De todos modos, el mayor crecimiento está básicamente asociado al efecto rebote debido a una base de comparación muy baja en 2020 y a un contexto internacional de excelentes precios de los commodities. En donde pueden venir los matices es cuánto pudo haber incidido la política desarrollada por el gobierno. Si se mira la región, se tomaron medidas muy diferentes en los distintos países; el informe de Cepal de enero muestra a Uruguay a media tabla, aun con este 4,5% de 2021. Es decir que el efecto de las políticas fue relativamente acotado y el crecimiento se basó en esos otros factores coyunturales.
Como elemento positivo de la política económica, es justo reconocer que Uruguay mantuvo una imagen de solidez y estabilidad, lo cual en este mundo convulso es un activo importante. En ese marco, más allá de lo que se dijo en la campaña respecto de UPM —incluso algunos disparates—, se mantuvo el plan trazado en el gobierno anterior y eso derivó en la inversión más importante de la historia de Uruguay. Y sin UPM, los números de la inversión y las perspectivas de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) serían muy diferentes. También se dio continuidad e incluso se potenciaron programas que venían del gobierno anterior, como los incentivos a la construcción de vivienda y al sector audiovisual.
Otro elemento positivo es que luego de una demora incomprensible Uruguay avanzó muy rápido en materia de vacunación. Si bien fue una medida sanitaria, tuvo efectos en la marcha de la economía.
El tema de fondo son las luces largas: cómo vamos a asegurar niveles de crecimiento superiores y sostenibles en el tiempo.
—Destaca algunas medidas que se mantuvieron tras el cambio de gobierno. ¿En qué áreas visualiza la impronta multicolor en la política económica?
—Hay una concepción muy distinta de fondo. Como dijo el presidente, se pone el foco en los “malla oro”, y al hacerlo se asume al Estado como una carga a ser reducida para liberar las fuerzas productivas. Tenemos una visión diferente: la calidad de una sociedad no se mide por cómo se trata al “malla oro”, sino por cómo se cuida al camión de los rezagados. Por lo tanto, en nuestra concepción el Estado no es una carga, sino un factor de desarrollo y equidad, sin que implique que sea sobredimensionado, gordo e ineficaz.
—También los gobiernos del Frente Amplio hablaban de la inversión del sector privado —el “malla oro”— como palanca para generar crecimiento. Y, por otro lado, Arbeleche también tiene en su discurso la “obsesión” por el empleo y la preocupación por lo social. ¿Son concepciones tan distintas?
—En cuanto a la necesidad de fomentar las inversiones hay visiones similares; la inversión privada que crea empleos de calidad y bien remunerados es fundamental. Luego, en el rol del Estado y en la forma de tratar a aquellos que más necesidades pueden tener, la mirada es claramente diferente.
Por ejemplo, podemos ver a un gobierno que luce enamorado del resultado fiscal. Es una obsesión que no compartimos, si bien Uruguay tiene tensiones fiscales que debe resolver mediante una reducción del déficit, de manera de asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Eso no está en discusión. Pero tan importante como reducir el déficit es cómo, a qué velocidad y en qué contexto se hace. El ajuste fiscal que hizo este gobierno tiene problemas en los tres niveles: es de mala calidad porque se sustenta básicamente en reducción de salarios públicos, pasividades y en baja de las inversiones en infraestructura —una de las más bajas de la historia, según dijo Alfonso Capurro, presidente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción e integrante del Consejo Fiscal Asesor—; se hace con una intensidad incluso superior a la que habían anunciado; y se hace en medio de una crisis económica y social fruto de la pandemia. Entonces, o estamos frente a un ajuste fácilmente reversible, porque empieza a subir el salario real y porque en algún momento habrá que hacer las inversiones para mantener la capacidad de infraestructura, o, si este ajuste se vuelve permanente, se va a una peor calidad de vida de asalariados y pasivos y tendremos que resignarnos a una baja capacidad infraestructural. Ninguna de las dos alternativas son buenas noticias.
Otro componente del ajuste fueron las subas de impuestos, con lo que se incumplió con una promesa electoral. No es cierto que no se aumentaron impuestos; se puso el impuesto Covid, se modificaron los descuentos del IVA, se hicieron ajustes en la Base de Prestaciones y Contribuciones que hicieron que más gente pagara IRPF.
—El impuesto Covid fue temporario y para financiar gastos extraordinarios por la pandemia. La reducción del reintegro de IVA, desde el gobierno la fundamentan en que no se precisaba seguir estimulando la inclusión financiera, con la que en algunos aspectos está en contra…
—… ¡No estoy diciendo que las medidas estén bien o mal! Digo: no podés decir que no subiste los impuestos. Solo marco que ahí hay un incumplimiento de campaña.
—Respecto de la inversión, desde el Ministerio de Economía sostienen que no bajó el año pasado y que parte no se ve en las estadísticas fiscales por ser proyectos de participación público-privada (PPP).
—Creo que no es tan así. En todo caso, a mediados del 2023 estarán terminando las obras de UPM, la del Ferrocarril Central y las PPP que dejó en construcción el gobierno del Frente Amplio. No veo un pipeline potente como para sustituir ese paquete de obras una vez que finalicen.
Con el actual gobierno, la inversión pública no está pensada como palanca de desarrollo.
—Más allá de estas discrepancias en la gestión fiscal, usted le objeta al gobierno no tener una agenda de largo plazo que le permita a Uruguay elevar su nivel de desarrollo económico. ¿No ve reformas estructurales?
—La agenda de desarrollo a futuro no es un problema puntual de hoy; Uruguay necesita un debate a fondo de este punto central. Con tasas de crecimiento potencial en el largo plazo en torno al 2%, niveles de inversión inferiores al 20% del PIB, deserción en la educación secundaria cercana al 60%, 200.000 personas viviendo en asentamientos y una inversión en ciencia y tecnología del 0,4% del PIB, no solo no estamos en la senda del desarrollo, sino que cada vez es más grande la brecha con los países desarrollados. ¿Le pido al gobierno que resuelva esto de un día para el otro? No. De hecho, no lo resolvimos en nuestros gobiernos. Pero sí le pido un rumbo estratégico. Hay una impronta muy clara y marcada de retiro del Estado y disminución del Estado de bienestar; ahora, la agenda de reformas estructurales para tener una perspectiva de crecimiento potencial superior no la veo. ¡Un 2% no alcanza!
Cuando miramos los temas centrales para esa agenda, lo que veo es, en inserción internacional, que por ahora no se concretó nada. Me remito a declaraciones de Marcel Vaillant, un técnico reputado e integrante de un partido de la coalición, quien dijo que se requiere más vocación, de compromiso político y de claridad de rumbo. También comparto que una agenda en esta materia no es solo firmar TLC —que veremos si se concretan o no—, y tiene que ver con reformas internas de facilitación al comercio. ¡Ojalá que se pueda avanzar con China! Pero por ahora lo concreto es que Uruguay, con el Mercosur, no quedó de la mejor manera; por ahora veo más costos que beneficios.
Un componente central en los costos de los productos es el transporte de carga. Todo el esquema de control para blanquear y formalizar el transporte fue totalmente paralizado. Y esas son de las microrreformas que hacen a las mejores condiciones para el país. Y no las veo.
En materia educativa, estamos viendo algunos indicios. Pero los artículos de la LUC muestran que se quiere hacer de espaldas a los docentes. De hecho, el ministro Da Silveira hablaba de una sovietización del sindicato y demás. No hay experiencia exitosa de reformas educativas en el mundo hechas a espaldas de quienes la van a aplicar en el día a día; allí hay una inconsistencia incomprensible.
En la educación hace falta un plan, hace falta gestión y también hacen falta recursos adicionales. Simpatizo con la propuesta de Eduy21; quienes la elaboraron estiman que el costo de implementación está en 1,5% del PIB. Dado que a Uruguay no le sobra la plata, ¿de dónde pensamos obtener recursos para financiar reformas que son vitales para el desarrollo?, ¿qué vamos a dejar de hacer?, ¿vamos a financiarlas con ingresos adicionales?, ¿o vamos a hacer una apuesta muy fuerte al crecimiento? Ahí hay una discusión fiscal, de largo plazo y de primer orden, que no está sobre la mesa. Y el gobierno es mano; pero también la izquierda debe pensarla para ser una alternativa real de gobierno.
En la campaña electoral se habló de muchas cosas, ¿y?
En la reforma de la seguridad social vino trabajando a una determinada velocidad y la comisión se ha quedado quieta. Claramente, el ritmo de trabajo disminuyó a medida que se fue materializando la fecha concreta del referéndum del 27 de marzo.
Los cambios tributarios globales llevan a que Uruguay deba repensar todo su esquema de exoneraciones para promover las inversiones, que está amenazado de muerte. ¿Qué le vamos a ofrecer al inversor internacional para que Uruguay sea atractivo? No hay una agenda de debate público sobre este asunto central.
Tampoco veo una agenda demasiado clara para el sistema de innovación que permita aprovechar las oportunidades generadas por la economía del conocimiento. (*)
Y después, alguna cosita, pero no hay ningún rumbo en materia de economía verde, que cada vez tiene más peso.
Uruguay necesita avanzar en todos estos temas y el gobierno de todos los uruguayos debería tener una agenda. También el Frente Amplio si quiere ser una alternativa fuerte de cara al 2024. Es necesaria una renovación programática y de ideas que nos permita enamorar a la ciudadanía en cuanto a por qué y para qué queremos volver. Debe tener una potente agenda de desarrollo: en equidad y redistribución, por un lado, y en crecimiento, por otro. Hablando de la izquierda a escala global, la economista italoamericana Mariana Mazzucato afirma que se había vuelto perezosa a la hora de hablar de crecimiento. Eso no es estrictamente aplicable a Uruguay, pero sí debemos ser más ambiciosos en materia de crecimiento; no alcanza con pensar en redistribuir.
—La reforma de la seguridad social, que usted dice que se paró por el referéndum, tuvo una etapa de diagnóstico y de propuestas elaboradas por una comisión. Y estaba anunciado que por estos meses un equipo del Poder Ejecutivo armaría un proyecto de ley. ¿No es una reforma en marcha?
—Sí. Me llama la atención que el tema claramente salió de la agenda pública. No puedo adjudicar intencionalidad, pero ¡qué casualidad, dijera el paisano!
—¿El Frente Amplio no hizo también cálculos electorales en su momento respecto de esta reforma, que hasta el propio ministro Danilo Astori reconoció como necesaria pero no se encaró?
—En el período pasado se planteó una reforma de la caja militar que llevó mucho trabajo, y bueno, después no cuajó de la mejor manera posible. Ahí no se vieron costos electorales para tratar de avanzar.
—Pero no se propuso una reforma integral del sistema.
—Hoy, cinco años después, estamos en un momento con más urgencias en avanzar en una reforma de la seguridad social. Podemos tener distintas opiniones de cómo procesarla, pero es bastante claro que es necesaria.
(*) La versión original fue corregida indicando "conocimiento" en lugar de "crecimiento".
- Recuadros de la entrevista
Divergencias políticas pero no “una guerra” como marco para la inversión
“Ingenuidad y soberbia”, y el Frente Amplio “muy bien parado de cara al futuro”
