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El viernes 4 una indagatoria judicial derivó en el allanamiento de la radio Azul FM, tras la difusión en el programa La Pecera de audios pertenecientes a videos filmados por uno de los jóvenes acusados de violación por una joven. La Fiscalía investiga la posible vulneración del artículo 92 de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género (Nº 19.580), que castiga con una prisión de seis meses a dos años a quien “difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización”.
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En ese marco, la fiscal Mariana Alfaro, a cargo de la investigación, solicitó a la jueza Patricia Rodríguez allanar la radio para hacerse de los archivos difundidos y conocer cuál había sido su origen, el domicilio del conductor del programa, Ignacio Álvarez, e incautar su teléfono móvil.
La Asociación de Prensa del Uruguay (APU) y la Asociación de Abogados Penalistas criticaron la medida, autorizada por la jueza, y advirtieron sobre el riesgo que implica para la libertad de prensa la vulneración de la reserva de las fuentes del periodista, que tienen protección legal. Posteriormente, el sindicato de los periodistas mantuvo una reunión con el fiscal de Corte, Juan Gómez, quien reconoció el exceso de las medidas solicitadas y aseguró que no se insistiría en concretar las diligencias restantes.
Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgó un comunicado en donde expresó su preocupación ante los episodios que “pusieron en riesgo la libertad de prensa”.
Las autoridades de la SIP también plantearon inquietud respecto a la Ley Nº 19.580 que “criminaliza” a los periodistas por la difusión de información, y solicitaron a legisladores uruguayos “revisar el alcance de la norma” en caso de aplicación contra medios de comunicación.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, opinó que el allanamiento fue una “actitud desproporcionada” por parte de la Justicia. Un periodista no es un “delincuente” como para ser “atropellado” con “medidas forzosas”, señaló. El comunicado describe el caso como un “avasallamiento” al derecho de protección y reserva de la fuente, y advierte ante el “riesgo” de “intimidación” en futuras consultas.
Por último, la SIP consideró que el debate público sobre el tema permite “entender mejor” el “valor esencial” de la libertad de prensa en un país democrático.