La flexibilidad en los pagos y nuevos préstamos permitieron mantener baja la morosidad en todos los sectores de actividad

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Nº 2082 - 30 de Julio al 5 de Agosto de 2020

Cuando se conocieron los primeros casos de Covid-19 en el país y se declaró la emergencia sanitaria, algunos ejecutivos bancarios se imaginaron un escenario de crisis, con similitudes a la del 2002. Pero no una corrida de depositantes —porque hoy hay confianza en el sistema y las entidades están mucho más sólidas—, sino un freno abrupto en la demanda de crédito y más incumplimientos de pago tanto de empresas como individuos. Sin embargo, eso logró evitarse al darles postergaciones en las amortizaciones, lo que pudo hacerse ya que al mismo tiempo el Banco Central (BCU) toleró que no hubiera una recategorización de esos créditos y el Ministerio de Economía reforzó el Sistema de Garantía (SiGa) para respaldar nuevos préstamos para las firmas de menor tamaño.

Las estadísticas relativas a la morosidad muestran que ese plan para evitar un corte en la cadena de pagos dio resultado: a fin de mayo los créditos impagos eran 3,2% del stock total. Si bien la proporción de créditos vencidos aumentó en algunos sectores —como el agro—, la tendencia general fue de reducción. La cartera más problemática era la de la construcción, si bien la morosidad en ese rubro era de 5,6%, a comienzos de 2018 superaba el 17%.

Esos porcentajes informados por el BCU son calculados sobre créditos totales que disminuyeron, particularmente en marzo (mes en que se declaró la emergencia sanitaria) y abril. El stock bajó de US$ 9.167 millones a fin de febrero a US$ 8.710 millones un mes después y a US$ 8.588 millones al cierre de abril. En mayo aumentó a US$ 8.773 millones; de junio solo están disponibles los datos correspondientes a los bancos privados y muestran una relativa estabilidad (US$ 8.771 millones).

Con base en los balances de 2018 y 2019 de 2.000 empresas —la mayoría pequeñas y medianas, con facturación menor a US$ 10 millones anuales—, la consultora Exante analizó en un informe publicado hace algunas semanas la “espalda financiera” con la que contaban para enfrentar el escenario derivado de la emergencia sanitaria. Unas 300 (15% del total) cerraron con pérdidas netas y otras 200 (10%) tuvieron un resultado positivo pero “muy pequeño” (menos de 5% de su patrimonio). Respecto a las disponibilidades de caja, en la mitad de las firmas era inferior a 13 días de ventas.

De todos modos, las empresas analizadas presentaban niveles de endeudamiento bancario “moderados”, por lo que según Exante no cabría esperar un “deterioro muy importante de las condiciones financieras si la recesión es corta (aunque profunda) y la recuperación es vigorosa”.

Al igual que el crédito bancario corporativo, el dirigido a las familias también se mantuvo relativamente bajo. El 3,2% estaba vencido en mayo pasado, lo que, si bien es un nivel mayor al de los meses previos, es menor al que se vio en gran parte de 2017 (en torno a 3,4%), por ejemplo.

De todos modos, las familias de ingresos medios bajos y bajos en general no se financian a través de los bancos, sino de las administradoras de crédito. En este sector la morosidad es más elevada (20,4% en mayo), pero en torno a esos niveles se ubica desde mediados de 2017.

Apoyo a empresas

El 6 de abril quedaron habilitadas nuevas condiciones para el SiGa, y desde entonces se otorgaron unos 7.000 créditos por US$ 220 millones, respaldados por este sistema administrado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). Esas cifras indican que se está “por buen camino”, valoró su presidenta, Carmen Sánchez, cuando el jueves 9 compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado para exponer sobre el proyecto de ley que amplía el SiGa a medianas y grandes empresas. En 2019 se habían garantizado US$ 45 millones.

“Ha sido una herramienta fundamental en esta etapa para atender los problemas que enfrentaban las empresas y los problemas de empleo derivados de sus dificultades”, ponderó por su parte el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Hernán Bonilla.

Sánchez dijo que todavía se están definiendo las condiciones operativas de las garantías para las firmas de mayor porte, que estimó en alrededor de 900 que emplean a unos 250.000 trabajadores.

Para acotar el riesgo de una concentración excesiva del SiGa, una alternativa que evalúa el gobierno es segmentarlo: por un lado el fondo ya vigente para respaldar créditos a micro, pequeñas y medianas (mipymes), y por otro para las medianas y grandes. A su vez, este último tendría “topes de garantía justamente para que no se llegue a dar una garantía de US$ 2 millones, por decir un disparate”. Además, para “las grandes corporaciones” no serán “las mismas condiciones de garantía” prevista para una “pequeña empresa o almacén”, avanzó.

El SiGa para las mipymes permite que las instituciones financieras den créditos por el 80% de cobertura; en el caso de las medianas y grandes, ese porcentaje será menor, informó Andrea Gandolfo, otra funcionaria de la ANDE. Se piensa en otorgar diferentes coberturas “de acuerdo con la calificación que ya tienen en el sistema financiero. Esa es otra de las condiciones que vamos a estar analizando y evaluando.  Hay varios aspectos en los cuales uno evalúa el riesgo de este tipo de empresas: cómo vienen trabajando en el sistema financiero, cuál es su historial y cómo se pueden apoyar hoy para tratar de mantener los aspectos que se consideraban”.

A las empresas medianas y grandes se les cobrarán comisiones “un poco más grandes o más altas” que a las mipymes, añadió.

“Es una parte importante para la inyección de liquidez que queremos darle a la economía a fin de que siga funcionando de la forma más normal posible a pesar de esta situación”, sostuvo Bonilla.

Economía
2020-07-30T00:00:00