La baja de la matrícula de la educación privada (tanto la religiosa como la no confesional) se mantuvo en torno a 4% en los últimos años, pero se acentuó durante la pandemia en los colegios católicos que trabajan en los barrios más carenciados.
Se trata en su mayoría de instituciones de pequeño y mediano porte —con un promedio de 350 alumnos—, sin fines de lucro y que suelen surgir de congregaciones religiosas junto con parroquias que dan respuesta a una urgencia barrial, dijo el titular de Audec. Son colegios “muy accesibles” que atienden a alumnos provenientes de familias que “hacen un esfuerzo enorme” para pagar la cuota.
En el conjunto del sistema educativo uruguayo, la participación de la educación católica llega al 10,4% en inicial, al 7,6% en primaria y al 7,4% en secundaria.
La matrícula total de estos colegios ronda los 57.800 alumnos, distribuidos entre 157 centros, la mayoría de ellos ubicados en Montevideo (73) y Canelones (26) y el resto (58) en otras localidades del interior, según el último censo de Audec, realizado en 2017.
A principios de los 90, la educación católica contaba con 74.800 alumnos en todo el país. En 2011 pasaron a ser 63.200 y la cifra continuó cayendo a un ritmo de 4% anual.
Según Arias, esta baja obedece en parte a factores demográficos y a la desaceleración de la economía a partir de 2014, entre otros factores que explican el movimiento de alumnos desde las escuelas privadas hacia las públicas, pese a que varios colegios hicieron un esfuerzo ofreciendo más bonificaciones y un ajuste de las cuotas muchas veces por debajo del IPC.
También incide en este fenómeno la ampliación de la oferta en educación inicial y la extensión del tiempo pedagógico escolar en los centros de educación pública.
Así, en 2021, la relación de estudiantes de educación común en los centros públicos y privados en general es casi idéntica a la de 2012, según datos oficiales: el 83,5% frente al 16,5%.
Fragilidad
Cuando el gobierno resolvió la vuelta a la presencialidad, en Montevideo y Canelones retomaron en primer lugar las llamadas “escuelas de contexto”, aquellas que atienden al quintil más pobre. Entonces las instituciones educativas católicas presentaron ante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) una lista con 40 colegios, la mayoría de ellos ubicados en la periferia, y donde hoy “la presencialidad es total”, con distancia de un metro entre los alumnos y todos los protocolos de la ANEP.
“Muchas veces los canales de televisión, cuando hablan de la educación privada, muestran imágenes de la puerta del Seminario, del Crandon, del Jesús María, del Santa María o de los Maristas. Pero en realidad esas instituciones no representan a la mayoría de los colegios que agrupa Audec”, puntualizó Arias, su titular, y añadió que más de la mitad de estos son considerados de “pequeño porte” y hacen “muchísima obra” en zonas del Cerro, Casavalle, Playa Pascual o el Santoral de Canelones, sean jesuitas, salesianos o maristas.
De hecho, menos del 10% de los centros de inspiración católica son de “gran porte”, con 1.000 alumnos o más. Entre ellos destacan los colegios Seminario, Maturana, el Juan XXIII, los Maristas (el Zorrilla y Santa María), Santo Domingo, Santa Elena (en Montevideo y Lagomar), La Mené, Jesús María y Stella Marís. Pero estos son “excepcionales”, insistió Arias, ya que por ejemplo la mayor parte de los centros del interior apenas tienen medio centenar de alumnos.
Muchos de ellos “trascienden lo meramente educativo” y, más allá de que la tarea evangelizadora de los colegios católicos es una de las razones principales de su existencia, “cumplen una misión social importante”, remarcó Arias.
Solo en el sector de la educación católica formal trabajan más de 11.000 personas, además de otros 170 proyectos sociales no formales que alcanzan a otras 13.000 en los que participa la Iglesia católica.
“Es verdad que la situación económica de muchos de estos colegios es frágil”, afirmó Arias, al suscribir las palabras de Sturla. Agregó que varios colegios “comprometidos” de Montevideo, a los que aludió el cardenal, “pasaron a la órbita de la Fundación Sophia” para sostener su propuesta educativa, evangelizadora y social.
Creada en 2014 a impulso de la Iglesia católica de Montevideo, esa fundación comenzó a funcionar en 2015 con cuatro colegios y hoy agrupa a un total de 32 instituciones que atienden a 6.000 alumnos de todo el país: 16 instituciones están en Montevideo —siete de ellas ubicadas en zonas de contexto crítico— y el resto en el interior.
Es una organización sin fines de lucro que evita el cierre de los colegios “en problemas”, en cuanto a fragilidad económica y de poyecto social, que aspira a una educación académica y pastoral de calidad basada en una organización profesional, dijo a Búsqueda su director ejecutivo, Federico Reyes.
Durante la pandemia, “el gran desafío fue buscar a los alumnos desconectados”, contó este directivo. “Es decir, buscamos minimizar el impacto de la no presencialidad cuando no era posible sostener la propuesta virtual, sea por falta de dispositivos, mala conectividad, dificultades de aprendizaje o problemas del entorno familiar del alumno”, contó.
Reyes sostuvo que la fundación, encabezada por el cardenal Sturla —su vicepresidente ejecutivo es el padre Julio Fernández Techera, director de la Universidad Católica del Uruguay—, financia a sus instituciones barriales de la capital principalmente con las cuotas que aportan las familias —$ 4.000 promedio por alumno, “que no todos pagan porque hay un porcentaje de bonificados”— y con la organización de rifas como modo de recaudación adicional, entre otros aportes de las congregaciones que la integran.
“El ingreso promedio anual es de $ 40.000 por alumno y el costo de estas propuestas es de $ 60.000 por estudiante”, explicó Reyes.
“Muchas de estas instituciones viven una situación económica delicada, sobre todo en los barrios, porque en las zonas más populares es donde la gente más ha sufrido la falta de trabajo y de ingresos por la pandemia”, dijo.
Otras instituciones reciben apoyos de congregaciones o también de empresas que a su vez se benefician de exoneraciones fiscales, o mantienen convenios con el Estado u otras organizaciones, como la Fundación Niños con Alas o Telefónica, que colaboran para que estos proyectos subsistan.
Arias destacó experiencias como la del centro educativo Los Pinos, impulsada por el exministro Pablo Bartol, o la del liceo Impulso, que fundó el expresidenciable Enresto Talvi, cuyos modelos también se inspiran en el del liceo Jubilar y han logrado resultados educativos “extraordinarios”. Pero “no son ejemplos replicables a gran escala”, opinó el directivo de Audec, porque entre otras razones requieren de una inversión también “extraordinaria”.
De todos modos, Arias destacó estas “redes de atención integral que interactúan entre lo privado y lo público para mejorar la calidad educativa del país” y zanjó la discusión sobre el rol de los colegios: “Una cosa son los grandes negocios que hay en la educación, que son instituciones que se crean con el único objetivo de recaudar, y otra es toda esta labor de la educación católica en los asentamientos, desde la experiencia de los campamentos, de la educación sexual y en el amor, la escuela de padres, la inclusión, y ni que hablar el papel que cumplió en la dictadura cuando muchos centros jesuitas, salesianos y maristas recibieron a hijos de presos políticos, pasando por todo este trabajo en las barriadas”, destacó Arias, para concluir que “todo eso también es educación privada”.
