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    La asistencia a escuelas en las zonas más pobres es hasta 20% menor que la registrada en los contextos con más recursos

    La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) habilitó a los centros de educación inicial y primaria a extender sus jornadas de clase a más de cuatro horas a partir del próximo lunes. La resolución no afectará en gran medida al sistema escolar público, según afirmó el propio presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva. “En el caso de la educación pública (la medida tomada) va a tener muy poco impacto”, vaticinó el jerarca, al entender que solo beneficiará a los centros educativos que cuenten con la infraestructura para extender el horario y, a la vez, cumplir con el distanciamiento físico y reagrupar a sus alumnos, entre otros protocolos sanitarios que exige el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus.

    Así, la extensión del horario escolar “está lejos de normalizar” la situación del sistema educativo, coinciden las autoridades y los gremios del sector público y privado. Si bien la aplicación de la medida de la ANEP, oficializada el jueves 3, dependerá de las posibilidades de cada institución para garantizar las medidas preventivas —como la de mantener la distancia física y subdividir los grupos, lo cual requiere de espacios amplios y acondicionados que no todos los jardines y escuelas disponen—, las dificultades son sustancialmente mayores en aquellas escuelas públicas de contextos socioeconómicos más vulnerables.

    A esta realidad, se suma “otro problema gigante”, puesto que “alrededor del 30% de los alumnos del país no participa en las actividades presenciales”, o sea en el espacio físico escolar, según dijo a Búsqueda Pablo Caggiani, integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), con base en datos oficiales.

    El consejero sostuvo que el sistema educativo sufre una “brutal baja” en los niveles de asistencia escolar, que profundiza la brecha socioeducativa, lo que a su juicio se verá reflejado con mayor claridad en 2021.

    Mientras en la gran mayoría de los colegios privados y de las escuelas públicas ubicadas en zonas con niveles socioeconómicos altos (correspondientes a los quintiles 4 y 5) los alumnos “ya están yendo casi todos los días cuatros horas” y la asistencia en general suele ser “alta”, señaló Caggiani, en las zonas de contexto más pobre, las ausencias son más pronunciadas. Esto ocurre sobre todo con los niños de los quintiles más bajos (1 y 2), cuyos hogares tiene una condición socioeconómica más vulnerable y crítica.

    Según un informe del CEIP sobre los niveles de asistencia a las escuelas públicas del país, a cuyos resultados accedió Búsqueda, al promediar agosto, la presencia en clase de alumnos de las zonas más pobres fue entre un 15% y 20% menor que la registrada en los contextos más ricos. Los registros del lunes 10 y el viernes 14 de agosto muestran que esa semana asistió casi un 80% de alumnos del quintil 5, mientras que solo fue a clase el 63% de los niños del quintil 1.

    En promedio, la asistencia escolar en esas fechas rondó el 70% en los centros públicos, y es una referencia sostenida en los últimos meses, según el CEIP. Particularmente en esas fechas osciló entre el 68% y el 75% en las escuelas rurales, y entre 69% y 73% en las urbanas. La asistencia más baja se registró en educación inicial (60%) y en escuelas especiales para niños con problemas de aprendizaje 55%. Mientras que en las llamadas escuelas Aprender (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) la asistencia en igual lapso osciló entre 63% y 67%.

    Las escuelas que en general tuvieron mayor presencia en el aula durante este lapso fueron las de tiempo extendido, que en algunos casos superaron el 80% de asistencia.

    Desescolarización

    Varios organismos internacionales que trabajan con infancia y educación, como la Unesco, Unicef o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya han señalado que los efectos de la pandemia requerirán “esfuerzos extras” por el impacto de la suspensión de clases en la infancia, que se expresan sobre todo en aprendizajes, derechos, relacionamiento con pares y salud mental. Este “proceso de desescolarización” que alcanzó al 90% de los estudiantes del mundo solo tiene antecedentes en la gripe española de 1918, apuntó Caggiani. “Lo que no tenemos claro es la magnitud de este fenómeno sobre Uruguay”, dijo.

    El consejero sostuvo que la brecha socioeducativa creció “notoriamente” desde la suspensión de las clases presenciales en marzo y que “continúa aumentando” en estos meses debido a la asistencia voluntaria y en parte al cierre de los comedores escolares, “siempre con un sesgo negativo importante hacia los gurises de contextos más vulnerables”. Y advirtió: “No tomar medidas de ningún tipo, aunque sean tímidas en tiempo y forma, es muy complejo para los derechos de nuestros niños y niñas”.