Alerta.
A las 4.55 del 6 de setiembre aterrizó en Carrasco el vuelo de TACA TA 905, entre sus pasajeros había tres ciudadanas dominicanas. En el aeropuerto las esperaba un uruguayo que las llevó en un auto alquilado hacia Salto, adonde llegaron cerca del mediodía. Después de asearse y almorzar, las extranjeras le dieron 700 dólares cada una para que les hiciera el trámite que les permitiera cruzar el puente de Salto Grande e ingresar a Argentina, un país que desde julio del 2012 exige visa a los migrantes de ese origen.
Las mujeres relatarían después que no sabían que estaban ingresando a Argentina de manera ilegal y que el propósito de su viaje era el de conseguir “un buen pasar económico”, debido a la difícil situación económica que tenían en República Dominicana, en donde dejaron a sus hijos y al resto de su familia.
La maniobra fue descubierta mientras intentaban cruzar el puente, de acuerdo con el relato que incluye la jueza penal de Salto Ivón Olivera Kamaid en su fallo del 8 de setiembre. La magistrada procesó con prisión por el delito de tráfico de personas al uruguayo que se había comprometido a facilitarles el paso a Argentina y dejó en libertad a las mujeres.
En consonancia con el caso detectado en Salto, informes policiales en poder de las autoridades del Ministerio del Interior indican que en los últimos tiempos Uruguay se volvió un país de tránsito de dominicanas que quieren ingresar a Argentina de manera ilegal, pero que también es un punto de destino de personas de esa nacionalidad que son explotadas y otras que, simplemente, llegan al país por sus propios medios porque quieren mejorar su nivel de vida.
“Las dinámicas de movilidad en la región están cambiando. Uruguay durante mucho tiempo fue un país expulsor, pero ahora esa tendencia se empieza a revertir producto del crecimiento económico” y del declive de otros países como España, que era un destino habitual de migración antes de la crisis económica que afectó al país a partir del 2008, explica a Búsqueda la encargada en Uruguay de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Alba Goicoechea.
El caso de los migrantes de República Dominicana despertó la alerta de las autoridades debido a que en el último año su llegada a Uruguay explotó. Entre 2011 y 2013 ingresaron 4.634 dominicanos y egresaron 3.626, según información de la Dirección Nacional de Migraciones (ver cuadro). Mientras que en 2011 solo tres ciudadanos de ese país hicieron trámite para obtener la residencia, en 2013 lo hicieron 508 y 160 en el primer mes del 2014. En todos los casos, la mayoría de las solicitantes son mujeres.
Flujos que preocupan.
Una de las características de los flujos migratorios es que el crecimiento de una “colonia” de extranjeros atrae la llegada de conciudadanos, alentados por familiares o amigos que consiguieron empleo. Ese es el caso de una joven que trabaja en un prostíbulo del Centro. Una amiga que estaba en Uruguay le dijo que viniera, que podía conseguir trabajo. Cuando llegó al país lo único que consiguió fue lo mismo que hacen muchas de sus compatriotas. Se desempeñó varios meses como empleada doméstica en Carrasco, donde la trataron mal, asegura. Supo que las promesas de trabajo fácil no eran ciertas. “Ya estaba acá y tuve que ir para adelante”, recuerda. Entonces se fue a trabajar en un prostíbulo, donde intenta ganar el dinero para comprar el pasaje de vuelta a República Dominicana. Extraña la playa, el sol, el carácter de la gente y a su familia. En el burdel hay muchas más dominicanas. Ella dice que todas llegan por falta de trabajo en su país, y que todas extrañan y desearían volver.
Pese al efecto de “arrastre” propio de la migración, Uruguay está “recibiendo un flujo de dominicanas que no da para el país y que denota que hay organizaciones que están trabajando para traerlas al país”, cree Perrone.
El crecimiento de la llegada de dominicanos se debe, al menos en parte, a la decisión de Argentina y Chile de exigir visa a los ciudadanos de ese país que quieren ingresar a su territorio. “En estas nuevas formas de movilidad” de extranjeros a Uruguay “tenés algunos flujos que son de preocupación para las autoridades”, afirma Goicoechea.
Los “flujos” que preocupan a las autoridades son los vinculados a las redes de tráfico y trata de personas. Si bien esos delitos tienen similitudes, en el primer caso supone facilitar el pasaje irregular de una persona de un país a otro, mientras que el segundo es considerado una violación a los derechos humanos y para que ocurra se deben cumplir tres cosas: captación de la víctima, tráfico y explotación.
Quienes se dedican al tráfico y a la trata de personas suelen tener “conexiones con otros delitos, como el tráfico de drogas”, dice un oficial con experiencia en el combate al crimen organizado. “Los delincuentes alquilan locales, contratan habitaciones en hoteles, utilizan agencias de viajes, empresas de transporte agencias de empleo y sacan provecho de la corrupción pública”.
Uno de los informes policiales indica que la situación de los migrantes dominicanos que hoy vive Uruguay también se vivió en países como Chile y Argentina y que la aplicación de la visa buscó detener el tráfico de personas hacia España.
La Policía tiene indicios de que detrás de parte del flujo migratorio existen organizaciones con algún grado de sofisticación. Si el aumento de las solicitudes de residencias no fuera suficiente, despierta sospechas la “celeridad” con que se inician los trámites, lo que ocurre apenas las extranjeras llegan a Uruguay. En la Dirección de Migraciones llamó la atención, relatan los informantes, que al menos en una ocasión, varias dominicanas concurrieron a las oficinas a iniciar el trámite, pero en realidad era un hombre el que les decía qué hacer y hacia dónde dirigirse.
Datos de Jefatura de Montevideo indican que muchas mujeres de República Dominicana están viviendo en pensiones en el Centro y Ciudad Vieja y son las mismas que luego trabajan en algunos prostíbulos de la zona.
Fachada.
Un oficial de la Dirección de Crimen Organizado-Interpol que tiene información de primera mano sobre el trabajo de la Policía en este tema explica que Uruguay es un “país de origen de trata de personas hacia Europa, el destino es España e Italia” y también de “tránsito y destino”, ya que “se ha detectado que las víctimas de trata y tráfico provienen de China, República Dominicana, Bolivia y Perú, principalmente”.
A Perrone su experiencia en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata le proporciona una visión más angustiante del problema. El centro del Mides se abrió en 2011 y en los últimos dos años atendió a unas 100 mujeres, de las cuales 20 son dominicanas. Solo entre fines de diciembre y comienzos de enero, 12 mujeres de esa nacionalidad llegaron a pedir ayuda.
El servicio del Mides les ofrece asistencia psicológica, hospedaje y si lo desean, en conjunto con la OIM les consiguen un pasaje de retorno a su país. Perrone explica que la ayuda estatal no exige como contrapartida que las víctimas hagan la denuncia en la Justicia contra sus explotadores.
Las mujeres que recurren al centro suelen ser enviadas por la Justicia, luego de que se ha desarmado una organización criminal, aunque hay algunas que conocen ese centro de atención gracias al “boca a boca” de otras que están en una situación similar. “Son mujeres que llegan después de darse cuenta de que todo fue un engaño”, cuenta Perrone. “Están con mucha angustia, temor, en un país que apenas conocen, no tienen dinero, dejaron atrás una familia, han hipotecado las pocas cosas que tienen o tienen una deuda grande a la que hacer frente”.
“Todo es a base de dinero, porque lo que puede ser un trámite oficial, la red que la trajo se lo cobra, aunque sea por sacarle número y acompañarla a la cola en Migraciones”, añade. “Cuando, casi obligadas, ingresan en el trabajo de la prostitución, que en nuestro país está legalizada, no quiere decir que no haya situaciones de explotación, porque siguen una situación precaria. Quizás no haya violencia explícita como en las películas, pero hay otro tipo de violencia, más sutil”.
Si bien están en regla, cuentan con el carné que las habilita a ejercer la prostitución y la residencia correspondiente, en el departamento del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente encargado de controlar que no haya menores en los prostíbulos, sorprende la cantidad de dominicanas que trabajan en las whisquerías de la capital, dicen las fuentes. También se han detectado casos en Rivera y Maldonado.
Diana González, especialista en el tema y ex integrante de la organización Cotidiano Mujer, sostiene que el hecho de que en Uruguay la prostitución sea legal facilita el trabajo de las organizaciones criminales dedicadas a la trata, porque “camuflan una situación de explotación detrás de la fachada de la prostitución”.
Por eso, para González, quien cree que la mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo porque es parte de su autonomía, la sociedad uruguaya debería afrontar un debate de fondo: ¿la prostitución no es una forma de explotación?
