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Las dos corrientes mayoritarias del PIT-CNT, integradas por militantes de Articulación y del Partido Comunista, se aliaron en busca de mitigar la crisis que estalló por la gestión del Plan de Vivienda Sindical (PVS), afectado por una serie de denuncias sobre el manejo de los recursos para la construcción de viviendas, indicaron a Búsqueda fuentes sindicales.
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Ayer miércoles 18, la Mesa Representativa de la central discutió un informe de la “comisión política” designada de forma urgente por el secretariado para abordar las denuncias que salpicaron a la conducción del movimiento sindical y sobre todo al coordinador Marcelo Abdala, dirigente comunista y del sindicato metalúrgico Untmra, que desde 2011 carga sobre sus espaldas la conducción del plan.
Mientras la mayoría de los dirigentes se llamó a tenaz silencio, uno de los tres coordinadores de la central, Fernando Pereira, dijo a Búsqueda que luego de realizar consultas con abogados, el secretariado resolvió suspender el contrato firmado con la empresa Vivamax, dos de cuyos integrantes habrían realizado maniobras fraudulentas en perjuicio de al menos dos empresarios, uno de ellos de Tacuarembó, que ahora son investigadas por la Justicia penal.
El empresario norteño se presentó el lunes 16 ante el PIT-CNT y denunció que también fue estafado por los gestores con los que la central firmó un contrato para la construcción de 3.000 viviendas, informó “El País” ayer miércoles. El empresario relató al coordinador Pereira, que “en todo momento los gestores señalaron que representaban a la central sindical y esgrimieron un contrato firmado entre la central y Burgos”.
Durante las tres sesiones que realizó hasta ahora la “comisión política” integrada por los representantes del secretariado Abdala, Pereira, Beatriz Fajián, Richard Read, Iván Hafliger, Gustavo Signorele, Carlos Cachón y Edgardo Oyenart para abordar la crisis, explicaron algunos de sus miembros, fue cuestionada sin éxito la continuidad del dirigente metalúrgico Eduardo Burgos al frente del PVS, que recibió el respaldo de la mayoría.
La difusión de informaciones que afectaron en especial a Abdala y Burgos como responsables del PVS comenzaron el 10 de octubre, cuando Búsqueda publicó un informe acerca del funcionamiento del plan donde se mencionaba el vínculo con la empresa de casas prefabricadas Umissa y la gestión del promotor Sergio Lindner y luego por una serie de notas publicadas desde el viernes 6 por “El País” acerca de la presuntas estafas.
Lindner fue “vetado” como gestor por el Ministerio de Vivienda debido a una serie de irregularidades que se produjeron durante su gestión como promotor privado.
Aunque el empresario envió una carta al semanario alegando que el expediente no había llegado a ninguna conclusión, el propio Abdala reconoció que se le pidió que “bajara el perfil”. No obstante, siguió al frente del Instituto de Asistencia Técnica (IAT) que maneja fondos por unos cinco millones de dólares pertenecientes a unas 320 cooperativas, a pesar de las advertencias recibidas desde mucho antes por veteranos dirigentes de la Federación Ancap.
Las fuentes consultadas por Búsqueda indicaron que Lindner realiza un manejo discrecional del IAT y llamaron la atención acerca de la forma de contratación de los técnicos y de los costos que deben asumir las cooperativas.
El martes 3, Read había elevado un pedido de informes a nivel de la central.
El dirigente de los judiciales Signorele explicó a Búsqueda que a pesar de sus reservas respecto a cómo Burgos condujo hasta ahora el plan de viviendas, también “hubo omisión del secretariado (que integra) porque uno es responsable por acción u omisión”.
“Campaña mediática”.
Después de escuchar el informe de los integrantes de la comisión, la Mesa resolvió —ante la “campaña mediática sobre presuntas irregularidades en el programa de vivienda sindical”— aprobar el informe que establece “claramente hasta el día de hoy, que no ha existido dolo ni corrupción de ningún tipo por parte de ningún miembro de la Comisión de Vivienda de nuestro PIT-CNT”. La misma declaración decidió “encomendar a la comisión investigadora que siga trabajando a los efectos de proponer todos los correctivos necesarios para enmendar los posibles errores en aspectos del trabajo del PVS”.
Sin embargo, el delegado de COFE, José Lorenzo López, dijo a Búsqueda que aunque “en lo personal no tiene derecho a dudar de la honorabilidad de Burgos, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, en cambio considera “un error táctico establecer una moción de respaldo sin que la comisión investigadora hubiera terminado de laudar”.
El respaldo a la gestión de Burgos y de hecho de Abdala en el PVS fue pactado en una reunión previa entre las dos corrientes mayoritarias preocupadas por el impulso que el dirigente de la bebida, Read, escindido de Articulación y al frente de una nueva corriente Orientación Sindical Unitaria 5 de Marzo, había dado a las denuncias.
Aunque Read asistió a las reuniones de la “comisión política” que escuchó a los empresarios y a los dirigentes afectados, ayer no asistió a la Mesa Representativa, aunque un dirigente de su sindicato respaldó las posiciones menos complacientes con el trabajo del PVS.
“Debe haber una crítica de la dirección por no estar encima de estos proyectos y una crítica de que no hayan informado desde la comisión, pero una cosa es un error y otra cosa es una joda” había dicho la semana pasada el coordinador Pereira.
Viviendas baratas.
La creación del PVS fue una decisión del último congreso y del Secretariado del PIT-CNT a propuesta del sindicato metalúrgico y en la cual no participó, paradójicamente, el sindicato de la construcción. Durante una entrevista en radio El Espectador, Abdala reconoció que se firmó “una carta de intención, un contrato que establece (...) la construcción de un conjunto de viviendas (...) para aquellos integrantes del PVS que por sus ingresos no puedan acceder directamente a los préstamos” de la Agencia Nacional de Viviendas, pensados para familias con ingresos menores a unos 42.000 pesos.
En efecto, el PVS está pensado en dos vertientes: cooperativas de viviendas formadas en todo el país con el asesoramiento de Lindner para acceder a un máximo de 1.000 viviendas al año y por otro lado convenios con el Banco Hipotecario y Bandes Uruguay para que accedieran a viviendas aquellos trabajadores con ingresos mayores a las 60 Unidades Reajustables que no entran en la reglamentación del Ministerio.
En julio pasado, durante la cumbre del Mercosur, el presidente del Bandes de Venezuela, Temir Porras, firmó un convenio de fideicomiso con el PIT-CNT y la empresa constructora Calpusa, que había sido investigada en relación a obras en la Armada.
Las fuentes consultadas por Búsqueda indicaron que en el sindicato de la construcción, Sunca, existe un fuerte “fastidio” con la forma en que la Untmra condujo el PVS, aunque finalmente se plegaron a la posición de respaldar la gestión para preservar la unidad y la imagen del movimiento sindical.
“Espero que lo arregle el PIT-CNT”, dijo ayer miércoles el presidente José Mujica al ser consultado por “El País”, mientras almorzaba en un restaurante de comidas rápidas en el centro de Montevideo.
