La crisis dantesca de Brasil se consume a Dilma Rousseff

El nombramiento político de Lula está ahora suspendido por un ministro del Supremo, y Rousseff ha perdido buena parte del escaso crédito político que le restaba. Las últimas encuestas muestran que apenas uno de cada 10 brasileños aprueba su gobierno y 68% quieren que el Congreso la separe del cargo. Este último porcentaje, medido por la empresa Datafolha, ha crecido y se aproxima al 75% de apoyo popular que tenía el impeachment al presidente Fernando Collor en 1992, un mes antes de que fuera aprobado, lo que precipitó su caída por otro caso de corrupción.

“Miedo”

Rousseff ha reaccionado a todo esto insistiendo en que someterla al juicio político sería un quiebre democrático. “Es absolutamente de mala fe decir que todo impeachment está correcto. Para estarlo, la Constitución exige que se caracterice crimen de responsabilidad. Es eso. ¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe. Esta es la cuestión. No sirve fingir que estamos discutiendo en tesis el impeachment. Estamos discutiendo un impeachment muy concreto, sin crimen de responsabilidad”, sostuvo ayer miércoles durante un acto oficial en el palacio presidencial de Planalto.

La ceremonia estaba convocada para lanzar una nueva etapa del principal programa habitacional del gobierno, pero se convirtió en un acto político de defensa del mandato de Rou­sseff. Miembros de grupos sociales que asistieron al Planalto corearon la frase que se repite en cada manifestación a favor del oficialismo: “No va a haber golpe”.

El pedido de juicio político a Rousseff que avanza en el Congreso fue impulsado por opositores, activistas anticorrupción y juristas, entre estos últimos Hélio Bicudo, un ex fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y Lula. Basados en un fallo del Tribunal de Cuentas de octubre, acusan a la presidenta de haber maquillado el déficit fiscal, atrasando transferencias a bancos públicos para cumplir metas presupuestales, lo que según la denuncia constituye un delito de responsabilidad. Además, sostienen que Rousseff evitó responsabilizar a sus subordinados por crímenes cometidos en Petrobras y procedió de modo incompatible a su cargo, al mantenerse “indisociable” de Lula cuando este operaba a favor de la constructora Odebrecht, que, involucrada en el esquema de corrupción de Petrobras, le pagaba por “supuestas conferencias”.

Rousseff ha rechazado todos estos señalamientos en su contra. Sostuvo que los atrasos de los pagos a los bancos fueron una práctica habitual de gobiernos anteriores, que aunque encabezó el consejo de administración de Petrobras desconocía los actos de corrupción que allí ocurrían hasta que salieron a la luz pública y que nunca fue acusada por los fiscales del caso de haber tolerado o recibido sobornos. Lula también niega haber recibido favores indebidos de empresas contratistas del Estado, y sus colaboradores afirman que ha sido “blanco de una caza de brujas parajudicial” pese a que no existe ninguna acusación formal en su contra.

Pero la situación jurídica de Lula está en un impasse. Un ministro del Supremo, Teori Zavascki, pidió la semana pasada al juez Moro que enviase las investigaciones sobre el ex presidente para que su tribunal, máxima instancia de justicia de Brasil, las analice y decida qué hace con el expediente: si se lo queda en su órbita o lo devuelve total o parcialmente al magistrado de primera instancia. Zavascki criticó que Moro haya divulgado las conversaciones telefónicas interceptadas a Lula. El juez pidió disculpas al Supremo por la polémica que causó con ello, pero afirmó que Lula intentó “obstruir” e “intimidar” a la justicia y notó que, en una de las conversaciones grabadas, el ex presidente dijo a un interlocutor que quienes lo investigaban tenían que “tener miedo”.

¿Golpe?

La causa que Moro ha conducido en los últimos dos años se volvió el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. ya lleva más de 90 condenas emitidas y unos U$S 800 millones recuperados de los U$S 1.770 millones que, según la Fiscalía, se pagaron en sobornos. El dinero partía de contratos que Petrobras asignaba a las mayores constructoras del país, que actuaban como un cartel y desviaban porcentajes al PT y aliados, a políticos de varios partidos y a directores de la propia empresa estatal. Entre los detenidos están José Dirceu, que fue mano derecha de Lula en su primer gobierno, João Vaccari, un ex tesorero del partido de gobierno, ejecutivos petroleros y empresarios multimillonarios como el ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y cuatro meses de prisión.

Todo esto se supo a partir de medio centenar de acuerdos de colaboración que varios acusados firmaron con los fiscales en busca de reducir sus penas. Entre los delatores hay desde ex directores de Petrobras hasta “doleiros” que se encargaban de lavar el dinero. Uno de los últimos en sumarse a la lista es el ex líder del gobierno en el Senado, Delcídio do Amaral, quien en su delación mencionó a Rousseff (la acusó de saber de un esquema de sobreprecios en Petrobras y nombrar a un ministro del Supremo para liberar empresarios detenidos) a Lula (lo acusó de comprar el silencio de procesados), al senador y ex candidato presidencial opositor Aécio Neves (lo acusó de recibir sobornos) y al vicepresidente Michel Temer (lo acusó de apadrinar a un operador del esquema ilícito en Petrobras).

El contenido de esta delación es tan amplio que el Supremo lo dividió esta semana en 19 partes. Ahora la Procuraduría General de la República tiene que analizar los hechos y abrir nuevas investigaciones o anexarlas a otras que ya están en trámite. Si alguna de ellas involucra a gobernantes o políticos con fueros especiales, quedarán en la órbita del Supremo como ocurrió en casos anteriores. De lo contrario, podrían pasar al juez Moro, que ha sido criticado por Rousseff y Lula, pero se convirtió en ídolo de los manifestantes antigubernamentales que en marzo realizaron una de las mayores protestas callejeras en la historia de Brasil.

Rousseff enfrenta además en el Tribunal Superior Electoral denuncias opositoras de que su campaña de reelección en 2014 recibió dinero de la corrupción en Petrobras. Ella lo niega, pero si la mayoría de los magistrados de esa corte dieran la razón a los que la acusan, caería su mandato junto al del vicepresidente Temer.

Sin embargo, el riesgo mayor para la presidenta ahora es un impeachment en el Congreso. A diferencia de lo que ocurre en un juicio penal, este proceso previsto en la Constitución es esencialmente político. El pedido se encuentra actualmente en una comisión de Diputados que escucha argumentos de los acusadores y la defensa antes de emitir su parecer, posiblemente el 12 de abril. El expediente entrará luego al plenario de la Cámara, que lo votaría unos días después. Si al menos dos tercios de los diputados (342 votos en 513) aprueban el juicio político, la denuncia pasaría al Senado, para que decida por mayoría simple si la archiva o instaura el proceso de impeachment, en cuyo caso Rousseff sería apartada del cargo por hasta 180 días y el vicepresidente Temer asumiría su cargo.

Por todo esto, la decisión del mayor partido en el Congreso brasileño de romper su alianza con el gobierno cayó en el peor momento para Rousseff. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que cuenta con 68 diputados y 18 senadores, tomó la drástica medida el martes, por aclamación de su directorio, entre gritos de “Fuera PT” y “Temer presidente”. Además del vicepresidente, este partido repleto de escándalos está integrado por el líder de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que enfrenta serios cargos de corrupción en Petrobras mientras se empeña en acelerar el impeachment.

Todo esto ha intensificado las advertencias oficialistas sobre un presunto intento de “golpe” contra Rou­sseff, que suelen incluir a Temer, Cunha y hasta al juez Moro. No obstante, tres ministros del Supremo se han pronunciado hasta ahora sobre esa tesis, asegurando que el impeachment es un mecanismo previsto en la Constitución para apartar al presidente y no puede considerarse golpe si respeta las reglas establecidas. Además, el presidente de la máxima corte brasileña, Ricardo Lewandowski, que fue nominado por Lula y presidiría un eventual juicio a Rousseff en el Senado, sostuvo: “Golpe es una expresión que pertenece al mundo de la política y aquí nosotros usamos apenas expresiones del mundo jurídico”.

El PT tiene solo 58 diputados y con sus aliados más seguros no llega a 100 votos en la cámara baja, por lo que el gobierno está abocado a negociar el apoyo de otros grupos para evitar el impeachment. Cuando la denuncia entre al plenario, Rousseff precisa que al menos 172 diputados la rechacen, se abstengan o falten a la sesión. La oposición tampoco tiene asegurados los dos tercios necesarios para enviar el proceso al Senado, aunque parece más cerca de lograrlos tras la ruptura del PMDB con el gobierno. El Ejecutivo podría demorar el trámite con apelaciones ante el Supremo. Pero hay analistas que anticipan que, si la cámara alta abre el juicio político, sería el fin para Rousseff, antes incluso del veredicto.

“Siendo apartada (la presidenta) por hasta 180 días, no vislumbro la menor posibilidad de que el Senado no vote su impeachment definitivo”, señaló Melo, “porque ella incluso ya estará fuera del gobierno”.