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El editorial de Búsqueda en su edición del jueves 13 de octubre realizó un diagnóstico, que en lo esencial compartimos, acerca de la situación funcional que atraviesa la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El notorio deterioro que analiza la citada nota, nos induce a reflexionar sobre esta preocupante realidad.
En varias instancias públicas y en encuentros con representantes del sistema político y de la sociedad civil, nuestra institución, Uruguay Transparente, ha reafirmado su convicción sobre la necesidad que la Jutep cumpla a cabalidad con su función rectora en la prevención y combate de la corrupción en su calidad de órgano superior en la materia. En ese sentido apreciamos con desazón una serie de inconsistencias que comprometen el cumplimiento de su labor, a saber:
Desde su creación exhibe una clara dependencia hacia el poder político, dada su integración que responde a los designios partidarios por encima de la idoneidad, antecedentes y capacidades de quienes se eligen para liderar esta delicada e imprescindible labor que hace a garantizar las buenas prácticas en la función pública. Esa inconveniente partidización se ha agudizado en la presente gestión, que deriva en pérdida de credibilidad pública. No debe aceptarse que la buena gestión dependa de la eventual capacidad y determinación de las autoridades de la Junta para sobreponerse a las ataduras partidarias, sean estas tácitas o explícitas.
Para que la Jutep cumpla con sus cometidos tiene que contar con las capacidades adecuadas que le permitan investigar, advertir, controlar y sancionar los apartamientos en la conducta de la normativa de quienes gestionan la administración. Esta función solo es posible que si se respeta su independencia y se otorgan los recursos humanos y económicos necesarios, cuestión que no sucede en virtud del recurrente retaceo de los mismos. Se impone terminar con la absurda paradoja que el organismo que debe controlar de hecho esté sometido a la voluntad de quienes deben ser controlados.
Tenemos la convicción de que la ciudadanía espera que la Jutep y sus autoridades ganen en credibilidad y confianza pública haciendo cumplir con lo dispuesto por la ley, en referencia a la correcta presentación de las declaraciones juradas de los sujetos obligados y su publicidad cuando corresponda.
La Junta dispone de las herramientas legales adecuadas para el ejercicio de los debidos controles para su estricto cumplimiento y sancionar ante eventuales violaciones a las obligaciones que establece la ley. Recientes episodios que han tomado estado público imponen a las autoridades de la Jutep una acción firme en la aplicación de la normativa vigente.
En última instancia, siempre es bueno tener presente que la buena percepción internacional con que cuenta Uruguay en materia de transparencia y freno a la corrupción es una fortaleza que no tiene por qué perdurar de forma indefinida si se bajan las defensas y se actúa con permisividad ante las malas prácticas que puedan manifestarse en la gestión pública. Por el contrario, creemos que es tiempo de ajustar los controles y para ello el país necesita de una Jutep que responda con rigor e independencia frente a las irregularidades que se manifiesten y se posicione como el gran referente del Estado en la prevención y el combate a la corrupción.
