Margen estrecho
Otro factor analizado por los técnicos del Ministerio de Ganadería (MGAP) es que “la menor actividad de restaurantes y hoteles generada por el confinamiento vinculado al Covid-19 provocó una caída transitoria en el precio internacional de los lácteos, pero fue menor a la prevista inicialmente”.
Las exportaciones uruguayas del sector aumentaron en valor (5%) y en volumen (6,5%), aunque con precios promedio algo menores (1%), indica.
Opypa destaca que la producción de leche superó “todas las expectativas, ya que un invierno con escasez de lluvias fue favorable a la actividad y provocó buenas producciones en el plano individual”.
“Sin embargo, la sequía incrementó los costos de alimentación a los que tuvieron que hacer frente los productores, que poseen un margen aún estrecho por litro de leche, a pesar de cierto mejoramiento que se dio en los primeros nueve meses del año como consecuencia de una reducción de los costos medidos en dólares corrientes”, explica.
“El endeudamiento de la fase primaria de la cadena láctea continúa en una tendencia decreciente, mientras que preocupan los ratios de morosidad de la deuda de la industria del sector”, advierte Opypa. Indica además que “en las industrias lácteas el endeudamiento vigente se incrementó 6% en 2020 respecto al año anterior, al tiempo que los créditos vencidos aumentaron de US$ 3 millones a US$ 15 millones”, lo que resultó en “un incremento considerable de la tasa de morosidad, medida como créditos vencidos sobre el total, pasando de 1% a 7%”. Eso se debe “al vencimiento de deudas por parte de algunas industrias que tienen una situación comprometida en su estructura de endeudamiento”, enfatiza.
El renglón de los productores de leche registra, conforme a Opypa, “tres años consecutivos de caída en el stock de endeudamiento bancario, luego del máximo observado en 2017, cuando las deudas llegaron a US$ 300 millones”.
“A setiembre 2020, el endeudamiento vigente asignado por el Banco Central a los productores lecheros ascendía a US$ 234 millones, lo que implica una reducción de 10% respecto al año anterior”, precisa.
Parte del endeudamiento de la fase primaria de esta cadena lo constituye el generado por el Fondo Lechero (FAL III), que tomó un capital de US$ 78,8 millones en 2016 y del cual se repagó 62% a setiembre 2020, por lo que para el MGAP “buena parte de la caída en el endeudamiento que se aprecia en el sector es por la amortización de esta deuda de importantes dimensiones, que se viene cancelando de forma global de acuerdo al cronograma previsto”.
Perturbaciones y subsidio
La producción de leche de los principales exportadores (Nueva Zelanda, Unión Europea y Estados Unidos) aumentó y se aceleró hacia fines de 2020, al impulso de buenas condiciones climáticas, según Opypa.
Ese organismo considera que pese a las “perturbaciones que la pandemia trajo a los mercados, en general los precios a los productores se lograron mantener” en el mercado internacional. Resalta, por otra parte, que “en una industria con capacidad ociosa, el importante aumento de la remisión a planta fue un aliciente para diluir los costos fijos”.
“Sin embargo, las ventas fueron por precios menores a 2019, tanto en el mercado externo como en el doméstico (medidos en dólares), lo que redujo la potencial de mejora en los resultados industriales”, indica Opypa.
Advierte a su vez que “la situación de los mercados es aún más incierta que años anteriores, producto de la incertidumbre que imprime la evolución de la pandemia mundial y las restricciones a la actividad económica que de ella puedan derivar”.
“En la medida en que se supere gradualmente la pandemia, la demanda de lácteos debería recuperarse, especialmente en la grasa láctea, que se vio afectada por la menor demanda de restaurantes”, vaticina.
La oficina técnica plantea que, “si bien hay expectativas menos auspiciosas respecto a la continuidad en 2021 de las ayudas gubernamentales a los hogares que han logrado sostener la demanda, los mercados de futuro de leche en polvo a noviembre 2020 muestran precios superiores a los US$ 3.000 hasta julio de 2021”.
En cuanto a medidas de apoyo estatal en un contexto de “acentuado” déficit hídrico, Opypa señala “algunas acciones tendientes a facilitar y abaratar el acceso al crédito a los productores, de forma de fomentar las reinversiones necesarias para el crecimiento de la producción”.
En este sentido, el MGAP declaró la emergencia agropecuaria y benefició con créditos a una tasa de interés subsidiada a 466 productores lecheros de menos de 100 hectáreas de explotación.
Y en noviembre de este año el Banco República (BROU) aprobó una línea de crédito especial para atender las necesidades adicionales de caja respecto a los gastos incrementales de alimentación de los animales, ante la falta de forraje, detalla.
Ese financiamiento es otorgado por el BROU sobre la base de US$ 55 por vaca o novillo, US$ 35 por ternero/a y vaquillonas de uno o dos años, y tendrá su vencimiento final al 30 de abril de 2022.
El Poder Ejecutivo además realizó modificaciones al Fondo de Garantía Lechero (Fogale), con el objetivo de “levantar algunas restricciones que operaban como limitantes para que los productores accedan a ese instrumento”. Esta herramienta financiera fue creada como garantía para las deudas de los productores, de forma de permitir una disminución en las tasas de interés, mejorar las condiciones de refinanciación y la obtener plazos más largos.
El Fogale se constituyó a partir de un fideicomiso financiero que se nutre de la cesión de un importe adicional que se le suma al precio de la leche tarifada para estos fines. Cuenta con un patrimonio total de US$ 27 millones, que de acuerdo con el apalancamiento vigente (US$ 1 de garantía permite apalancar US$ 2 de deuda) son capaces de garantizar US$ 54 millones en total, según Opypa.
A octubre 2020 fueron utilizados en garantía US$ 16 millones (correspondientes a 780 créditos), por lo que quedaría para utilizarse un remanente de US$ 38 millones de dólares, lo que permitiría garantizar créditos por más de US$ 60 millones (considerando una cobertura promedio de 60% de los créditos con las garantías).
Tras detectar algunas barreras al acceso de esa herramienta, el Poder Ejecutivo incrementó los topes de cobertura y los estableció como porcentajes decrecientes en función de la clasificación crediticia del deudor (que van desde 70% a 50%), “sin discriminar por tamaño” y “se incrementó el monto máximo de garantía por productor de UI 200.000 ($ 956.660) a UI 1.200.000 ($ 5.739.960)”, valoran los técnicos del MGAP.
