Los ex presidentes Julio Sanguinetti, Luis Lacalle y José Mujica y los ex ministros de Defensa de los seis gobiernos, que conformaron el mando militar desde 1985, integran la lista de citaciones que presentarán los promotores de la comisión investigadora sobre presuntas “pesquisas ilegales” realizadas por Inteligencia Militar en democracia.
Entre los ex secretarios de Estado pasibles de ser convocados por la investigadora, que sería votada hoy jueves 24 por la Cámara de Diputados, están Juan Luis Storace, Raúl Iturria y Rodolfo González Risotto (Partido Nacional), el colorado Yamandú Fau y los frenteamplistas Azucena Berrutti, Gonzalo Fernández, Luis Rosadilla y José Bayardi.
Otros antiguos jerarcas que podrían aportar elementos son los ex coordinadores de Inteligencia Augusto Gregori y el general del Aire José Bonilla, indicaron a Búsqueda fuentes parlamentarias.
La preinvestigadora, creada a partir de una denuncia del diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Luis Puig, recibió un informe que contó con el respaldo de todos los partidos, aunque en el propio oficialismo habían surgido serias dudas por temor de que saliera a luz información “delicada” que podría convertirse en un bumerán para el Frente Amplio.
“No tengo conocimiento”.
El abogado y dirigente del partido Unión Cívica Juan Vicente Chiarino fue el primer ministro de Defensa del gobierno de Sanguinetti. Amparado en su avanzada edad (tenía casi 85 años cuando asumió), Chiarino, que había participado en las negociaciones del Club Naval para la salida de la dictadura, hizo famosa una muletilla para enfrentar las preguntas incomodas de los periodistas: “No tengo conocimiento”.
Antes de ser reemplazado por el teniente general Hugo Medina en 1987, Chiarino estuvo al frente de la cartera en la etapa de mayor tensión con los militares: el período previo a la aprobación de la ley de caducidad, votada en diciembre de 1986.
Precisamente la ley de caducidad, además de su cometido principal, buscó poner bajo cierto control civil las actividades de inteligencia, al crear la Dirección General de Información de Defensa (DGID) con un jefe con jerarquía de general rotativo entre las tres fuerzas y dependencias del Ministerio.
El espionaje militar en democracia, realizado casi siempre del lado non sancto de la ley, tuvo otro momento fuerte durante el gobierno de Lacalle. Además del caso del químico chileno Eugenio Berríos, que impactó de lleno a los servicios de inteligencia militar, se supo de la instalación de micrófonos clandestinos en los despachos del propio comandante en jefe del Ejército, Juan Rebollo, y del general Fernán Amado, entonces al frente de la logística.
En esos días también se descubrieron micrófonos ocultos en la oficina del ministro de Defensa, Mariano Brito, aunque entonces no se verificó en forma oficial la versión de que se trataba de un dispositivo en desuso destinado a espiar a un jerarca anterior.
El control de los servicios de inteligencia mediante una ley que los regule fue uno de los temas en los que no hubo acuerdo durante el primer gobierno de Vázquez (2005-2010). Si bien en el Presupuesto se creó el cargo de coordinador de esa área, estuvo vacante hasta el 2010. Esto complicó también el análisis de los archivos de la dictadura en la búsqueda de los desaparecidos.
Pero el 2 de setiembre pasado, “Brecha” comenzó la publicación de una serie de notas acerca del espionaje a civiles en democracia. Según el semanario, entre las víctimas de esta actividad al margen de la ley estarían, entre otros, los ex presidentes Sanguinetti y Jorge Batlle, el ex presidente del Frente Amplio Líber Seregni, el hoy presidente Vázquez y la ex fiscal Mirtha Guianze.
Las fuentes de la publicación habrían sido dos: el archivo privado del coronel Elmar Castiglioni, contenido en 60 cajas e incautado por la jueza penal Beatriz Larrieu en octubre del año pasado, después de la muerte del militar, y parte de los 1.144 rollos incautados por la entonces ministra Azucena Berrutti en febrero de 2006 en el Departamento II del Estado Mayor del Ejército, luego digitalizados y copiados en 51 discos compactos.
Durante un panel realizado el lunes 21 en la sede del PIT-CNT, el periodista de “Brecha” Samuel Blixen entregó a la Comisión de Derechos Humanos de la central parte de la documentación obtenida. Además, informó que un ex representante del sindicato de la bebida en la máxima dirección de la central había espiado para los militares en democracia y que luego de su jubilación había sido electo presidente de la departamental del Frente Amplio en Lavalleja. El infiltrado era en 1989 dirigente socialista, según confirmó el propio ex secretario general de ese partido Eduardo Fernández.
En el panel, además de Blixen y Guianze, expusieron la historiadora Isabel Wschebor, el abogado Pablo Chargonia y la dirigente del PIT-CNT Fernanda Aguirre.
“No hemos reaccionado a tiempo. No le hemos exigido al gobierno del Frente Amplio y cosas bien graves terminaron siendo naturales”, dijo la ex fiscal que integra la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y agregó: “Volvemos a tener una democracia tutelada si hay gente que tiene archivos que no podemos ver”.
Silencio “institucional”.
“Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”, dijo el ministro Jorge Menéndez, el martes 22, durante su comparecencia en el Senado convocado por Javier García para informar acerca de la situación general de las Fuerzas Armadas.
Menéndez se basó en consultas al Estado Mayor de la Defensa (Esmade) y a la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (DIEM), que dependen del general Nelson Pintos y del coronel Luis Suárez, respectivamente.
Al frente de la oficina del piso 10 de la Torre Ejecutiva, donde tiene su despacho el coordinador de Inteligencia, está el general del aire Washington Martínez, que igual que Pintos fue edecán de Vázquez.
Las afirmaciones de Menéndez están en contradicción con lo que dijeron Guianze y Wschebor. La historiadora, que durante 2015 estuvo al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, llamó la atención no solamente acerca del contenido y del manejo de los archivos del Departamento II del Ejército, sino también respecto a los de la Armada y la Policía.
Wschebor también se preguntó: “¿Por qué los servicios investigan a personas si no tienen ordenes para ello?”, como afirmó el ministro. “¿Por qué lo hacían? ¿Quién se los ordenaba?”
Para la historiadora, la importancia del contenido de las cajas de Castiglioni es que incluyen copias de documentos oficiales que refieren a expedientes de espionaje a objetivos civiles, al menos hasta 2006.
Para el diputado herrerista Gustavo Penadés, que apoyó la creación de la investigadora votada por unanimidad, además de analizar el pasado es una buena oportunidad para promover la legislación y el control parlamentario del área.
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