Es también consecuencia de una impronta particular de ejercer su trabajo. A diferencia de otros fiscales —y de la propia recomendación que realiza la Fiscalía General de la Nación a través del Código de Ética—, Fossati ha optado por utilizar su cuenta personal de Twitter y Facebook para establecer su postura o manifestar discrepancias con gobernantes, colegas o hasta con decisiones de Fiscalía. En el marco de esta investigación, la fiscal cuestionó al Ministerio Público por su falta de apoyo y pidió que la sacaran del caso, lo que motivó una conferencia de prensa del fiscal de Corte, Juan Gómez, para respaldarla. También cuestionó al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, de la cual no forma parte, y apuntó contra la profesionalidad del director de informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve.
Esa filtración, como las que ocurren en muchas investigaciones, preocupa al gremio de fiscales. Consideran que surgen juicios paralelos entre los ciudadanos, que pueden instalar en la opinión pública una conclusión antes de que la Fiscalía concluya si existe o no mérito de imputar a una persona.
El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, aseguró el miércoles 7, en rueda de prensa, que las conversaciones que mantuvo con Fossati han sido estrictamente profesionales, a través de oficios. Consultado por Búsqueda, descartó haber tratado su exposición pública y señaló que era aconsejable para los fiscales cuidar el uso que le dan a las redes sociales, aunque aclaró que era una sugerencia general, no relacionada con este caso particular.
El jueves 1º de diciembre la fiscal había informado a través del responsable de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, que “la investigación es de carácter reservado” y que mientras se lleve adelante no iba a “transmitir información y tampoco confirmar información”.
Sin embargo, apenas unos días después, Fossati era otra vez protagonista. El domingo 5, cuestionó públicamente al senador Bergara, que manifestó que el presidente Lacalle tenía “coronita” y no iba “a ser investigado”. Las palabras del legislador eran consecuencia de otras declaraciones anteriores de la magistrada a El Observador, el martes 29 de noviembre, donde aseguró que no tenía en su poder los chats entre Astesiano y Lacalle, que se había excluido de la investigación a partir de un “requisito desde Presidencia” para la entrega voluntaria del celular.
Desde el Poder Ejecutivo negaron esta información, aunque el presidente debió informar en una conferencia de prensa que el día de la detención de Astesiano se comunicó con el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, para manifestarle la preocupación sobre la filtración de conversaciones privadas. Lacalle también indicó que el pedido —de excluir las conversaciones— no fue suyo sino del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
Desde Fiscalía General de la Nación, en tanto, plantearon a través de un comunicado que “la decisión de qué información incorporar a la carpeta de investigación y qué información desechar corresponde únicamente al equipo fiscal que lleva adelante la investigación”.
Fossati emitió un mensaje a través de Benech, donde cambió su versión y aseguró que “el no uso de los chats entre el presidente y Astesiano partió de lo que fue una mala comunicación de los intermediarios, particularmente de personal de Inteligencia, que estuvo en la noche de la detención” del exprincipal de la custodia presidencial.
En respuesta a Bergara, Fossati llamó a través de Twitter a la “prudencia, sobre todo a aquellos que tienen impacto en la opinión pública”. También relativizó la denuncia de los legisladores: “Hablar de ‘espionaje’ con la información recabada al momento carece de fundamentos. Dejen trabajar a la Fiscalía a cargo del caso”, indicó.
En la misma publicación, volvió a plantear una polémica: aseguró que ambos legisladores fueron citados el jueves pasado a la Fiscalía, pero Bergara canceló y Carrera pospuso su comparecencia. Eso motivó otra aclaración de los frenteamplistas. Bergara prefirió “complementar” la información y aseguró que, a pesar de que no hubo citación formal, mantuvieron una conversación telefónica que consideró suficiente para manifestar la preocupación, que se sumó a la reunión que tenían con Gómez una hora antes.
Carrera, en tanto, planteó que luego de ese encuentro con el fiscal de Corte era la sesión especial por fueros, por lo que esas fueron sus razones para posponerlo, y que realizó las aclaraciones porque “parecería que se quiere instalar en la opinión pública la idea de que no queremos colaborar con la Justicia”.
Fiscalía General de la Nación en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
Confrontación virtual, un sumario y dos renuncias
El perfil polémico de la fiscal y su uso de las redes sociales no es nuevo. Tras la entrada en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal en 2017, Fossati tuvo una mirada crítica y en 2018 cuestionó en su Facebook que la trasladaran de la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno de Montevideo hacia la Fiscalía de Montevideo de 1er turno, con las causas del Código anterior. Dijo que fue como “castigo” por “contar las cosas que pasan en la Fiscalía General”. Aseguró que era “perseguida” por el entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, que terminó siendo convocado al Parlamento.
Fossati también cuestionó reiteradas veces al gremio de fiscales, por decisiones que se tomaron por consenso o amplia mayoría en la comisión directiva. La fiscal renunció a la asociación en 2019, solicitó entrar en 2020 y volvió a alejarse en 2021. Esta última vez lo hizo tras denunciar por violencia de género al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, y reclamar que no fue investigado. La decisión la informó a través de su cuenta de Twitter.
“Hoy he presentado por última vez mi renuncia al gremio de fiscales. Dos veces regresé con la esperanza de que la cordura y la unidad primaran. No puedo pertenecer a un gremio que no investiga denuncias por violencia de género internas”, escribió.
La situación denunciada se había dado durante una reunión por Zoom. Fue analizada por el Tribunal de Conducta, que concluyó que no merecía un reproche. Desde el gremio en ese momento resolvieron no exponer la situación para evitar generar otra discordia que pudiera debilitar la institucionalidad de la Fiscalía y la asociación.
Sin embargo, tras expresiones del senador Jorge Gandini de que había investigaciones que se procesaban más rápido en este gobierno que en el anterior y ya con el caso Astesiano en manos de Fossati, Rosa fue consultado sobre la investigación. El presidente del gremio de fiscales aseguró que sus afirmaciones eran injustas. A través de Twitter, Fossati entró en la polémica y afirmó que la respuesta del titular del gremio “no es gremial” sino “claramente política” y que no lo autorizaba a referirse a su trabajo.
Los problemas de relacionamiento con otros actores llevaron a que la fiscal Gabriela Fossati fuera sumariada en 2005 cuando era fiscal en Maldonado. El proceso derivó en su traslado a un cargo de similar jerarquía fuera del departamento.
Mientras trabajaba en Rocha, actuó en un caso vinculado al balneario Mar del Plata que iba a analizar el fiscal Ricardo Perciballe cuando volviera de su licencia. En ausencia de Perciballe, Fossati pidió la prescripción adquisitiva del balneario a favor de un privado. La jueza Amalís Martínez, que accedió al pedido, fue destituida por la Suprema Corte de Justicia, luego de realizar una investigación administrativa a raíz de la polémica decisión judicial. Por ese caso Fossati no fue sancionada.
Fossati durante una audiencia por el caso Astesiano en el juzgado de Juan Carlos Gomez en Montevideo. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS
“Ya no me interesa”
Consultada por Búsqueda sobre los cuestionamientos realizados por otros fiscales sobre su exposición, Fossati aseguró que se han realizado con “mala intención” y que responde a una “interna” que hay en el Ministerio Público. Dijo que ella es “muy franca, directa”, y que jamás se mete en el trabajo de sus colegas.
La magistrada aseguró que algunas aclaraciones públicas las hizo porque había “muchas cosas” que no había dicho, pero que resolvió “bajar el perfil” porque no se la “entendió”.
“Alguien tiene que poner un punto final y, para autoprotegerme, decidí ponerlo yo”, expresó.
La fiscal entiende que el ambiente que se generó “no le hace bien a la investigación” que tiene “muchos intereses en juego”. Además, manifestó que la forma en que se habla de ella le generó consecuencias.
“Ha afectado mi vida, mi salud y a mi familia”, dijo. Y volvió a decir que le hubiera gustado “otra protección” por parte del Ministerio Público.
Sobre su traslado a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, algo que había sido propuesto por Gómez en abril de este año, Fossati aseguró que “es un tema terminado”, del cual “es absurdo que se siga hablando”.
“Cambiar de Fiscalía ya no me interesa”, afirmó.