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Apenas terminó su reunión con José Mujica, el multimillonario hungaro-norteamericano George Soros anunció su respaldo a la legalización de la producción y venta de marihuana impulsada por el gobierno uruguayo. “No sabemos cuál es el mejor tratamiento, tenemos que experimentar y Uruguay es uno de los países experimentando”, declaró Soros el 17 de diciembre. Pronto esa frase se volvió un argumento recurrente entre los detractores de la ley, quienes advierten que la estrategia delineada por el Poder Ejecutivo implica un salto al vacío.
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Las críticas hacia la norma que autoriza y regula el comercio de la marihuana y que habilita su autocultivo, no impidieron que Soros mantenga su palabra y que Open Society Fundations (OFS), organización que creó en 1979, haya resuelto destinar U$S 500.000 en 2014 para financiar diversos proyectos vinculados al estudio de la puesta en marcha de la ley. En particular, la fundación apoyará propuestas educativas de la Universidad Católica y de la Universidad de la República, así como algunas investigaciones sobre el consumo de drogas.
Antes de que se aprobara la ley el 10 de diciembre, Open Society financió parte de la campaña publicitaria a favor de la medida que contrató la organización uruguaya Regulación Responsable en medios de todo el país. “Ahora nuestros esfuerzos estarán enfocados en apoyar los esfuerzos de monitoreo y evaluación independientes que busquen construir evidencia sobre el impacto de la ley, y también apoyar la educación y la formación”, declaró a Búsqueda el director regional para América Latina y el Caribe de Open Society, Pedro Abramovay.
“La propuesta del presidente Mujica de legalizar y regular la venta de marihuana nos tomó por sorpresa. Antes de esto, Open Society Fundations había trabajado este tema en los Estados Unidos, donde en 2011, por ejemplo, alguien era arrestado por marihuana cada 42 segundos, un desperdicio de recursos policíacos terrible. OSF ha estado trabajando para intentar reducir el sobreencarcelamiento de personas por uso de drogas debido a las leyes punitivas”, explicó Abramovay. En cuanto a la iniciativa uruguaya, consideró natural que la organización respalde los esfuerzos de un país para “crear un mercado de la marihuana más sensato y menos punitivo”.
El responsable de la organización para América Latina y el Caribe sostuvo que OSF no pretende incidir en el contenido de la normativa uruguaya, ni en su aplicación posterior. “Pensamos que será importante apoyar los esfuerzos de monitoreo y evaluación independientes, para que todos —en Uruguay y en otros países— puedan comprender el impacto completo de la ley”.
Abramovay dijo que el trabajo de la OSF en Uruguay debe contemplarse en una “perspectiva más amplia”, dado que la organización destinó durante 2013 en toda la región U$S 23 millones a proyectos vinculados a los derechos humanos, la seguridad ciudadana, la transparencia del gobierno, la migración y las políticas de drogas.
Intercambio.
En el 2014 Open Society prevé destinar U$S 500.000 a iniciativas que aplicarán diversas instituciones uruguayas para medir el impacto de la ley que autoriza y regula la venta de marihuana en farmacias y otras propuestas vinculadas a la política de drogas en Uruguay.
Con parte de ese dinero se financiará un trabajo conjunto entre la Universidad Católica (UCU) y la Florida International University, de Estados Unidos, para conocer las “actitudes de la población y los consumidores frente a la nueva ley”, dijo a Búsqueda Rosario Queirolo, responsable de la Secretaría de Investigación y Porducción Académica de la institución uruguaya.
El proyecto incluye intercambio de profesores entre las dos universidad y la posibilidad de que docentes de la institución de Estados Unidos den cursos en la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Católica. En los hechos, Open Society financiará dos becas para estudiantes de esa maestría que se quieran especializar en políticas de drogas. “Que se formen académicos locales”, explicó Queirolo, “no solo sirve para implementar la política en Uruguay, sino que permite dar insumos y generar información para otros países que están evaluando tomar medidas similares”.
Diploma.
La Universidad de la República está trabajando en un proyecto para iniciar un Diploma en Política de Drogas, que de aprobarse será dictado en conjunto por seis facultades: Derecho, Humanidades, Ciencias Sociales, Psicología y Medicina. Al igual que el trabajo de la UCU, ese curso contará con el apoyo de OSF y de la Junta Nacional de Drogas.
“Lo que a nosotros nos preocupa es cómo trataríamos el tema de la socialización del conocimiento, la pertinencia y la relevancia social y académica de la problemática vinculada a las políticas de drogas”, declaró a Búsqueda la decana de Ciencias Sociales, Susana Mallo. “Nuestra visión es una visión absolutamente académica”.
El proyecto todavía está en discusión y requiere la aprobación del Consejo Directivo Central de la Universidad estatal.
Comité.
Si bien la OSF tiene una “muy buena relación” con el gobierno uruguayo, no entregará dinero directamente al Estado, aunque sí “apoyará” algunas reuniones del Comité Científico internacional encargado de asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de los decretos reglamentarios y la puesta en marcha de la ley.
El Comité Científico estará integrado por especialistas locales e internacionales, entre los que se encuentra un representante del gobierno de Brasil, y tendrá su primera reunión en marzo.
Según informó Abramovay, el respaldo a las actividades del Comité se hará a través del dinero que Open Society entregó a la Fundación Friedrich Ebert, una organización alemana que trabaja en Uruguay desde el fin de la dictadura en 1985.
