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Entrando en la edad de los 60, con un sueldo promedio de $ 40.000 entre los 20 mejores años cotizados y un ahorro jubilatorio medio acumulado cercano a los $ 846.000. Ese es el perfil de la mayoría de los trabajadores que decidieron salirse de una administradora de fondos previsionales (AFAP) en el primer año de vigencia de la ley que dio esa opción para ciertos sectores.
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De las 33.000 personas que ese organismo asesoró, poco más de la cuarta parte (26%) decidió desafiliarse de una AFAP. Por ellas el BPS recibió casi U$S 150 millones en el primer año de vigencia de la ley que permite esta opción. Según un estudio de su Asesoría de la Seguridad Social, la mayoría tenían más de 40 años en 1996, cuando se reformó el régimen previsional y surgieron los dos pilares (de solidaridad intergeneracional en manos del BPS y de ahorro individual, manejado por las AFAP).
La ley, que rige desde febrero de 2014, prevé una instancia de asesoramiento del BPS para quienes quieran desafilarse, realizando estimaciones de la jubilación futura quedándose en la AFAP o aportando solo al pilar de solidaridad intergeneracional.
Los asesoramientos tuvieron una “tendencia decreciente”, pasando de unos 7.000 en los primeros meses de vigencia de la norma hasta estabilizarse en unos 3.000 mensuales en noviembre de 2014, según el estudio. Los números fueron similares en Montevideo y el interior.
“Sería de esperar que para el segundo año de aplicación de la ley la cantidad de asesoramientos sea inferior a la registrada en el primer año”, apunta la Asesoría. Esto coincide con la “correcta racionalidad” que las AFAP veían en las decisiones de los afiliados y que las llevaba a interpretar que la ley terminó de “consolidar” el sistema mixto (ver Búsqueda Nº 1.772).
A fin de agosto las AFAP tenían casi 1,3 millones de afiliados (aunque son una cantidad menor los que efectivamente aportan a su cuenta personal) y manejaban ahorros previsionales por el equivalente a U$S 10.390 millones aproximadamente.
Desafiliación.
En noviembre de 2013 se aprobó la ley 19.162 que permitió salirse del sistema mixto a quienes entraron de forma voluntaria, previo asesoramiento obligatorio en el BPS.
Existen dos caminos para desafiliarse de una AFAP. Uno comprende a quienes tenían más de 40 años en 1996 y no estaban obligados a optar por una administradora. Según cálculos citados en el estudio, 14.743 personas estaban comprendidas en esta opción, que supone que los ahorros generados retornen al BPS.
La edad promedio de quienes optaron por salirse del sistema en este caso fue 61 años, quienes cobraron un sueldo medio de $ 40.000 entre los 20 mejores años cotizados (que son base para el cálculo jubilatorio). Cada afiliado había generado un ahorro promedio de $ 846.010 en su AFAP.
La segunda posibilidad comprende a quienes ganan menos de $ 39.871 (el tope al partir del cual se obliga a estar en una AFAP). En esta opción, que supone deshacer el artículo 8 de la ley 16.713, están comprendidos más del 80% de los afiliados. Pero en este caso no se abandona el sistema de AFAP, sino que son los ahorros generados por debajo del mínimo obligatorio los que regresan al BPS. Si en algún momento el afiliado supera este umbral, sus ahorros vuelven a una administradora.
Pero, además de ganar menos de dicho monto, otro requisito para poder salirse que fijó la ley de desafiliación fue que tuvieran entre 40 y 50 años; 193.810 personas estaban en tal posición. Quienes finalmente hicieron uso de la opción fueron trabajadores con una edad promedio de 53 años y un sueldo de $ 22.000 en sus mejores años de cotización. Cada afiliado tenía un ahorro medio de $ 358.000 en su AFAP.
Aunque la ley permite un tiempo de reflexión, casi 75% de las 8.309 revocaciones se decidieron en el mismo momento del asesoramiento, de acuerdo con el estudio. Siguiendo la distribución del mercado que existe entre las cuatro empresas que componen el sistema, la mayoría correspondió a afiliados a República AFAP.
Entre marzo de 2014 y febrero de 2015 el BPS recibió U$S 72,2 millones por las desafiliaciones de los mayores de 40 años, y otros U$S 76,4 millones por las revocaciones del artículo 8.
“Si bien en este trabajo no se realizó un análisis financiero actuarial de las consecuencias de la ley, de las revocaciones realizadas en el período se puede deducir que en el corto plazo implicarían un flujo de ingreso importante” para el BPS, concluye. En el mediano y largo plazo, por el contrario, habrá un aumento de los egresos derivado de las jubilaciones que deberán pagarse a la población que retornó al organismo.
Activos y pasivos
En 2014 mejoró levemente la relación entre los trabajadores activos que financian la seguridad social y los que cobran una jubilación o una pensión. Según otro informe de la Asesoría de la Seguridad Social, se precisaron 2,68 cotizantes para cada jubilación; un año antes la cifra era de 2,70. El ratio se ha mantenido en niveles superiores a 2,60 desde 2009.
El análisis apunta que los cotizantes a la seguridad social “han tenido un crecimiento constante” desde 2003, con una suba “explosiva” entre 2004 y 2008 asociada al crecimiento que mostró la economía uruguaya. En 2014 se alcanzó el récord de casi 1,5 millones de trabajadores aportando al sistema, casi 60% más que en 1995 (año tomado como base).
A su vez, las pasividades “comenzaron a crecer” a partir de 2009 por la ley de flexibilización de las jubilaciones, que bajó la cantidad de años de servicio exigidos y permitió, por ejemplo, el cómputo de años trabajados por cada hijo para las mujeres. En 2014 se registraron 552.124 jubilaciones, 25% más que en el año base.
Según el estudio, el año pasado los cotizantes y la cantidad de pasividades aumentaron, pero no en el mismo nivel; la suba fue de 0,9% y 1,8%, respectivamente.
