En la campaña electoral, el entonces candidato Luis Lacalle Pou aseguró que, en caso de ganar, su gobierno no derogaría varias leyes aprobadas por el Frente Amplio, entre ellas la que reguló el mercado de cannabis. Las autoridades han cumplido con esa promesa, aunque a diferencia de los gobiernos anteriores, el foco a nivel público ha estado puesto en el área medicinal e industrial.
Y sin embargo, pese a que no luce como una prioridad, en el primer año del gobierno la cantidad de personas registradas para acceder a marihuana para su consumo recreativo sigue en aumento. La Secretaría Nacional de Drogas (SND) busca que ese incremento se acelere, sobre todo a través de la compra en farmacias, informó a Búsqueda su titular, Daniel Radío.
El desenlace de esa discusión todavía es incierto. Pese a que Radío planteó públicamente que no está de acuerdo, el ministerio está decidido a insistir con su reclamo, informó a Búsqueda el director de secretaría, Luis Calabria.
Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS
Crecimiento
Un día antes de que Lacalle Pou asumiera la presidencia de la República, el 29 de febrero del 2020, los datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) mostraban que había 53.399 personas registradas para acceder de manera legal a la marihuana. La amplia mayoría (40.604 personas) estaban anotadas para comprar en farmacias, 8.120 estaban inscriptas para cultivar hasta seis plantas en sus casas y 4.615 eran miembros de alguno de los 158 clubes habilitados por el Estado.
El 19 de enero de este año, última actualización del Ircca, los registrados eran 60.803, lo que implicó un crecimiento del 14% en comparación con el dato de febrero del 2020. De ellos, 43.851 estaban habilitados para comprar en farmacias, 11.630 eran autocultivadores y 5.322 miembros de uno de los 165 clubes.
El crecimiento del mercado legal “no es una mala noticia”, dijo Radío a Búsqueda. Y añadió: “Si el escenario fuera ideal, tendría que crecer mucho más”.
El jerarca, que integra el Partido Independiente, dijo que su oficina está trabajando para aumentar la cantidad de farmacias habilitadas a vender marihuana. Hasta ahora hay 14 autorizadas, el gobierno está por firmar un contrato con una más y aspira a sumar en el corto plazo a otras ocho, según Radío.
La secretaría también busca solucionar otro de los cuellos de botella que se generan en el mecanismo de venta legal: la falta de abastecimiento de cannabis en las farmacias. En poco tiempo, según Radío, entrará al mercado la producción de la empresa Jabelor, que obtuvo la licencia de producción a fines del periodo pasado.
Radío sostuvo que es necesario que la oferta de marihuana oficial en farmacias incorpore una variante que tenga mayor porcentaje de tetrahidrocanabidiol (THC) para lograr atraer a consumidores que todavía no están registrados. El jerarca hizo esa propuesta a la interna del Ircca, pero todavía no hubo avances.
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Autoabastecerse
La vía de acceso que más creció en los últimos meses fue la de los autocultivadores. Al 30 de setiembre del 2020 había 8.843 registrados, según informó Radío a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). En tres meses aumentaron casi 30% hasta alcanzar los 11.630 en enero.
Los resultados preliminares de la Encuesta Mundial de Autocultivadores de Cannabis, en la que participaron hasta el momento casi 300 uruguayos, muestran que la principal motivación de quienes cultivan en su casa en el país es autoabastecerse de cannabis de uso recreativo (74%). “Los motivos que le siguen son: por el placer que representa la actividad de plantar (63%), porque ‘la planta es hermosa’ (52%) y para evitar contacto con criminales (50%)”, según un resumen del estudio, que todavía está en proceso.
Los datos preliminares fueron recabados antes de que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, planteara el interés de la Policía de acceder a los datos de los registros de autocultivadores y clubes de cannabis. El ministerio argumentó que recibió información de Brasil que indicaría que hay producción de clubes uruguayos que termina en el mercado negro de ese país.
Esa idea de Larrañaga generó preocupación en los impulsores de la ley, clubes y autocultivadores.
La creación de un registro de consumidores de marihuana legal fue una de las innovaciones más discutidas de la ley que aprobó el Parlamento uruguayo en diciembre del 2013 para regular el mercado de cannabis. El Frente Amplio consideró en ese momento que el registro era una medida necesaria para calmar la preocupación que la ley provocaba en parte de la opinión pública y en gobiernos de otros países. Varias organizaciones sociales que apoyaban la norma no estaban de acuerdo con obligar a los consumidores a registrarse, algo que no se hace con otras drogas legales. Además, temían lo que podía pasar con la información personal que quedaba en poder del Estado.
El gobierno pasado sostuvo que el registro era seguro y que solo se daría información sobre su contenido ante un pedido de la Justicia.
Después de semanas de silencio, Radío dijo el martes 6 en Las Cosas en su Sitio, de Radio Sarandí, que discrepaba con la solicitud de Larrañaga.
En el caso de los autocultivadores “me parece que debería primar la cordura, además de la norma”, sostuvo el secretario nacional de Drogas. “La identidad de quien consume está establecido por ley que es un dato sensible y no se puede revelar”, agregó. “En caso de los clubes, es más difícil de sostener que conociendo el domicilio hay chance de conocer la identidad de los socios. Pero lo que opera es otro criterio: no puedo poner a todos los clubes bajo sospecha”.
“Quienes autocultivan buscan ampararse en un marco legal y no meterse en un mercado criminal”, evaluó la investigadora de la Universidad Católica Belén Sotto, quien junto con sus colegas Rosario Queirolo y Eliana Álvarez coordinan la aplicación en Uruguay de la encuesta mundial a autocultivadores.
Queirolo sostuvo que no se puede hablar de que “los clubes” de cannabis uruguayos están nutriendo al narco brasileño. “Puede haber algún club que esté inserto en el tráfico de drogas, algún autocultivador también, pero la mayoría están haciendo las cosas bien”, añadió. Recordó además que el Ircca tiene fiscalizadores que se encargan de controlar el cumplimiento de las normas.
El director del programa sobre Política de Drogas de la Washington Office for Latin America (WOLA), John Walsh, declaró a Búsqueda que ve con preocupación el planteo del Ministerio del Interior. “Como una organización que observó el proceso de discusión de la ley y su implementación a lo largo de los años, es preocupante que la Policía quiera adoptar una potestad que es del Ircca. Eso podría generar dudas y erosionar la confianza de los uruguayos que participan en los clubes y podría contribuir al incremento del mercado ilegal”, dijo Walsh. “Una preocupación aún mayor —visto desde lejos— es que la arquitectura institucional creada por la ley sea puesta en cuestión, lo que podría poner en dudas la sustentabilidad del sistema”.
Daniel Radío. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
“Dentro de las atribuciones”
Las declaraciones de Radío no convencieron al ministerio. “Reafirmamos la necesidad de contar con los domicilios de los 160 clubes cannábicos y de los más de 11.000 autocultivadores. Por ley, dentro de las atribuciones del servicio policial está la observación, información, prevención y represión del delito”, dijo Calabria a Búsqueda.
El jerarca afirmó que los datos que quiere el gobierno le permitirá “prevenir delitos” y servirán para “poder cuidar a los propios autocultivadores y clubes cannábicos” que pueden ser robados.
“En una segunda dimensión está la represión al tráfico ilícito, porque si bien hay cultivos de cannabis que están autorizados, lo que se exceda de esos límites es actividad ilícita y la persecución corresponde por ley a la Policía”, añadió. “Por tanto, para poder cumplir sus cometidos de prevención y represión, la Policía debe conocer los domicilios”.
Calabria afirmó que el ministerio no tiene “ánimo inquisidor contra el cannabis”, sino que quiere la información “para poder cumplir” con la ley. E insistió: “Lo que pedimos son los mismos datos que ya se les proporcionó a Fiscalía. No tendría sentido y sería inconsistente que desde el Estado se le brinde información a la Fiscalía y no a la Policía”