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    La Universidad estatal reivindicó la investigación que hizo sobre el “terrorismo de Estado” ante “exabrupto anticomunista”

    El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió por unanimidad (15 en 15) respladar las “investigaciones históricas” sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos entre 1968 y 1985 —encauzadas por la Universidad y Presidencia de la República desde 2005 al 2016— , y destacar “la ética, el profesionalismo y el sentido del compromiso ciudadano” del equipo académico supervisado por los profesores Álvaro Rico, Gerardo Caetano y José Pedro Barrán, ante los “cuestionamientos vertidos en la prensa” sobre esa obra.

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    Al finalizar la última sesión del CDC —máximo órgano de dirección universitaria—, este martes 16 y fuera del orden del día, el rector de la Udelar, Roberto Markarian, leyó una “carta del profesor Caetano” con relación a un artículo “muy agresivo” del periodista Samuel Blixen, quien cuestionó los resultados de las “investigaciones históricas” y en particular la actuación del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Álvaro Rico.

    “El cuestionamiento deriva del cúmulo de errores, algunos involuntarios, menores, otros no tanto, ni menores ni involuntarios; de la manipulación, la aplicación de diferentes criterios de valoración, de las interpretaciones antojadizas y del tratamiento diferenciado de temas y personas, que hacen de esa extensa compilación de información un todo poco creíble y sospechoso”, escribió Blixen el 4 de mayo en el semanario “Brecha”.

    Markarian dijo sentirse “enormemente” preocupado por esa crítica periodística y a partir de la carta de Caetano, pidió a Rico que explique la situación ante un “planteo tan agresivo”.

    Según el decano de Humanidades, el artículo de Blixen es una “crítica pública, personalizada y durísima”, y obedece a un “exabrupto anticomunista”.

    “Yo creo que tiene bastante de eso, por mi pasado político y por el ejemplo del documento que se critica en el artículo: la detención del primer secretario del Partido Comunista (PCU), Rodney Arismendi”, en 1974, afirmó Rico.

    A partir de ese caso, continuó, Blixen intenta “sembrar dudas” sobre otros ejemplos y la seriedad de la obra. “Lo importante es que se pone en cuestionamiento el conjunto de las investigaciones históricas”, dijo.

    Rico coordinó las investigaciones históricas sobre detenidos-desaparecidos y asesinados políticos hasta el 1° de enero de 2017, en el marco del convenio Udelar-Presidencia sobre derechos humanos. El decano dirigió las tareas de campo en los archivos y en la redacción de los primeros cuatro tomos —de un total de 11— sobre 400 víctimas uruguayas de 1968 a 1985.

    La Udelar tuvo la responsabilidad de realizar las investigaciones antropológicas e históricas. El trabajo involucró a 26 investigadores universitarios y atravesó los rectorados de Rafael Guarga, Rodrigo Arocena y Markarian.

    Sectarismos.

    “El 8 de mayo de 1974 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney Arismendi. Según las Fuerzas Conjuntas, el procedimiento que dio con Arismendi se inició fortuitamente en los primeros días del mes de mayo, a partir de un contacto callejero fallido entre comunistas que se iba a realizar en la zona de Pocitos Nuevo, a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario. Atando pistas, la Dnii (Dirección Nacional de Información e Inteligencia) pudo finalmente llegar hasta la casa y detenerlo a pesar de la identidad falsa que portaba”.

    Esta síntesis sobre la captura de Arismendi disparó las críticas de Blixen en torno a la rigurosidad de la “investigación histórica”, coordinada por el decano Rico junto a Caetano y Barrán.

    “Las incongruencias de las distintas versiones sobre la captura de Arismendi provocan alarma. Hay errores e inconsistencias, y algunas de ellas no son fortuitas”, escribió Blixen el 28 de abril, bajo el título “Desigualdades ante la ley”.

    Blixen señaló “groseras diferencias” entre reproducciones de documentos publicados por Presidencia y los originales, y “criterios disímiles” en la elección de información sobre distintas agrupaciones políticas que cuestionan la “rigurosidad histórica” de toda la obra que compila el proceso represivo de la dictadura (1973-1985) y sus crímenes de lesa humanidad.

    “¿Cuál fue el criterio? La eliminación de referencias personales y la eliminación de documentos sobre interrogatorios es un criterio general en los capítulos referidos al PCU, no así en aquellos que dan cuenta de las actividades del MLN y de los GAU, para citar solo dos casos”, apuntó.

    El periodista indicó que “las inconsistencias y la multiplicidad de criterios en el tratamiento de documentación compilada en la investigación parecerían obedecer a pueriles intentos de ocultamiento alimentados por sectarismos de otras épocas”.

    Rico respondió a Blixen por carta que “Brecha” publicó el 4 de mayo; demandó “un tratamiento periodístico más respetuoso, equilibrado y con altura” y consignó que “las polémicas y acusaciones sobre los temas de derechos humanos no deben estar precedidas por intereses menores, protagonismos y personalismos”.

    Blixen contestó ese mismo día en otra nota: “Tiene razón el profesor Álvaro Rico: el artículo ‘Desiguales ante la ley’ es un cuestionamiento al conjunto de las investigaciones históricas, que él dirigió y que fueron publicadas por la Presidencia de la República”.

    “Que no se interprete el artículo y esta respuesta como un exabrupto anticomunista. Para nada. (…) El profesor Rico no respondió a los cuestionamientos. (…) Los universitarios, y los historiadores en particular, deberían ser el ejemplo de la transparencia”, escribió.

    Salir de los 70.

    En su intervención del martes en la sala Maggiolo de la Universidad, el decano de Humanidades respondió al periodista, sin citarlo, que nadie puede “decir que no se tuvo la misma sensibilidad en el tratamiento de determinados presos”. Y menos, dijo, “en mi caso, por mis antecedentes, favoreciendo el tratamiento de los comunistas a diferencia de otro tipo de adscripción política”.

    El decano reconoció que no se trató de una investigación “perfecta ni completa”. “Se tuvo que hacer con la premura del tiempo acotado que Presidencia marcó” y “establecer conclusiones sobre un universo muy numeroso de víctimas y circunstancias de secreto, ocultamiento y falseamiento de esa documentación”.

    No obstante, explicó que ha serivido como base de las respuestas técnicas a 94 oficios judiciales evacuados por la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y en cuatro exhortos regionales. “Algo de verdad, algo de seriedad, algo de reconstrucción histórica documentada esas investigaciones deben contener”, expuso Rico.

    Luego tomó la palabra el representante de la Asociación de Docentes de la Udelar (Adur), Ariel Castro, nieto del maestro y periodista Julio Castro, asesinado durante la dictadura: “Hay mucha gente que no puede salir de la década de los 70 y de las peleas de la década de los 70. (…) No entiende lo que es la investigación histórica con aproximaciones sucesivas a la verdad”.

    “El caso de mi abuelo, Julio Castro, como todos, estaba enmarcado en la “ley de caducidad”, y para que Presidencia reconsiderara su caso tenían que haber nuevos elementos y estos surgen de esta publicación. Ahí tenemos un aporte relevante”, valoró. “Las reglas de la academia son distintas de las forenses. No hay que mezclar los tantos, y mucho menos utilizar la información en forma frívola”.

    Información Nacional
    2017-05-18T00:00:00