Esta información apareció en sendos documentos elevados a la Justicia, en forma separada, por los expertos Álvaro Rico e Isabel Wschebor en el marco de investigaciones acerca del pasado reciente y de la búsqueda de los desaparecidos y provocó fuertes reacciones de algunos de los mencionados, e incluso el pedido de la creación de una comisión investigadora parlamentaria por parte del Partido Comunista (PCU).
La información que atesoraba el coronel, contenida en 65 cajas, pasó a manos del Poder Judicial luego de que la jueza penal Beatriz Larrieu allanara el año pasado, poco después de su muerte, su residencia, ubicada a tres cuadras de la sede de la Dinacie, en Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros.
Fuentes de inteligencia dijeron a Busqueda que una de las posibles explicaciones al robo que se produjo en el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Facultad de Humanidades es que se trató de una respuesta al allanamiento a la casa de Castiglioni.
Servicios semi-controlados.
La autonomía de los servicios de inteligencia fue una de las preocupaciones de los políticos luego de recuperada la democracia en 1985.
La “ley de caducidad” dispuso el mando rotativo de inteligencia militar por las tres fuerzas, bajo la órbita de Defensa, pero el gobierno de Luis Lacalle tuvo fuertes dolores de cabeza, en especial por el espionaje entre los propios militares y en relación con el cinematográfico caso del químico chileno Eugenio Berríos.
Antes de dejar su segundo gobierno en 2000, Sanguinetti creó por decreto la Dinacie, con el objetivo de que se convirtiera en la agencia de inteligencia de Estado sin capacidad operativa pero con un fuerte componente de análisis.
Sanguinetti designó para conducir ese proceso al general Francisco Wins, que buscó transformar la inteligencia militar en inteligencia estratégica de Estado, aunque tuvo que enfrentar las resistencias al cambio en las propias Fuerzas Armadas y en especial de la Policía, que no estaba dispuesta a ceder parcelas de poder.
Finalmente, Sanguinetti dejó por el camino la idea de crear una Junta Coordinadora de Inteligencia, que solucionara el problema de la comunicación entre las alrededor de diez agencias de inteligencia que funcionan en el país.
Qué hicieron los servicios de inteligencia desde 2005 en adelante, cuando ganó el Frente Amplio, también es una pregunta de difícil respuesta.
La ex ministra de Defensa, Azucena Berrutti, designó al ex militante del MLN-Tupamaros Augusto Gregori, con el que había trabajado en la Intendencia de Montevideo, para tratar de reorganizar los servicios de inteligencia que dependían de su cartera.
Fuentes políticas dijeron a Búsqueda que Gregori, ademas de tratar de controlar las actividades de Castiglioni, encargó al coronel Roberto Meyer reorganizar el servicio para que de los 250 funcionarios con rango militar se pasara a una estructura más pequeña, con 120 empleados, con 80% de civiles con formación terciaria.
El nuevo servicio se iba a instalar en el edificio Persico, en Yi y Mercedes, donde antes había funcionado la Dirección de Aviación Civil.
El proyecto, que contaba con el respaldo de Berrutti, sin embargo, fue interrumpido cuando asumió José Bayardi, que hasta entonces era subsecretario.
Berrutti había dejado el Ministerio alegando razones de salud, aunque fuentes cercanas a la ex ministra dijeron que chocó con algunos integrantes del gobierno y que decidió dejar el cargo luego de un “bochornoso” episodio en el cual se publicaron en internet, llamando la atención de las principales agencias de inteligencia del mundo, los nombres de todos los funcionarios de Dinacie.
Bayardi, que estuvo al frente de la cartera entre marzo de 2008 y el 31 de agosto del año siguiente, cuando regresó al Parlamento, consideró que no era conveniente que esa repartición estuviera al mando de un coronel, porque debido a la importancia de la función se necesitaba a un general, una jerarquía que es de confianza política.
Bayardi dijo a Búsqueda que su criterio fue que antes de realizar los cambios hacía falta discutir y votar una ley de inteligencia, algo que aún no ha ocurrido.
Eso también podría explicar que durante su primer gobierno Tabaré Vázquez haya optado por no cubrir la vacante de coordinador de inteligencia creada en la primera ley de Presupuesto, luego de que se las ofreciera al general Hebert Fígoli y al ex subsecretario del Interior Juan Faroppa.
En la vieja casona de la Inteligencia Militar, vecina a la de Castiglioni, funciona hoy el Estado Mayor de la Defensa (Esmade) al mando del general Nelson Pintos, ex edecán de Vázquez.
La Dinacie, sucesora del Servicio de Información de Defensa (SID), creado por el coronel Ramón Trabal a fines de la década de 1960 y que tuvo un papel importante durante la dictadura, dejó de llamarse Dinacie y pasó a ser un departamento más del Esmade con el nombre de Dirección de Inteligencia Estratégica Militar (DIEM), al mando de un coronel.
En este momento el jefe del DIEM es el coronel Luis Suárez, que había formado parte, junto con Meyer y otros, del equipo de Gregori que funcionó en el piso 10 de la Torre Ejecutiva durante una parte del gobierno de José Mujica.
“Es un error, le quitaron autonomía y está un escalón más abajo”, dijo a Búsqueda un oficial con rango de general que fue director de Dinacie.
A su vez, un parlamentario de la oposición con vasta experiencia en la materia opinó que espionaje militar como el mencionado en los informes de Wschebor y Rico “lamentablemente ha existido desde hace mucho tiempo, con mayor o menor conocimiento de los mandos y del mando civil”, pero que “el sistema político siempre ha querido mirar para el costado”.
La era del coordinador.
El ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, en tanto mejor defensor de la corporación militar, no facilitó las cosas para que su ex compañero del MLN-T Gregori avanzara en su tarea de coordinar la inteligencia.
Gregori, que no aceptó hacer declaraciones a Búsqueda y prometió que lo hará luego de que publique un libro de memorias, tuvo serias dificultades para avanzar.
El propio presidente Mujica tenía poca confianza en el trabajo de inteligencia y más de una vez dijo que prefería tomar las decisiones por olfato y luego de consultar con sus propias fuentes y no a partir de informes.
A su vez, Mujica estaba presionado por la oposición debido al temor que produjo la presencia de un tupamaro al frente de un tema tan delicado, y decidió su cese, aunque luego cambió de idea y le pidió que se quedara para acordar un proyecto con los parlamentarios.
El trabajo de Gregori, Bayardi y la diputada Ivonne Passada, asesorada por dos oficiales del Ejército, se sumaron a los aportes de la oposición. Los colorados, en especial, estaban preocupados por las escuchas telefónicas y los blancos por el control parlamentario.
Además de discutir la normativa, Gregori organizó cursos de capacitación para funcionarios civiles y militares y armó un pequeño staff de especialistas.
Finalmente, renunció para no enfrentarse con el presidente, a su vez presionado por Fernández Huidobro.
En esos días se conoció la existencia de un video anónimo con amenazas a los jueces, que fuentes de inteligencia consultadas por Búsqueda indicaron fue realizado por civiles, al menos uno de ellos, un abogado ya fallecido.
El cargo vacante fue ocupado en junio de 2012 por el ex jefe del Esmade, José Bonilla, que había pasado a retiro por edad.
Bonilla no había actuado en inteligencia pero buscó aprovechar su estilo de comunicación llana para evitar que en las agencias ganaran las “chacras”.
Un camino parecido tomó Vázquez, quien este año designó como coordinador a su ex edecán Washington Martínez, una vez que este cesó como comandante de la Fuerza Aérea.
Martínez formó un equipo con oficiales de las tres fuerzas.
El diputado Gustavo Penadés, uno de los legisladores que integró la comisión bicameral que redactó un proyecto durante la legislatura pasada, visitó al general Martínez y le propuso que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto para que pueda ser aprobado.
Un jerarca de la Torre Ejecutiva dijo a Búsqueda que “los lineamientos del presidente son coordinar y prever en apoyo a los grandes lineamientos estratégicos del Estado”, porque se parte de la base de que “Inteligencia es hoy prever qué pasará en los próximos cinco o diez años” en temas estratégicos como “la contaminación, los recursos naturales, los recursos energéticos”, además de “terrorismo, narcotráfico y el lavado de activos”.
Una pata fuerte del sistema es la inteligencia policial. Se supone que los ocho departamentos de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial (DGIIP) trabajan como auxiliares de la Justicia y que no hacen inteligencia sin autorización de un juez.
Sin embargo, un ex jefe de la DGIIP se presentó ante la Justicia penal porque considera que se cometieron irregularidades en relación con una investigación por lavado de activos que involucró al actual subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, cuando era jefe de la Dirección General Impositiva (DGI).
El caso, a cargo de la jueza penal Fanny Canessa y la fiscal Silvia Castelli, involucra la gestión del ex director de la DGIIP José Colman.
Fuentes policiales dijeron a Busqueda que la Justicia deberá investigar si hubo pesquisas secretas sobre Ferreri, sin orden del juez Néstor Valetti y si se quiso usar el caso con fines políticos en medio de la campaña electoral de 2014.
Información Nacional
2016-09-08T00:00:00
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