La intención de la ANP y el Poder Ejecutivo de fijar precios máximos a los servicios portuarios divide al sector privado

“Cualquier cosa que hagamos respecto a las tarifas va a tener una razón fundada, y para fijar precios máximos más aún”, señaló. Aclaró que si bien la ANP está habilitada a hacerlo a través de la “ley de puertos”, es un asunto que se tiene que realizar en coordinación con el Poder Ejecutivo, luego de “estudiar la cadena y de que las empresas aporten lo suyo”.

“Conversar mucho”.

“Tenemos que conversar mucho más (…) los cambios normativos, los decretos, fijar tarifas máximas, vamos a tener que discutir responsablemente cuál es el criterio, qué es a lo que se apunta, qué es lo que se busca. Si estamos de acuerdo, vamos a apoyar; si tenemos diferencias, las vamos a decir”, planteó el presidente del Cennave, Alejandro González, al titular de la ANP, el 25 de julio en la reunión de la comisión coordinadora honoraria de puertos, donde se presentaron las líneas estratégicas de la autoridad portuaria. En esa instancia Díaz enumeró entre los cambios al marco legal y de gestión, que la “ANP podrá disponer precios máximos en cualquier actividad portuaria”.

Agregó la pretensión de que los servicios que presten los actores públicos y privados sean las 24 horas todos los días del año, pero sin “sobrecostos” por trabajo nocturno o en jornadas festivas. También mencionó la adecuación del régimen sancionatorio de la ANP, entre otros asuntos.

A su turno, una representante de la UEU le preguntó cuál sería el “cronograma de trabajo” para implementar las medidas anunciadas con el fin de mejorar la competitividad portuaria.

Entonces, Díaz aludió a la aprobación del glosario de términos de servicios portuarios y al trabajo de “regular la actividad del operador” en función del mismo, además de prever un mecanismo de cómo incorporar los nuevos conceptos que surjan. A dicho glosario se llegó luego de años de reuniones entre los diversos actores y resume los conceptos que corresponden a distintas siglas que se manejan en la actividad portuaria para los servicios de transporte, agencia marítima, terminal, depósito, etcétera. Surgió como una inquietud de la UEU, que reclamó clarificar los términos utilizados en la facturación por parte de los operadores.

“Estamos trabajando con el glosario porque aparecen nuevas siglas y no sabemos qué significan. Hay que seguir trabajando para hacer más transparentes las tarifas”, dijo a Búsqueda la secretaria ejecutiva de la UEU, Teresa Aishemberg. “Bregamos para mejorar la competitividad de la mercadería; hay que ver toda la cadena porque si no, no llegamos a los mercados”, apuntó.

La representante empresarial aseguró que está “gratamente sorprendida” con la intención de Díaz de establecer precios máximos en la actividad portuaria. “Saben que la ley de puertos lo establece y si no se aplica, no se estaría cumpliendo la norma”, apuntó.

Desde la vereda de enfrente, fuentes de algunas empresas privadas que prestan servicios a la carga —que prefirieron no identificarse— justificaron que en el puerto hay “libertad de competencia” y de mercado, por lo que son contrarios a la regulación de precios máximos.

Agregaron que el glosario elaborado es incompleto porque no incluye a los intermediarios que también cobran y cuyos costos se trasladan a los diversos ítems. “Es como si alquilás un apartamento y no ponés el costo de la inmobiliaria”, ilustró uno de los informantes.

“La intención de la UEU es pagar menos, ¡chocolate por la noticia! Con la excusa del glosario, quieren que se regulen tarifas. Pero ni la UEU ni la CNCS se dan cuenta de que están entrando en un terreno que puede tener un efecto boomerang. A ver qué dicen si mañana les quieran regular el precio de cuánto sale el auto importado o una pollera”, comparó.

“Seguramente haya margen para bajar (tarifas), pero de ahí a creer que el tema competitividad pasa por el costo portuario… Nos preocupa el ánimo regulador y que tengan miopía”, señaló la fuente.

Y alertó: “Se está diciendo: ‘Capaz que tocamos la ley de puertos’, o ‘capaz que tocamos el decreto reglamentario’, y de paso ‘presupuestamos la grúa para que la maneje el Estado’. Y después, ‘vamos a regular los permisos para operador portuario: les vamos a decir qué pueden cobrar y qué no, y hasta cuántos años les vamos a dar el permiso’ ¿‘Sabés qué? Vos, inversor nacional o extranjero, invertí en Uruguay que yo te digo cuánto tenés que poner, cuánto podés cobrar y en qué tiempo’”.

Una visión similar tiene el director de ANP en representación del Partido Nacional, Juan Curbelo, para quien el glosario es algo “positivo” porque funciona como una “suerte de ordenador para saber cuáles son las reglas de juego”. Pero, consultado por Búsqueda, tomó distancia en cuanto a la intención de fijar precios máximos: “El mercado tiene que ser el que regule y cuanto menos incidencia tenga la ANP, mejor”.

El “arma” y los precios.

“Siempre fue una preocupación nuestra la distorsión del mercado por precios o conceptos que se cobran en el puerto que no reflejan la realidad de la operación”, explicó Díaz a Búsqueda. Y añadió: “Hay dos puntos importantes: No debe cobrarse lo que no se hace; parece absurdo plantearlo pero a veces ocurre. Y la otra cosa es cuál es el verdadero precio que hay que cobrar por algún concepto”.

Opinó que en el primer caso hay acuerdo en que no se puede cobrar tareas que no se hagan, si bien, dijo, existen quejas de usuarios al respecto. Señaló que frente a eso, la “única arma” que tiene la ANP es multar al operador cuando eso se comprueba.

“Entonces, queremos tener un arma un poco más potente. En la ley de puertos ya tenemos un arma, pero existe la duda de si solo es para los concesionarios y permisarios. Por eso estamos planteando revisar el tema, para que sea para toda la actividad”, añadió.

“Es una aspiración y pasa por el Ministerio de Transporte, de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sigo manteniendo la necesidad de tener una regulación sobre algunas cosas, ese es el espíritu. No es algo que se esté haciendo a escondidas, es frontal, acerca de cuál es el problema que vemos. Obviamente, se puede analizar con el que sufrió los problemas y con la gremial que agrupa la mayoría”, reflexionó el jerarca.

Aludió al artículo 7º de la ley de puertos (Nº 16.246) donde señala que el Poder Ejecutivo velará para que los servicios que se presten en régimen de “libre concurrencia se efectúen en condiciones tales que efectivamente la garanticen, reservándose en todo caso el derecho de fijar tarifas máximas”. Aseguró que excepto en alguna concesión, la ANP no ha aplicado precios máximos a los operadores.

Díaz insistió con que la intención no es distorsionar el mercado: “Lo que nos sirve es que al sector privado le vaya bien, y que el usuario tenga precios razonables. La balanza tiene que estar ahí”.

Planteó que si bien no pretende ser el puerto “más barato de la región”, se debe considerar que los competidores de la región “juegan y las empresas privadas instaladas en ellos, también”.

Para ponerles un techo a los precios de los servicios que cobran los operadores, Díaz es partidario de dar una “discusión interna”. “Tenemos que saber cuáles son los servicios que queremos regular y, para eso, saber en cuánto están los mismos servicios en otros lugares. (…) Podemos intentar regular un (precio) de la cadena, pero eso no nos asegura que otro no suba. Lo interesante sería elegir una cadena, por ejemplo, el trasbordo de la carga paraguaya, y ver todos los actores cómo podemos hacer para que sea competitiva”. Sugirió que quizás deba llegarse a un “compromiso entre todos los actores”.

“Es una aspiración a estudiar las cadenas y ver lo que podemos hacer, fijar (la tarifa) por algún tiempo”, insistió el titular de la ANP.

“La conclusión va a ser que si ajustamos todos, podemos lograr algo. Porque si intentamos hacerlo en un sector, lo que vamos a lograr es una distorsión muy grande. Y cuando digo ajustar todos, también digo la ANP, pero a su vez, no tiene sentido que solo ajuste la ANP”, señaló.