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Después de haber llegado a un máximo a fines de la década pasada, la inversión fue perdiendo relevancia dentro del gasto presupuestal total. Esa tendencia se detuvo el año pasado.
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Así surge de las estadísticas remitidas por el Poder Ejecutivo al Parlamento como parte de la Rendición de Cuentas de 2016. En ese ejercicio presupuestal la inversión ascendió al equivalente a US$ 940 millones, en un total de US$ 14.196 millones. En porcentaje fue 6,6%, cuando en 2015 había sido 6,4%, pero había llegado a representar casi 10% en 2008.
El monto de la inversión pública también se recuperó ligeramente en relación con el Producto Bruto Interno: pasó de 1,65% en 2015 a 1,79% en 2016. En 2008 había llegado a significar 2,30%.
Dentro de la estructura de gasto de los incisos abarcados por el Presupuesto Nacional (los tres poderes, los organismos de contralor, además de otros como la ANEP, ASSE, el INAU, la Universidad de la República, la UTEC, la Junta Anticorrupción y el Inumet), los de funcionamiento significan más de 93%.
¿En qué se invirtió?
Al igual que en los primeros años de aplicación del Sistema de Información y Seguimiento de la Inversión —diseñado en el 2000—, “se continúan detectando carencias en la información aportada por los organismos, debido principalmente a dificultades en la descripción de los componentes de los proyectos y de las correspondientes unidades de medida”, admitió el Poder Ejecutivo.
El concepto de inversión pública, definido por el artículo 73 de la Ley 18.719, refiere a “la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que incremente el patrimonio físico de los organismos que integran el Presupuesto Nacional, con el fin de ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. Incluye asimismo los pagos sin contraprestación cuyo objeto es que los perceptores adquieran activos de capital”. Esto comprende los estudios previos de los proyectos a ser ejecutados.
Se reconocen dos categorías de inversión: formación bruta de capital (que acrecienta el patrimonio físico de los organismos del Presupuesto) y transferencias de capital a terceros fuera del Presupuesto (que aumenta el patrimonio de dichos terceros). En 2016, algo más de la mitad de la inversión (58%) correspondió a la primera categoría, un guarismo similar al de 2015.
Por su destino (o “área programática”), casi un tercio de la inversión —31,1%— correspondió a infraestructura, transporte y comunicaciones. Le siguieron en importancia vivienda (23,4%) y educación (17,8%), como ilustra el gráfico.
El equipamiento de mobiliario —escritorios, computadoras, impresoras, faxes, sillas, bibliotecas, equipos de aire, cafeteras, etc.— y útiles de oficina son de las inversiones más frecuentes. También las obras civiles, como reparaciones y mejoras edilicias.
De los datos enviados al Parlamento analizados por Búsqueda surge que las inversiones ejecutadas en 2016 se corresponden con los propósitos de los respectivos organismos. Algunas son curiosas.
Entre otras cosas, el Comando General del Ejército compró espadas, sables y material bélico. La Armada invirtió en el mantenimiento del buque ROU 20 Capitán Miranda, por ejemplo, en luminaria, aislación térmica y acústica. También en botes, boyas, cadenas, chalecos antibalas, salvavidas y bengalas.
Como gastos de inversión del Ministerio del Interior se computó la adquisición de diversos implementos de prevención, disuasión y represión del delito, como sistemas de videovigilancia, bastones, tobilleras, espirómetros, esposas, un escudo antimotín, cascos antimotín y anti-balas. También figura en esa categoría una “computadora de moto”, así como furgones, camionetas, autos y motos.
Relaciones Exteriores hizo una renovación de flota, cambió “seis autos por cinco, sin costo adicional”. Como inversión en equipamiento y mobiliario por parte de esa cartera figura la compra de un cambiador de bebé; en los documentos que forman parte de la Rendición de Cuentas fue destacada como una de las acciones que “contribuyen a la igualdad de género”, aunque el Poder Ejecutivo marcó que “ningún inciso habilitó proyectos de inversión específicos que identifiquen asignaciones presupuestales destinadas a impulsar o aplicar políticas” en tal dirección.
Se realizaron múltiples consultorías, computadas como inversión. Por ejemplo, la Dirección de Minería y Geología —dependiente del Ministerio del ramo— contrató varias en el marco del proyecto de cartografía geológica y minera, mientras que la de Energía invirtió en una consultoría para desarrollar un anteproyecto de instalación de parques eólicos. En Transporte y Obras Públicas, Hidrografía recurrió a consultores para, entre otras cosas, estudiar el proyecto del puerto de aguas profundas que impulsaba el gobierno de José Mujica y que quedó en la nada.
En Educación y Cultura, una de las inversiones en obra civil fue la “adecuación” del despacho de la ministra María Julia Muñoz. El Sodre, una unidad ejecutora de esa secretaría de Estado, invirtió en trompetas, plataformas, luminarias, sillas de espectáculos y máquinas de humo.
Entre las inversiones del Poder Judicial figuran, entre otras cosas, cuadros de José Artigas y pabellones nacionales.
El Instituto de Bellas Artes y Música compró una impresora 3D, por ejemplo.
