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En junio de 2014, apenas ganó las elecciones internas del Frente Amplio y se posicionó como favorito para tener un segundo mandato como presidente de la República, Tabaré Vázquez anunció 10 medidas que implementaría inmediatamente en caso de acceder a la Presidencia. La novena medida establecía crear un Sistema Nacional de Competitividad “que permita al sector público trabajar en conjunto con el sector privado para impulsar aún más la innovación y el desarrollo productivo en todo el territorio nacional”.
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A dos años de aquel anuncio, y a un año y medio de volver al gobierno, ese noveno punto aún está en el debe y no tiene el apoyo de actores clave para implementarlo, como la Universidad de la República (Udelar).
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar se pronunció contrario a los artículos relacionados al campo de la ciencia, la tecnología y la innovación que contiene el proyecto de ley que propone crear el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. Por ello señaló “la inconveniencia de aprobar el proyecto en su formulación actual”.
El proyecto en cuestión fue elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento el 5 de marzo de 2015, apenas cuatro días después del comienzo de la tercera administración frenteamplista. En aquel momento la Universidad manifestó su preocupación por “la subordinación de la política nacional de investigación e innovación, la ciencia y la tecnología a un Sistema Nacional de Competitividad” y “por enfoques parciales, que no abarcan el rol de las ciencias y tecnologías en el desarrollo en su sentido integral, incluyendo la salud y la cultura”.
Las críticas, sumadas a otras dentro del Frente Amplio y la academia, obligaron al Ejecutivo y a la bancada oficialista a modificar el proyecto original, y a hacer cambios en el articulado y en la denominación, a la cual se le agregó el término “Transformación Productiva”. El nuevo proyecto propone crear un Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad que diseñe e implemente programas, instrumentos y actividades para la transformación productiva nacional, la mejora de la competitividad y la inserción económica internacional.
El 17 de mayo fue aprobado por la Cámara de Diputados. Antes, la Comisión de Hacienda de Diputados había pedido la opinión sobre las modificaciones al rector de la Universidad, Roberto Markarian. Pero esta recién pudo ser enviada luego del 7 de junio, cuando el tema llegó a la consideración del CDC después de ser tratado por otros órganos de la Universidad. En el texto, enviado a Diputados y al Senado (donde el proyecto está actualmente a estudio), la Universidad expresa su beneplácito por la corrección de “problemas graves” y las mejoras realizadas a la ley original, entre ellas su cambio de denominación ya que “incluir la transformación productiva apunta a un necesario incremento de objetivos en el avance hacia un desarrollo humano y sustentable para el Uruguay”.
Sin embargo, también plantea diferencias con los artículos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación. La “disconformidad se basa en que dichos artículos apuntan en la dirección contraria a lo que se requiere urgentemente en la materia: un espacio legitimado y operativo de elaboración de políticas de ciencia, tecnología e innovación que tenga en cuenta la inseparabilidad entre desarrollo, innovación y creación de conocimiento en todas sus formas. Por ello, el CDC señala la inconveniencia de aprobar el proyecto en su formulación actual”.
Al repasar el proyecto, la Universidad critica el literal A del artículo 3 pues “establece de manera implícita” la separación de las políticas de ciencia y tecnología de las políticas de innovación. “Eliminar el cometido explícito de proponer políticas de ciencia y tecnología orientadas a la transformación productiva parece un error muy grave porque no hay ningún ejemplo nacional ni internacional de innovaciones significativas aplicadas a la producción que no hayan estado articuladas con la generación nacional de capacidades científico tecnológicas”, explica.
También cuestiona la falta de claridad para determinar cuál será la organización responsable de definir la política sobre ciencia, tecnología e innovación. “Se mantiene en la órbita de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) la ejecución de políticas de investigación e innovación, pero se separa la elaboración de este tipo de políticas en un ámbito interministerial para las segundas y en un ámbito aún desconocido para las primeras”.
Por último, el CDC sugiere la posibilidad de que en esta etapa parlamentaria del proyecto se establezca, en el marco de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), un equipo de coordinación. Ese equipo coordinaría las actividades de todos los ministerios y organismos asociados al proyecto y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología recientemente creada en la Ley de Presupuesto, con la finalidad de atender “a la inseparabilidad de ciencia y tecnología con innovación”.