Entrevistado el martes 13 en Radio Uruguay, Bayardi dijo que no actuó porque no estaba informado, como subsecretario ni luego como ministro.
Cuando los periodistas leyeron al aire una parte de la nota de “Brecha” que aludía a la supuesta preocupación del presidente por la interrupción de las actuaciones iniciadas por Berrutti, Bayardi respondió: “Pensar que Vázquez se puede lamentar de la inacción de un ministro y no hacer nada es no conocer a Tabaré Vázquez”.
El relevo de Berrutti por Bayardi se produjo al mismo tiempo que el presidente había lanzado su iniciativa de “punto final” y “dar vuelta la página”. En efecto, el 19 de junio de 2007 convocó a civiles y militares a la Plaza Independencia y se abrazó con el senador colorado Pedro Bordaberry. Un año después, hizo un discurso en la misma línea desde La Habana, mientras en Montevideo había intentado un acuerdo con militares y dirigentes de todos los partidos. La suspensión de la operación iniciada por la ministra y el comienzo de una política más tradicional en Defensa pueden ser interpretadas como un cambio decidido por el propio presidente. Esa línea de razonamiento indicaría que Vázquez, igual que luego José Mujica, buscó mantener un equilibrio entre diferentes posiciones internas dentro del oficialismo y la propia interna militar, según varios dirigentes oficialistas consultados por Búsqueda. Eso, y no solo el pedido de Mujica, explicaría que haya mantenido a Fernández Huidobro al frente de la cartera de Defensa, al menos hasta que pase la batalla quinquenal del Presupuesto.
Información a cuentagotas.
Información de calidad. Esas tres palabras resumen lo que necesitan los familiares de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura (1973-85) para saber qué pasó y dar sepultura a sus seres queridos.
La información de calidad puede llegar por diferentes vías: ex agentes estatales que hayan participado en la represión o recibido datos, personal subalterno con acceso parcial a los hechos o cruzamiento de información contenida en archivos.
Sin embargo, fuentes relacionadas con la investigación, indicaron a Búsqueda que es poco probable que datos de primera mano acerca del destino de los desaparecidos pueda estar contenida en documentos. Aunque los archivos ofrecen pistas, las mayores expectativas están centradas en fuentes no documentales, es decir en personas que decidan colaborar de forma anónima.
Casos como el del ex oficial de Fusileros Navales Jorge Tróccoli, que luego de hablar sobre la represión recibió fuerte rechazo y reside en Italia, donde lo reclama la Justicia, u otros que están presos son a menudo mencionados como ejemplo de que verdad y justicia son contrapuestos, porque quienes tienen información no estarían dispuestos a colaborar si corren riesgo de ir presos.
En agosto pasado, durante el acto con motivo de los 90 años del Círculo Militar, su presidente, el general retirado Juan Córdoba, propuso que la ansiada información finalmente aparezca a cambio de una amnistía a los militares condenados y acusados en causas judiciales relacionadas con la dictadura (ver Búsqueda Nº 1835). El militar no aportó detalles de cómo imagina la puesta en práctica de su idea, aunque se supone que los militares que tienen información podrían aportarla a cambio de la garantía de una ley de amnistía o de un indulto.
La iniciativa del general Córdoba pasó hasta ahora sin pena ni gloria. Un relevamiento realizado por Búsqueda entre diversos actores civiles y militares relacionados con este añejo y delicado tema, arrojó como resultado que la gran mayoría la considera poco viable.
La propuesta del general Córdoba, un militar prestigioso e independiente de los agrupamientos más notorios del Ejército y que fue edecán del ex presidente Julio Sanguinetti, no es novedosa; la posibilidad de una justicia transaccional estuvo sobrevolando desde 1985 en adelante.
Uno de los que se mostraron reacios a la propuesta fue el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargonia. Este representante de varias de las 280 demandas presentadas ante la Justicia dijo a Búsqueda que la dicotomía verdad-justicia existió entre los familiares, pero que quedó superada con el paso de los años. Chargonia se mostró escéptico a la nueva propuesta, entre otras cosas porque los expedientes en curso no refieren solo a desapariciones sino también a otros delitos.
El tóner de Defensa.
Las perforaciones que realizó el ex secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández a la ley de caducidad, una vez que fracasaron los intentos de resolver el problema en 90 días, como pensaba al comienzo el presidente, determinaron los primeros procesamientos de militares y policías.
La colaboración de Defensa con la Justicia luego de la salida de Berrutti, se convirtió en uno de los puntos críticos.
El 13 de mayo de 2013, la Dirección de Servicios Administrativos del Poder Judicial reenvió a los jueces penales de todo el país un mensaje del Ministerio de Defensa Nacional referente a la información solicitada por los magistrados sobre causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Explicaba que había demoras porque “la tarea insume recursos materiales (hojas, tóner, etc.) y recursos humanos no previstos a tal fin y que es difícil de-safectar de su labor normal y sustantiva para cumplir con esta tarea que cada día es más demandante”.
La nota firmada por el ministro Eleuterio Fernández Huidobro (sin contar con que la información podría ser enviada de forma digital) fue uno de los motivos que llevaron a varias organizaciones sociales vinculadas al tema a reclamar la renuncia del ministro.
Vázquez y los sabios del Talmud.
El 17 de enero de 2000 el entonces presidente electo Jorge Batlle visitó a Vázquez en su casa con motivo de su cumpleaños. Sorprendido, el líder del Frente Amplio escuchó acerca de la preocupación de Batlle por la causa de los desaparecidos.
El Partido Colorado, bajo las dos presidencias de Julio Sanguinetti, había mantenido hasta entonces una postura de cerrada negativa a investigar.
“Pedro, lo saludo pero no lo felicito”, le dijo el ex ministro Hugo Fernández Faingold en diciembre de 1997 minutos después de que el entonces presidente del Comité Central Israelita, Pedro Sclofsky, se atrevió a comparar, durante el clásico brindis de fin de año, la preocupación de las familias de desaparecidos uruguayas con “los esfuerzos y preocupaciones” del “patriarca Abraham por conseguir un lugar digno donde guardar los restos de su esposa Sara” tal como se cuenta en los textos que se leen en las sinagogas. “Los sabios del Talmud dicen que los actos de los patriarcas son señales para sus hijos”, sostuvo el hasta entonces directivo de la colectividad.
Aunque Sclofsky recibió duras críticas en la propia comunidad judía y de hecho fue cesado en el cargo, su iniciativa ayudó a romper con el silencio y ya al día siguiente recibió muestras de solidaridad de jerarcas de la Iglesia católica que lo visitaron en su apartamento de Pocitos.
Batlle, con el apoyo de Vázquez, que designó al penalista socialista Gonzalo Fernández, dio el paso de conformar la Comisión para la Paz, que comenzó la búsqueda de información sobre el destino de los desaparecidos y de otras víctimas.
La Comisión también recibió fuertes criticas de diversos actores, pero también fue valorada por los avances.
Esta semana, Sclofsky recibió a Búsqueda en calidad de integrante del grupo de trabajo por verdad y justicia designado por el presidente Vázquez el 19 de mayo pasado.
En su opinión, la actividad del grupo es “una tarea a largo plazo” que no cuenta con “una varita mágica”, pero “apuesta a la profesionalización” del trabajo en la órbita de Presidencia. Más que en los datos que puedan aportar los oficiales, Sclofsky tiene puestas sus expectativas en el cruzamiento de datos entre la información histórica y los datos que aporten ex miembros del personal subalterno.
“Zanahoria”.
La clásica marcha del silencio logró convertirse, cada 20 de mayo, en una de las pocas manifestaciones públicas que convocan a miles de jóvenes. Sin embargo, los avances en la búsqueda de los desaparecidos han sido magros. No todos están de acuerdo en aceptar que la razón está en que, tal como dijo el general Alberto Balestrino en noviembre de 1996 en la revista “Posdata”, se produjo una segunda desaparición de los detenidos enterrados en predios militares cuando se ordenó lo que se conoce como “operación zanahoria”.
La orden de efectuar dicha operación para borrar las huellas habría sido dada en 1984 por el entonces comandante en jefe del Ejército y luego ministro de Defensa, general Hugo Medina y ejecutada en la División de Ejército 1 por el coronel José Lamy.
Balestrino, un oficial de la logia Tenientes de Artigas, dijo al investigador Diego Achard en esa entrevista que la orden fue desenterrar los cuerpos y enterrarlos en un solo lugar, aunque otra versión sostiene que fueron quemados y tirados al mar.
Los trabajos de excavación del equipo de técnicos de la Facultad de Humanidades en diversas unidades militares apuntan a encontrar algunos más que los cuatro cuerpos reestablecidos a los familiares.
Durante una entrevista con Búsqueda, el nuevo presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva, evitó comentar la propuesta del general Córdoba y se mantuvo en la versión de que el número de desaparecidos en Uruguay ronda las 30 personas.
Desde que el brigadier Enrique Bonelli, comandante de la Fuerza Aérea, informó de forma oficial en 2006 acerca de la existencia del llamado segundo vuelo, que se produjo en 1976, con 22 detenidos traídos en forma ilegal desde Buenos Aires, el número de desaparecidos creció.
Silva, que es reconocido como jefe de la logia nacionalista Tenientes de Artigas, con la que tendría buenos lazos el comandante en jefe de la fuerza, general Guido Manini, dijo que la institución centrará su actividad en la defensa de los militares presos y comenzó su gestión con un homenaje al general Pedro Barneix, que se suicidó poco antes de ser detenido por una causa penal.
Política y justicia.
La fórmula elegida por Vázquez para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos tiene dos patas: el grupo de trabajo, compuesto por personalidades honorarias, incluyendo representantes de la asociación de familiares y de la diputada Macarena Gelman, y el fortalecimiento de la Secretaría para el pasado reciente, a cuyo frente designó a la experta en archivos Isabel Wschebor.
La muerte del coronel Castiglioni y el destino judicial de las alrededor de 60 cajas con documentos que tenía en su casa, colocaron el tema en una tercera esfera: la Justicia. La jueza que incautó los documentos el viernes 2 dispuso esta semana que el estudio de su contenido esté a cargo del Archivo Judicial Proveniente de la Justicia Militar (Ajprojumi) por parte de peritos que realicen la clasificación y análisis.
Información Nacional
2015-10-15T00:00:00
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