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El directorio de la “junta anticorrupción” estudia intimar a Sartori a que presente los balances de las empresas en las que tiene intereses, según las consultas de Búsqueda a la presidenta del organismo, Gabriela Di Longo (Cabildo Abierto), y a la vocal Ana Ferraris (Frente Amplio). Si no lo hace, el legislador corre el riesgo de ser declarado omiso también por este tema.
Mientras la Jutep tiene previsto discutir en su sesión de hoy los detalles del expediente sobre los bienes del senador, en el ámbito político el caso de Sartori tiene al oficialismo y la oposición a la expectativa. La semana pasada, la junta le dio un plazo de dos semanas para entregar la información de su esposa, hija del multimillonario ruso Dimitri Rybolovlev. Si no cumple el pedido, será declarado omiso y el Parlamento podrá retenerle el 50% de su sueldo.
En el Partido Nacional entienden que el senador todavía está dentro de los tiempos previstos y por eso hay acuerdo en que no se tomará ninguna medida mientras no expire el plazo. De todas formas, hay dirigentes que advierten que si luego de esto no hay una respuesta y Sartori sigue omiso, el asunto debe ser tratado en el directorio blanco. “Ahí sí el partido tendrá que hacer algo”, señaló a Búsqueda el senador Jorge Gandini, uno de los más críticos con la postura de su compañero de bancada. “Si no puede cumplir con las normas, no tiene que dedicarse a la actividad política”, declaró en rueda de prensa.
Por otra parte, lo que preocupa a los nacionalistas es que el tema llegue al Parlamento. La Vertiente Artiguista evalúa solicitar la remoción de Sartori de su cargo por el incumplimiento. Distintos legisladores blancos consultados por Búsqueda señalaron que ese escenario los ubica en una “situación incómoda” de “defender a Sartori” o “votar junto al Frente Amplio” en contra del senador.
En el Frente Amplio hay dudas sobre la propuesta de la Vertiente Artiguista. Una dirigente de uno de los sectores mayoritarios dijo que hay que esperar a la resolución de la Jutep y que expulsar a un senador por ese incumplimiento puede “ser demasiado”. Además, recordó que la ley ya establece un castigo duro. El artículo 16 dice que “si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”.
“Ocultamientos”
El artículo 12 de la ley que regula el sistema de declaraciones juradas establece que los funcionarios obligados a presentarlas deben adjuntar al documento “copia del último balance e indicar la participación social” en aquellas “empresas, sociedades nacionales o extranjeras con o sin personería jurídica, a las que está vinculado el obligado, su cónyuge o concubino, a través de participación en su propiedad (total o parcial) o administración, tenga poder general o integre órganos directivos o asesores, aunque sea en carácter honorario”.
Sartori listó tres compañías en sus declaraciones juradas: la uruguaya Reino S. A. y las de Islas Vírgenes Británicas Arvesa Corp. y Union Group HIL. De acuerdo con las fuentes de Búsqueda, no presentó balances de ninguna.
El tema será discutido hoy en el Directorio de la Jutep a instancias de Ferraris, quien ha insistido en que las declaraciones juradas de Sartori tienen varios problemas.
La presidenta del directorio dijo a Búsqueda que su posición inicial es que si Sartori no entregó los balances, deberán que intimarlo a que lo haga. Y si no cumple “se lo deberá declarar omiso”, añadió.
Ferraris sostuvo que acompañará una resolución en ese sentido. Aunque agregó que en la escala de “incumplimientos” del senador la falta de los balances es la que menos le preocupa. Su lista tiene a la cabeza “el ocultamiento de empresas” en las que Sartori tiene intereses o es director y que no aparecen en sus declaraciones.
En su defensa, Sartori ha dicho que como declaró su holding (Union Group HIL) no tiene por qué incluir todas las que están “debajo” de ese instrumento.
En la sesión de la semana pasada, en la que resolvieron intimar a Sartori a entregar la información patrimonial de su cónyuge, Ferraris planteó que debían exigirle todos los datos que a su entender faltaban.
Cuando defendió la exigencia de declarar la información de los cónyuges de los funcionarios, en una entrevista con En perspectiva, Di Longo dijo que uno de los motivos es controlar posibles conflictos de interés. Y puso un ejemplo: un legislador que presenta un proyecto de ley que puede beneficiar a una empresa de su pareja. Si el senador no declara el patrimonio de su cónyuge, explicó, es imposible detectar ese conflicto.
Meses atrás Búsqueda informó que Sartori había presentado un proyecto de ley para habilitar “la plantación, cultivo, cosecha, comercialización, transporte, distribución, prescripción y consumo de sustancias naturales enteógenas, así como la elaboración de productos a partir de aquellas, siempre que sea con finalidades médicas o terapéuticas”.
Sartori tiene acciones, a través de su holding, en una empresa que se dedica a investigar y desarrollar medicamentos a partir de las sustancias que el proyecto de ley quiere regular. La compañía se llama Biomind Labs Inc. y tiene oficinas en el Polo Tecnológico de Pando.
Consultada por Búsqueda acerca de si ese caso no era igual al ejemplo que ella utilizó en la entrevista radial para advertir sobre posibles conflictos de interés, Di Longo dijo que no había analizado el caso en detalle como para fijar posición.
