La polémica abre un gran interrogante sobre el futuro de ese país dentro de la OEA, ya que la Carta Democrática de la organización advierte que la alteración o ruptura del orden democrático en un país constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de su gobierno en el proceso de cumbres de las Américas.
Pero la carta de Almagro también horada el principal argumento de los chavistas contra quienes denuncian desde hace tiempo su autoritarismo: la idea de que la legitimidad del gobierno en ese país proviene de elecciones libres y justas por parte de sus ciudadanos.
“Posicionamiento político”.
Almagro lamentó la negativa del gobierno venezolano a su ofrecimiento de que la OEA observara las elecciones parlamentarias. Sobre todo deploró “que el rechazo se fundara en un posicionamiento político y no en los argumentos que hacen a la justicia y a las garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral”.
“El trabajo de justicia electoral trasciende completamente ese tipo de posiciones y requiere ponerse al frente de las garantías exigidas por los partidos, sean del gobierno o de la oposición”, sostuvo.
El ex canciller uruguayo reprochó a Lucena porque en su nota de rechazo a la observación de la OEA, la presidenta del CNE venezolano no se puso “al frente de las garantías exigidas” para que las elecciones se realicen “de una forma justa y transparente”.
Almagro enfrentó sin ambages la crítica del gobierno de Maduro en cuanto a su presunta “injerencia” en Venezuela. “Si la Secretaría General de la OEA fuera indiferente a los pedidos de la oposición de los países sobre una observación electoral, estaríamos faltando gravemente a nuestro trabajo, que es el de respaldar el buen funcionamiento de un proceso electoral para todos los partidos políticos involucrados”, argumentó.
También señaló que sería una falta grave de su parte ignorar las condiciones en que se desarrolla la campaña electoral venezolana. Y afirmó: “Es preocupante que del análisis de esas condiciones tengamos que concluir que hoy por hoy, las dificultades solamente alcanzan a los partidos de la oposición”.
“Venezuela —enfatizó— tiene obligaciones con la democracia que trascienden su propia jurisdicción”.
Luego comenzó a enumerar los problemas que existen para las elecciones del 6 de diciembre.
“Espionaje y seguimiento”.
El jefe de la OEA sostuvo que el terreno de juego está “desnivelado” en cuanto a las condiciones generales del proceso y la campaña electoral. “He sido advertido de que la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación equitativas”, indicó. Y agregó que las autoridades electorales, lejos de garantizar esas condiciones, “reproducen el discurso oficial y aumentan la desconfianza del electorado opositor sobre las elecciones e instituciones del país”.
Entonces citó a Batlle y Ordóñez: “No es que el pueblo nunca se equivoque, sino que es el único que tiene el derecho a equivocarse”. Sostuvo que se requieren “las máximas garantías de libertad” para que el pueblo se exprese y los partidos políticos sean electos. “Cualquier obstáculo en ese sentido limita la acción política en su más amplia expresión, limita los derechos del pueblo, los derechos de los partidos y los derechos de los ciudadanos”, añadió.
Luego subrayó una frase de Marley: “What we really need is the right to be right and the right to be wrong” (Lo que realmente necesitamos es el derecho a tener la razón y el derecho a estar equivocados).
A continuación, Almagro indicó que fue informado de que “la ausencia de topes o controles al gasto de campaña significa que los candidatos del gobierno pueden, y en efecto lo harían, utilizar recursos. El gobierno incluso despliega a una gran cantidad de empleados públicos y recursos estatales para la campaña”. Entonces citó un artículo de la Carta Democrática Interamericana que llama a “prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación”.
“Al parecer, esto se suma a la ausencia de garantías de acceso a los medios de comunicación para aquellas candidaturas que no cuenten con el financiamiento del Estado”, destacó.
También señaló el riesgo de “confusión” de los votantes a la hora de sufragar, debido a que al lado de la tarjeta de votación de la opositora Mesa de la Unidad (MUD) se ubicó la del MIN-Unidad, un partido que además de tener denominaciones, símbolos y colores similares, presenta a un candidato a diputado con el mismo nombre que un conocido postulante opositor.
Almagro se refirió luego a la implementación del plan de seguridad Operación Liberación del Pueblo (OLP), que fue denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos “por ser responsable de detenciones masivas y de presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
“Igualmente se desarrolla una actividad permanente de amenazas y judicialización a los trabajadores, estudiantes o sectores populares que en la calle expresan su malestar por la situación económica y social del país”, escribió.
“Es preocupante que esa actividad sea además promovida por el presidente Nicolás Maduro, quien asegura que tendrá mano dura contra quien proteste en el marco de esta coyuntura electoral, así como por el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien apoya y da difusión a actividades ilegales de espionaje y seguimiento a opositores”, añadió.
Las reglas y los medios.
Almagro criticó después, que haya “cambios en las reglas de juego” en las elecciones venezolanas, con siete candidatos inhabilitados. “Las inhabilitaciones solamente operan para dirigentes opositores, quienes muchas veces han tenido problemas para presentar descargos y plantear defensa”, observó. Y sostuvo que esa situación “limita los derechos del pueblo en cuanto a su posibilidad de elegir”.
También se refirió a la “intervención de partidos políticos por el poder judicial”.
“No puedo hacer la vista gorda ante hechos concretos que claramente vulneran derechos en el marco de la campaña electoral y al propio proceso electoral”, destacó.
Sostuvo que “en el campo de las garantías para los electores, la situación más grave es la negación de los derechos y garantías constitucionales por la vía de la declaración del estado de excepción en 23 municipios de tres estados del país”. Eso, continuó, limita “los derechos políticos de reunión, organización y movilización, eliminando efectivamente la posibilidad de realizar campaña en dichos municipios”.
Almagro denunció que así “existe un riesgo de concentración de discrecionalidad en los gobernadores de (esos) estados”, que “son parte de la alianza oficialista”.
“La posibilidad de ejecutar registros sin orden judicial a cargo de los órganos públicos competentes, podría prestarse a abusos por parte de la fuerza pública con trasfondo político”, evaluó.
Respecto a las libertades de prensa y de expresión, señaló que “es preocupante que se continúen reportando en gran cantidad amenazas, acosos y violencia contra periodistas y medios en Venezuela”. Y enumeró diversos casos que involucran a periódicos y radios del país. También se refirió a la “escasez de papel de prensa, que afectó a varios rotativos”, así como a la “falta de renovación de concesiones”, que “ha colocado a medios independientes en situación de absoluta vulnerabilidad”.
Un párrafo aparte lo dedicó al cierre de RCTV, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió en junio como un acto arbitrario para “acallar al medio de comunicación”.
“Horrendo crimen”.
Uno de los capítulos más extensos de la carta de Almagro refiere a la condena a Leopoldo López. “Desde hacía tiempo en nuestro continente no se daba que uno de los máximos dirigentes opositores estuviera preso cuando una elección. La última referencia es la de Wilson Ferreira Aldunate en Uruguay en 1984”, recordó.
Luego describió en detalle el proceso que derivó en la pena de más de 13 años de prisión para López por su participación en las protestas del año pasado contra el gobierno, que dejaron un saldo de 43 muertos y 600 heridos. Y advirtió que “este fallo pone en manos de interpretaciones judiciales muy subjetivas la interpretación de los discursos políticos opositores y derecho a la asociación que significa la constitución de movimientos políticos”.
“También considero fundamental decirle que la muerte de 43 personas es un horrendo crimen y es un horrendo crimen callar ante 43 muertos, ante 43 homicidios”, remarcó. “Es un horrendo crimen callar ante la muerte de un estudiante que está manifestando pacíficamente. Es un horrendo crimen callar ante los estudiantes que permanecen encarcelados sin acusación fiscal por el mismo delito de manifestar pacíficamente”.
“El pueblo proscribe”.
Almagro finalizó su carta señalando a Lucena que “en sus manos está la legitimidad del arma política fundamental que le queda a su pueblo, que es el derecho al voto con garantías para todos”.
“Recuerde, señora Lucena, que solamente el pueblo proscribe y proscribe a través del voto”, destacó.
Y concluyó que “existen razones para creer que las condiciones en las que el pueblo va a ir a votar el 6 de diciembre no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral”.
Almagro manifestó su esperanza de “que en el tiempo que queda hasta esa fecha (Lucena) pueda brindar soluciones a por lo menos algunas de esas condiciones esenciales, para evitar que las dificultades que ya se plantean en el proceso electoral y en la campaña se trasladen al proceso de escrutinio”.
“Frente a la más mínima duda sobre el funcionamiento de la democracia, nuestro deber, el suyo señora Lucena y el mío, es dar garantías para todos y no desviar la vista ni hacer oídos sordos a la realidad que tenemos frente a nosotros”, remató.
Información Nacional
2015-11-12T00:00:00
2015-11-12T00:00:00
