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La prisión más moderna del sistema penitenciario uruguayo ya se encuentra vandalizada, y esa es una de las razones por las que alberga a una población de privados de libertad por debajo de su capacidad.
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La situación fue planteada en las últimas semanas por el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, quien entre otros puntos fue crítico del diseño económico detrás de la Unidad N° 1 de Punta de Rieles. “La famosa cárcel de Punta Rieles es una cárcel que nos cuesta a todos los uruguayos 20 millones de dólares por año y hay un porcentaje altísimo que está vandalizado”, dijo el 10 de mayo en el programa Séptimo Día de Canal 12. Días después detalló que esa cifra era del 15%. Según consultas realizadas por Búsqueda, el porcentaje comprende al menos a un módulo, de un total de 18, que está prácticamente inutilizado.
La cárcel, inaugurada en febrero de 2018, fue construida a través del mecanismo de participación público-privada (PPP). Cada semestre se presenta un informe sobre el estado de situación del contrato entre el Estado y Unidad Punta de Rieles S.A., la empresa privada que construyó la prisión y se encarga de parte de sus operaciones diarias. El último reporte, correspondiente al período julio-diciembre de 2019, afirma que “los edificios habitacionales han presentado deterioro parcial en las instalaciones consecuencia de daños causados por vandalismo”. Según lo establecido en el pliego de condiciones del contrato, esas reparaciones corren a cuenta del Ministerio del Interior pues no son responsabilidad del privado: el año pasado la cartera realizó por este concepto compras directas por excepción por $ 20.135.446 (unos US$ 450.000), la mitad incluida en el presupuesto 2019 y el resto a ejecutar una vez abiertos los créditos presupuestales del 2020.
Fuentes policiales indicaron que, más allá de que la mayoría del vandalismo es generado por la insistencia de los reclusos, la cárcel presenta “problemas estructurales” que facilitan algunas de las destrucciones. El 31 de mayo el ministerio cesó en el cargo de inspector del contrato a Bernardo Vidal, el nexo entre el Estado y la empresa y quien elaboraba los informes semestrales sobre el estado de situación.
El último reporte sí destaca que el equipamiento estándar y los sistemas de seguridad de Punta de Rieles “están en buen estado de materialidad, según los estándares del proyecto y las indicaciones del fabricante y/o el proveedor”. El resultado va en línea con una de las características destacadas por las autoridades en la inauguración de la cárcel, que era un equipamiento antivandálico que la diferenciaba del resto de los centros del sistema penitenciario, como duchas a presión con picos curvos para evitar suicidios, colchones y cubrecamas ignífugos, ventanas con barras sobre rulemanes que dificultan cortarlas y techos de dos aguas para que los internos no se trepen.
Trato diferente.
Firmado en 2015, el contrato encargó a la Unidad Punta de Rieles S.A. el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la prisión, además de la prestación de los servicios de alimentación, lavandería, limpieza, control de plagas y economato tanto para los internos como para los funcionarios. En contraparte el Estado, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), tiene a su cargo la seguridad, salud e intervención socioeducativa.
La obra implicó una inversión de alrededor de US$ 100 millones por parte de la empresa adjudicataria —formada por la constructora Teyma y la alimenticia Goddard Catering Group— a la que el Estado abona anualmente por los servicios que presta en función de la capacidad ocupada y ciertos parámetros de calidad, durante un período de 27 años.
La cárcel tiene espacio para 1.960 reclusos y llegó a alojar casi 1.600, pero mantuvo un promedio mensual de 1.279 durante 2019; este año el número creció algo por encima de los 1.300. “Esta cárcel la pensamos como modelo y como la que puede servir más fácilmente para la rehabilitación. Es a la que los presos le tienen más bronca y no quieren venir. Prefieren ir a aquellas que tienen situaciones insostenibles, las que tienen hacinamiento, comida inferior y un trato diferente porque prácticamente es la continuidad de la vida que llevaban en libertad”, dijo el exministro del Interior, Eduardo Bonomi, en agosto del año pasado durante la primera visita oficial a la unidad.
Desde su apertura la prisión cumplió con ese objetivo de poner fin al hacinamiento del sistema. Junto con el Penal de Libertad, Canelones, Santiago Vázquez, la Unidad N° 6 —también ubicada en Punta de Rieles— y el Centro Metropolitano Femenino, concentran actualmente al 65% de la población de privados de libertad del país.
En su informe de 2019, el comisionado parlamentario penitenciario afirmó que aunque la Unidad N° 1 aún tiene actividades socioeducativas limitadas y diversos problemas en la ordenación de la convivencia —hubo tres muertes violentas el año pasado—, “ofrece un alojamiento con buena o razonable alimentación, higiene, ventilación, espacios comunes de convivencia, iluminación y acceso a servicios”. Justamente ese fue otro de los objetivos de su creación: quitar al ministerio la logística de la alimentación y el saneamiento para enfocarlo en las tareas de educación y seguridad.
