que he dicho”, sostuvo al ser consultado a fines de setiembre en Radio Uruguay. “Como científico sostengo todo lo que he dicho y me puse a disposición de mis superiores para instancias de evaluación científica”, dijo en el programa, aunque no especificó a quiénes se refería ni entró en detalles sobre su razonamiento.
La independencia técnica, un asunto difícil en estos casos, también fue reclamada por Lusiardo con relación a un peritaje que realizó en 2011 a pedido de la defensa del coronel Tranquilino Machado, acusado de matar al estudiante Ramón Peré durante la huelga general de 1973. Aunque finalmente Machado fue procesado después de un tercer peritaje, Lusiardo recibió cuestionamientos en medios universitarios tanto por el contenido de su informe como por el solo hecho de haber aceptado trabajar para “ambas partes”: la defensa de los militares y el gobierno que busca a desaparecidos.
