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    La búsqueda de los restos de los desaparecidos en Uruguay padece “burocratización” y un “funcionamiento esclerotizado”

    El arqueólogo español Carlos Marin Suárez, que trabajó en la búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura en Uruguay, opina que fue un error haber pasado al Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Facultad de Humanidades a la órbita del Poder Ejecutivo y que la creación del Grupo de Trabajo por el presidente Tabaré Vázquez en 2015 provocó “duplicidades y un desbarajuste bastante grande” y derivó en “una burocratización, funcionamiento esclerotizado y competencias sin aclarar”.

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    Marin hizo esas afirmaciones durante una charla en la Fundación Vivian Trías, el 27 de abril pasado, en el marco de un seminario sobre la guerra civil española a cuya grabación accedió Búsqueda.

    El doctor en arqueología por la Universidad Complutense, que participó en exhumaciones en Argentina y en su país, contó su experiencia en sitios de excavaciones uruguayos, en los que participó como becario durante dos años y formuló opiniones críticas.

    “Con el Grupo de Trabajo es cada vez más complicado trabajar, el GIAF le tiene que pedir permiso”, dijo. El arqueólogo relató que publicó un artículo en el que recomendaba que el grupo siguiera “en la Universidad de la República (Udelar) y que cada vez tuviera más autonomía de investigación”, porque era “la única forma que se puede asegurar la independencia del equipo”. Pero “justo cuando he publicado el artículo ha ocurrido todo lo contrario”, sostuvo Marín.

    “De hecho es el Grupo de Trabajo el que controla a los arqueólogos. A los más críticos se los ha invitado a marcharse”, explicó.

    Marin, que está trabajando en excavaciones en la provincia argentina de San Juan y en la Ciudad Universitaria de Madrid, dijo que en su país el problema es la financiación, pero los grupos tienen autonomía científica. “En el caso uruguayo es todo lo contrario, la financiación no es problema, tienen sus contratos por un año, pero hay un control político bastante férreo y a mi eso me parece bastante grave”, afirmó.

    El profesional opinó que no habría que limitar las investigaciones a un solo equipo, a los desaparecidos, si no incluir otras violaciones a los derechos humanos, y no exclusivamente por orden de la Justicia. Dijo que no entiende el papel que está jugando la organización Familiares: “Todo esto está siendo avalado por Familiares y están tirando piedras contra su tejado”.

    Marin defendió el papel jugado por el ex coordinador José López Mazz “al que se invitó a irse por desavenencias con Familiares”, y advirtió que “parece que se quiere aparentar como que se está trabajando pero que no haya resultados”.

    “Mala calidad”.

    Según Marin, en Uruguay se siguió la opinión del integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) Miguel Nieva, quien desaconsejó romper el piso de algunos de los galpones del Servicio de Material y Armamento (SMA) en busca de detenidos desaparecidos como había propuesto López Mazz, pero los informes presentados por este perito fueron cuestionados por la Justicia de Rosario (Argentina). “La semana pasada a este miembro del EAAF se le ha expulsado” luego de que un juez se quejara “por la mala calidad de sus informes”, añadió.

    Marin dijo que en Uruguay, “pese a un panorama tan negro, el hallazgo de cuatro cuerpos ha dado un mazazo a la transición y ha sido un revulsivo para la sociedad uruguaya”.

    El arqueólogo se alineó con López Mazz en cuanto a defender la independencia técnica y sostuvo que “hubo debates muy enconados por la existencia de la llamada Operación Zanahoria” que no termina de comprender.

    También recordó que el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro había concedido vaciar los galpones del SMA solicitados por los arqueólogos, pero que luego el proceso se detuvo.
    “Se murió el Ñato (Fernández) y ahora no tienen a quién echarle la culpa; en realidad esto es consecuencia del Club Naval”, opinó.

    “Hay luchas salvajes dentro de la Udelar, no solo dentro del Grupo de Trabajo”, dijo, y agregó que algo “tan centralizado” le “hace sospechar”. “Nadie te cuenta la interna”, insistió, “lo estoy contando porque ya no integro el GIAF”.

    Para el arqueólogo español, “Familiares no está bien aconsejado si apoya la posición que adoptó el coordinador del Grupo de Trabajo, Felipe Michelini, en diciembre de 2016” al sacar al GIAF de la Udelar y eso “puede terminar en no tener ningún resultado más”.

    En 2015, el presidente Vázquez creó por decreto el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia con personalidades honorarias, la diputada Macarena Gelman y un representante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos y puso bajo su jerarquía a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

    Desde entonces se desvincularon de la Secretaría la directora Isabel Wschebor, los antropólogos Octavio Nadal y Camilo Collazo, entre otros.

    Información Nacional
    2017-05-04T00:00:00