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    La Policía consulta al FBI para intentar controlar los enfrentamientos entre bandas que provocan crecimiento de homicidios

    La reunión la encabezó en su despacho el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. A su lado estuvieron el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, y parte de la plana mayor de la Policía Nacional: los subdirectores ejecutivos Jorge Berriel y Héctor Ferreira, el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’ Elía, y el director nacional de la Guardia Republicana, César Tourn. El objetivo de la charla fue definir los ajustes al plan estratégico del gobierno en seguridad pública y evaluar la situación del delito en su conjunto (hurtos, rapiñas, violencia doméstica y homicidio), aunque el foco estuvo puesto en el aumento continuo de asesinatos en lo que va del año, que en comparación con el primer semestre de 2021 subió 39%.

    Se habló de la flota de vehículos y de la cantidad de personal disponible en la Policía. También de los barrios más violentos de Montevideo, bajo la órbita de las zonas operativas 3 y 4, que comprenden Casabó, Casavalle, Cerro, La Teja, Marconi, Paso de la Arena, Peñarol, Piedras Blancas y Punta de Rieles, entre otros. “El delito cero no existe. Hay que minimizar los valores que se han producido. Los 19 departamentos tienen sus particularidades y acá en la parte metropolitana es donde se acumula el macrocefalismo delictual”, dijo Berriel.

    En conferencia de prensa, D’ Elía anunció que la conclusión de la reunión fue diseñar un “redespliegue táctico” de la Policía, “un giro en el patrullaje”, que se verá profundizado para el mes de octubre con 270 efectivos nuevos dedicados a tareas de investigación, a comisarías y al patrullaje en turnos donde la presencia policial está debilitada. También mencionó “la aplicación de algún tipo de mejora en tecnología”.

    Fuentes del ministerio indicaron a Búsqueda que parte de esa mejora está relacionada con la instalación de cámaras de videovigilancia en ciertos lugares calientes de las zonas 3 y 4, principalmente en descampados, pastizales y baldíos, donde suelen dejarse los cuerpos. Aunque el proyecto está “planificado”, implica inversión, tiempo y especialmente coordinación logística con UTE, porque muchos de esos lugares no tienen iluminación. También mejorar la protección antivandálica de las cámaras. La expectativa de la Policía es que la videovigilancia disminuya los homicidios y colabore en detener a los responsables, sicarios de bandas de microtráfico de drogas contra quienes es difícil presentar evidencias.

    A partir de 2010 el Ministerio del Interior expandió la videovigilancia, primero en Montevideo y luego al resto del país. En el ámbito policial coinciden en que es una herramienta fundamental en la prevención, disuasión, investigación y suministro de pruebas, con cifras concretas que muestran una disminución de los delitos en donde están instaladas. Alcaldes e intendentes han reclamado su llegada a ciudades del interior y en los últimos años se pusieron equipos en Colonia, Durazno, Paysandú, Río Negro, Salto y Tacuarembó, entre otros lugares. Aunque la capital es el departamento con más cámaras y el circuito alcanza regiones complejas como Casavalle y Marconi, en el Ministerio del Interior y la Policía entienden que debe llegar a puntos donde el movimiento de personas no es frecuente.

    Sede del FBI en Washington. Foto: AFP

    Territorios focalizados

    Más allá de lo estrictamente tecnológico, el gobierno también procura resolver la ola de asesinatos con asesoramiento externo para la investigación de bandas criminales locales. Fuentes policiales afirmaron que el intercambio ha sido con el FBI, la agencia federal de investigación estadounidense que, similar a su par de estupefacientes (la DEA), tiene oficinas alrededor del mundo para relacionarse con otros países en temas de seguridad.

    En Centroamérica, el FBI lidera programas para combatir el crecimiento de pandillas centroamericanas dentro y fuera de Estados Unidos, donde tiene una larga experiencia en la lucha contra grupos locales radicados en ciudades como Los Ángeles. Aunque con diferencias, la situación tiene algunas similitudes con el contexto actual de Uruguay, donde pequeños clanes familiares se enfrentan por el dominio de barrios para el tráfico de pasta base. La hipótesis de la Policía, que Heber planteó en junio en el Parlamento y también se sostuvo en administraciones pasadas, es que el aumento de arrestos y de cierres de boca de venta genera más violencia en el mercado e involucra muertes de vendedores, consumidores, deudores y sus familias.

    “Con el FBI hay contactos permanentes de cooperación. Tienen claro que por suerte en Uruguay no hay maras ni pandillas organizadas sino conflictos entre delincuentes y disputas por territorios focalizados”, afirmó un jerarca a Búsqueda.

    El contacto se da a través del agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Rick Hernández, responsable de los enlaces de la agencia con Argentina, Paraguay y Uruguay. Desde la oficina del FBI en Buenos Aires se evalúa el clima de seguridad en esta región y se coordina la asistencia en investigaciones, el intercambio de información y la capacitación. A fines de julio, Hernández participó en un seminario regional de seguridad pública organizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hablaron autoridades de los departamentos de Policía de Miami y de Nueva York. Entre los asistentes estuvo la comisaria María del Rosario González en representación de la Jefatura de Policía de Montevideo.

    Con el FBI además se va a firmar un acuerdo de cooperación para compartir una base de datos dactilar específicamente enfocado en las investigaciones de narcotráfico internacional para la identificación de extranjeros involucrados en el negocio que operan en Uruguay pero no están en el radar de la Policía uruguaya.

    La relación de Uruguay con el FBI no es nueva. La Dirección Nacional de Policía Científica ha recibido de Estados Unidos instrucciones técnicas en materia de huellas genéticas y su registro nacional de huellas funciona con base en un software instalado por el FBI en 2014. La agencia también dictó en la Escuela Nacional de Policía cursos sobre financiamiento del terrorismo y lavado de activos para mejorar el análisis de cuentas bancarias y cursos de negociación en crisis para situaciones de toma de rehenes en espacios públicos y de motines carcelarios. En 2018, después de que entrara en vigencia en Uruguay el nuevo proceso penal acusatorio, especialistas del FBI brindaron un taller a policías y fiscales sobre su experiencia impartiendo justicia bajo ese sistema.