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La “junta anticorrupción” fija criterios sobre publicación de las declaraciones juradas
La falta de un decreto reglamentario de la “ley cristal” es cuestionada por la Junta de Transparencia y Ética Pública
Presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
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La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) definió un criterio de difusión de las declaraciones juradas de los funcionarios que debe subir a su web. La resolución implicará dejar visibles los nombres de las sociedades anónimas a las que están vinculados, pero ocultar sus cédulas de identidad y algunos datos bancarios.
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El directorio de la “junta anticorrupción” tomó la decisión la semana pasada por mayoría, con los votos a favor de la presidenta, Gabriela Di Longo (Cabildo Abierto), y el vicepresidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional). La vocal Ana Ferraris no acompañó la resolución por entender que la definición de qué publicar debe ser adoptada por decreto del Poder Ejecutivo como establece la “ley cristal”. El decreto reglamentario de la norma, aprobada en 2019, nunca fue elaborado.
“El directorio completo está de acuerdo” con la posición de Ferraris, “pero mientras se envía un borrador y se estudia, teniendo en cuenta que estamos en un futuro año electoral, implicaría no resolver el tema”, dijo a Búsqueda Di Longo. Sin embargo, por un criterio de “buena administración”, presidenta y vicepresidente decidieron aprobar la resolución.
Di Longo explicó que el artículo de la ley que obliga a la Jutep a difundir una versión de las declaraciones juradas de centenares de funcionarios, como el presidente, los senadores y los directores de entes, está vigente y debe ser cumplido más allá de que no exista el decreto reglamentario. No aprobar una resolución implicaba aplicar la ley “de forma arbitraria, según lo que entienda cada uno, en perjuicio de los funcionarios que tienen que hacer la publicación y no saben qué borrar porque no tienen indicaciones claras”, acotó.
Para tomar su decisión, el directorio que lidera Di Longo recibió dos informes, uno de la Fiscalía de Gobierno y otro de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, este último acompañado de comentarios de la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Tanto el documento de la fiscalía como el de la unidad reguladora recomendaban ocultar toda la información de los declarantes relacionada con las sociedades anónimas a las que están vinculados y sus cédulas de identidad. La Unidad de Acceso a la Información Pública, sin embargo, sostuvo que “los nombres de las sociedades sería necesario publicarlos por el fin último de la Jutep, de control de conflictos de intereses”, informó la presidenta.
El directorio siguió ese consejo y no ocultará todos los datos sugeridos por fiscalía.
Cuando Di Longo todavía no había asumido y su antecesora, Susana Signorino, ya no estaba en el cargo, el vicepresidente de la Jutep había resuelto sin pasar por directorio que se ocultaran todas las informaciones de sociedades anónimas, cédulas y estado civil de las declaraciones juradas.
Esa decisión había sido cuestionada por Ferraris en aquel momento y también durante la discusión de la semana pasada. La directora de la Jutep por la oposición dijo a Búsqueda que fue una “clara violación de las normas”.
Ferraris rechazó la idea de ocultar las declaraciones juradas que publican las cédulas de identidad y los nombres de las entidades financieras donde los funcionarios tienen cuentas bancarias. Aseguró que, contrario al fundamento de la mayoría, la protección de datos personales es superada en ese caso por “las razones de interés general que inspiran la normativa anticorrupción en el Uruguay”.
El artículo 12 bis de la “ley cristal”, que regula la difusión de las declaraciones juradas, establece que la Jutep deberá ocultar información basada en “razones de seguridad”. Para Ferraris, “en el caso de las instituciones financieras no existe ninguna razón basada en las ‘razones de seguridad’” que “justifiquen el ocultamiento de tal información y, por ende, sustraerla del control ciudadano. Mucho menos en las actuales circunstancias, donde el narcotráfico, el lavado de activos y otro tipo de delitos están generando una creciente preocupación”.
