La cantidad de asentamientos disminuyó 11% en cinco años aunque no es fácil su eliminación, dicen autoridades del Ministerio de Vivienda

En Uruguay, los asentamientos se definen como un agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones irregulares. A esto se suman las carencias de todos o algunos servicios de infraestructura básica y problemas para el acceso a servicios sociales.

“La reproducción urbana en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica produce un hábitat donde la irregularidad no solo se expresa en la forma de acceso al suelo urbano sino también en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, que reducen la posibilidad de acceder de manera formal al trabajo y los servicios públicos, entre otros. Este contexto, consolidado por décadas en muchos casos, ‘retira’ material y simbólicamente a las familias más pobres del mercado formal de vivienda, las que sólo pueden acceder a la vivienda a través de la autoconstrucción en suelo informal o a través de programas públicos altamente subsidiados”, se dice en el informe.

Por ello, en el programa evalúan que “dado el nivel de consolidación de la irregularidad urbana en el país, no es esperable la reducción ‘espontánea’ de los asentamientos, incluso en un contexto de mejora global de los indicadores socioeconómicos”.

Las regularizaciones y relocalizaciones son el “principal factor” que explica la reducción. En el período analizado, por cada nuevo asentamiento que surgió el Estado regularizó o realojó cinco.

En el informe se indica que los nuevos asentamientos son más pequeños que los regularizados o realojados. Mientras los nuevos asentamientos tienen 99 personas en promedio, en los que dejaron de serlo vivían promedialmente 430 personas.

“Si bien la reducción del número total de asentamientos es un resultado esperable de la combinación del proceso económico positivo que ha vivido el país y las políticas públicas aplicadas directamente a combatir el fenómeno en el período estudiado, la cantidad absoluta de población residente en asentamientos no necesariamente debía seguir la misma tendencia. En primer lugar, porque las tasas de crecimiento vegetativo de la población más pobre es superior a la media del país. Segundo, porque si bien era esperable una disminución en el ritmo de surgimiento de nuevos asentamientos, no había hipótesis claras sobre la expansión de los asentamientos ya existentes, ya sea por ampliación del área ocupada, su densificación o ambos factores a la vez”, señala el informe.

Nuevo préstamo.

El coordinador del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), Fernando Cabezudo, dijo a Búsqueda que las previsiones oficiales apuntaban a que los asentamientos no crecieran y quedaran estables. A su vez, otras proyecciones estimaban un crecimiento en la cantidad de personas viviendo en esas condiciones. “Ahí tuvimos la sorpresa que disminuyó la cantidad de población”, dijo.

“Este proceso de los asentamientos está en reversión. Un 11% en seis años da para repensar la política de manera que en el mediano plazo se pueda apuntar a una reversión definitiva. Pensar en una reducción media anual del 2,2%, con planes que lleven adelante las intendencias con recursos del Ministerio” comentó.

Da para replantearse la situación porque el fenómeno no está estabilizado ni en crecimiento. No será rápido pero es posible”, insistió.

Cabezudo informó que en 2014 el gobierno contraerá otro préstamo de U$S 100 millones con organismos internacionales para seguir “trabajando en esta línea”.

Sobre la población que vive en esas condiciones, Cabezudo informó que se encontraron con la particularidad que la tasa de crecimiento en los asentamientos se está pareciendo al nivel general (2,1 hijos por hogar). “Uno en principio tiende a pensar que los asentamientos son homogéneamente pobres y muy pobres donde la tasa de fertilidad es mayor, pero no es así”, dijo.

Durante la presentación en el Parlamento de la Rendición de Cuentas, la directora nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, destacó que el plan de relocalizaciones tiene como prioridad la atención a las familias que residen en asentamientos ubicados en zonas inundables o contaminadas. “La meta para el quinquenio es llegar a las 4.000 soluciones habitacionales para esas familias. En el 2011 y hasta el momento, se pusieron en marcha 733 soluciones habitacionales en distintos departamentos, a saber: Montevideo, Paysandú, Artigas, Canelones y Rivera”.

Etcheverry dijo que el plan requiere de acuerdos con los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social “porque, en el marco de la concepción de la política habitacional, se trata de que no solo sea una solución de mejora de las condiciones habitacionales, sino también de aumentar las oportunidades de inclusión y de integración desde el punto de vista socioeconómico”.