En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La “junta anticorrupción” busca castigar a los organismos con funcionarios que no entregan sus declaraciones juradas
Gabriela di Longo, presidenta de la Jutep. Fotos: Mauricio Zina / adhocFOTOS
FOTO
El 5 de mayo la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) difundió la lista más reciente de los funcionarios que no presentaron su declaración jurada de bienes. Entre los 200 nombres hay fiscales, oficiales de policía, jueces y jerarcas de ministerios. Más allá del eventual daño reputacional, los efectos prácticos de integrar la lista de “omisos” son escasos.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La denominada “junta anticorrupción” espera que eso cambie una vez que el Parlamento apruebe un artículo incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas, que le permitirá aplicar sanciones a los organismos públicos en los que trabajen funcionarios declarados omisos.
La “ley cristal” establece que una buena cantidad de funcionarios públicos —entre ellos los legisladores, ministros, directores de entes, gerentes de área, policías y militares de terminado rango—?tienen que presentar una declaración jurada de bienes e ingresos. El plazo de entrega es de 30 días después de que se cumplen 60 días desde que ocupa el cargo.
La legislación actual establece que una vez enterado de que uno de sus funcionarios está en falta, una oficina del Estado debe retener el 50% del sueldo del omiso, pero pocas lo cumplen.
Esa sanción apenas se aplica. “Hay mucha gente que es omisa desde hace más de 10 años” y no pasa nada, explicó a Búsqueda la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo. En su opinión, los funcionarios irían casi corriendo a cumplir con la presentación de la declaración si les descontaran el sueldo como exige la ley.
Ahora la Jutep quiere tener la posibilidad de castigar a los organismos que persiguen a sus funcionarios incumplidores. Hoy la junta está “de manos atadas” para forzar un cambio, sostuvo Di Longo.
Un artículo de la Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, incorporado a pedido del órgano de contralor, establece que la Jutep podrá aplicar al organismo que no castiga a su funcionario una multa de hasta 100 Unidades Reajustables ($ 159.715). La junta deberá, si se aprueba la propuesta, “instrumentar la graduación de las sanciones a aplicar, en base a criterios de cantidad y/o plazo de incumplimiento”.
La idea surgió de la propia junta y responde a que hoy la mayoría de los organismos no cumplen con la obligación de retener el salario de sus funcionarios cuando están en falta. “Parece mentira que para que se cumpla la ley tengamos que ir contra el organismo” donde trabajan, añadió la presidenta.
La Jutep había planteado al Ministerio de Economía que la multa para los organismos pudiera alcanzar hasta las 500 Unidades Reajustables ($ 798.575), pero la secretaría de Estado respondió que 100 UR estaban más cerca del promedio de sanciones que se aplican en el área administrativa.
Una buena Jutep
Otro artículo incorporado en el proyecto que discutirá el Parlamento a pedido de la Jutep le asigna poco más de $ 3 millones para una reestructura que implique “transformación de cargos y complementos retributivos”.
“Propusimos lo más urgente, lo más necesario, lo imprescindible”, dijo Di Longo, tras reconocer que no era suficiente para una reestructura de la magnitud que necesita el organismo que preside.
Enfrentan “faltantes de todo tipo”, lamentó. Agregó que quizás “la Jutep en el 2025 pasa a ser una buena Jutep” a partir de lo que están construyendo sus actuales autoridades.
