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    La campaña por la seguridad propuesta por Larrañaga y la cocina política preelectoral entreveran antesala de las internas blancas

    Juntos pero bastante entreverados. Así están las cosas en el Partido Nacional. Las diferencias no son únicamente las esperables entre un sector y otro. También las cuestiones van y vienen confusas, mezcladas para aquí y para allá, entre compañeros de una misma agrupación. O incluso en un movimiento que para afuera se anuncia como una sólida tercera vía en crecimiento pero que está todavía muy lejos de ofrecer algo nítido, concreto. En la antesala de la campaña para las elecciones internas, en este limbo en el que va a quedar suspendida la política partidaria hasta después del Mundial de Rusia, se entreveraron las cosas entre los blancos.

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    La fisura más evidente quedó expuesta en los últimos días. El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, puso en práctica algo que venía anunciando desde hace unas semanas: lanzó su campaña de recolección de firmas para una reforma constitucional que permita cambiar la normativa sobre la seguridad pública. La idea es llegar a unas 300.000 rúbricas que luego habiliten la posibilidad de un plebiscito en las elecciones de octubre de 2019. Entre los cambios previstos, Larrañaga propone la creación de una Guardia Nacional con militares en colaboración con la Policía, la posibilidad de hacer allanamientos nocturnos en lugares donde hay sospecha fundada de delincuencia, y la cadena perpetua, revisable a los 30 años, en delitos como homicidios múltiples, violación y homicidio de menores.

    Uno de los primeros en desmarcarse públicamente de la propuesta fue el líder de Todos, Luis Lacalle Pou. “Yo no voy a firmar”, dijo. Y bastó esa chispa para que enseguida comiencen los tiros por debajo de la mesa. Lacalle Pou apeló a una figura para explicar su posición. Argumentó que si hoy se está incendiando una casa no se puede llamar a los bomberos para dentro de dos años. Y agregó que su idea es cambiar la seguridad desde la Torre Ejecutiva. “La reforma nuestra para dentro de dos años es reformar el gobierno, cambiarlo, y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se les terminó el recreo”, señaló en declaraciones recogidas por el El País. ¿Cómo cayó esto en Alianza? No muy bien. Aunque se busque disimularlo. Fuentes del sector dijeron a Búsqueda que “no toman en cuenta” los dichos de Lacalle Pou ni le encuentran “mucho fundamento”.

    “Nadie dice que nosotros nos resignemos a ganar el gobierno. Pero ni siquiera ganando se pueden asegurar cambios normativos de esta entidad. No lo tomamos en cuenta, nosotros vamos hacia la gente”, dijo uno de los informantes.

    En Todos, en la interna y también por lo bajo, le reprochan a Larrañaga el “no resistir archivo”. Fuentes de ese sector recordaron a Búsqueda que cuando el senador colorado Pedro Bordaberry lanzó la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad, el líder de Alianza se opuso mediante un documento en que señalaba su discrepancia con “manejar el miedo o el hartazgo de la gente para una reforma constitucional”. El escrito, presentado en 2011 y que tenía 12 puntos, agregaba: “Y más aún, como plataforma política no es ni jurídica, ni política, ni cívicamente aceptable”.

    Uno de los primeros en desmarcarse públicamente de la propuesta fue el líder de Todos, Luis Lacalle Pou. “Yo no voy a firmar”, dijo. Y bastó esa chispa para que enseguida comiencen los tiros por debajo de la mesa.

    Pero mientras algunos dirigentes de Todos recuerdan esto, otros se embanderan con la propuesta de Larrañaga. Es el caso de uno de los dirigentes más cercanos a Lacalle Pou, el intendente de Florida, Carlos Enciso, que no dudó en posar para la foto junto a Larrañaga y estampar su firma para cambiar la Constitución. Lo mismo hicieron ediles lacallistas en Soriano. Y ayer miércoles, el intendente de San José, José Luis Falero, dijo que va a “esperar un poco más” antes de anunciar si adhiere o no a la propuesta de Larrañaga.

    La cosa está dividida. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, se desmarcó de la campaña. Y la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, anunció que la apoyaría. Ambos fueron electos por Alianza Nacional pero hoy están alejados del sector.

    Los intendentes y Alonso.

    En medio de este batifondo, el grupo de intendentes escindidos de Larrañaga, y la senadora Verónica Alonso, que anuncian la formación de una tercera vía dentro del Partido Nacional, siguen tejiendo su agrupación aunque nada está definido. Según pudo saber Búsqueda, hay en principio una corriente a favor de impulsar la candidatura del jefe comunal de Maldonado, Enrique Antía. Esa es la idea que prima entre los intendentes de Cerro Largo, Sergio Botana, de Tacuarembó, Eber da Rosa, y de Treinta y Tres, Dardo Sánchez.

    Pero nada de esto se dice públicamente. “Lo que decidimos es no decidir nada por el momento”, dijo Botana a Búsqueda y recordó que recién después del Mundial de Rusia se adoptará una definición. El grupo de intendentes busca apoyo por fuera de su estructura y se ha reunido, por ejemplo, con Enciso.

    “Tengo buena relación con Antía, hay una intención de acercamiento pero más nada. Yo veo bien el espacio, pero estoy donde estoy. Aunque me parece interesante que todos los que quieran estar en la cancha, estén”, dijo el intendente de Florida a Búsqueda. “No hay que olvidarse que ambos (por Antía) tenemos la experiencia de sacar al Frente del gobierno”, remarcó.

    Desde el entorno de Alonso observan con distancia todas estas movidas. Fuentes cercanas a la senadora dijeron a Búsqueda que se reconoce entre los intendentes cierta “resistencia a cambiar el statu quo” y “repartirse entre ellos la torta”. Y que también puede haber una “reticencia” a “tener que aceptar que una mujer los lidere”. Algunos días después del Mundial de fútbol se sabrá, finalmente, cómo quedará conformada esta tercera vía de los blancos.

    Información Nacional
    2018-05-31T00:00:00