La Universidad llamó a Vázquez a actuar “urgente” sobre los “vicios y la escasa transparencia” de la Comisión del Patrimonio

Rodríguez Ayçaguer y Alemán ocupaban sus puestos en representación de la Universidad, como titular y suplente, respectivamente. En una carta enviada al rector de la estatal, Roberto Markarian, ambas explicaron que “las decisiones tomadas en la Comisión se fundan —casi sin excepción— en premisas políticas: la prioridad no es el manejo adecuado de los bienes culturales sino el compromiso asumido con las autoridades públicas”. Sostuvieron que “la Comisión funciona como un mero aval ante las iniciativas que llegan desde el ámbito político”, entre ellos el Ministerio de Educación y la Intendencia de Montevideo.

El segundo problema es el predominio de los aspectos políticos en las resoluciones, a pesar de las opiniones técnicas contrarias. “Conspira contra los cometidos de la Comisión y viola su democracia interna. Entre otras cosas, no brinda garantías sobre el fundamento técnico-científico de las decisiones tomadas e induce la prioridad de los criterios políticos”.

Para Markarian esta situación se ve amparada por la integración actual de la Comisión (diferente a la que determinara su ley de creación Nº 14.040), la cual limita “la independencia crítica en las decisiones, que suelen ser adoptadas en virtud de criterios políticos que empañan o anulan las consideraciones técnicas”.

Actualmente, además del presidente Inda, el organismo está formado por tres representantes del Poder Ejecutivo, tres del MEC (uno de los cuales renunció, Peluffo), dos del Ministerio de Transporte y los dos renunciantes de la Universidad.

Gravedad.

“Para comprender cabalmente la situación es necesario tener presente que en los últimos años el concepto de patrimonio se ha ampliado: ya no remite al monumento aislado, sino que abarca otras dimensiones del territorio y el paisaje”, agrega Markarian en su misiva a Vázquez. “Estos avances enfrentan un creciente conflicto con iniciativas gubernamentales o privadas basadas en fundamentos económicos, políticos, etcétera. Ante esta recurrente contradicción se aprecia la gravedad de que las decisiones adoptadas por la Comisión descarten o ignoren asesoramientos técnicos”.

La prioridad a lo político, la falta de acceso a la información que tienen algunos miembros y el funcionamiento unilateral de la Comisión llevan a Markarian a describir la situación como “urgente”, “muy delicada” y que “debe ser atendida a la brevedad” por el Poder Ejecutivo. “De otra manera, se estaría poniendo en riesgo el ‘rico patrimonio de los orientales’ que Artigas defendió y que es misión de las autoridades preservar para las generaciones futuras”, advierte.

El martes 26, el Consejo Directivo Central de la Universidad aceptó las dos renuncias de sus delegadas y resolvió formar un grupo de trabajo encargado de elaborar una nueva Ley de Patrimonio. Aunque no recibió respuesta de Vázquez, al rector sí le respondió quince días después la ministra de Educación, María Julia Muñoz, quien compartió que “están dadas las condiciones para que el país se dote de un nuevo marco legal” expresado en una Ley de Patrimonio.

De todas formas, Muñoz sostuvo que la independencia técnica de la Comisión “es irrestricta, en la medida en que se trata de un organismo eminentemente asesor, no sujeto a jerarquía alguna y que por tanto no recibe instrucciones de jerarcas de gobierno”. Respecto a la supuesta falta de transparencia, manifestó que el Poder Ejecutivo está abierto a toda propuesta que la “mejore y subsane, si se diera el caso”.

“Lamentamos profundamente que la delegación de la Universidad de la República ante la Comisión del Patrimonio haya entendido que no se daban las condiciones para cumplir con sus cometidos”, concluyó.