La lengua en el debate

En conversación con Búsqueda, Pasquet explicó que su intención no es regular el lenguaje particular de los ciudadanos, pero sí el usado en la administración pública y en la enseñanza. “Me enteré por la prensa de que existía desde 2010 una resolución de la Intendencia de Montevideo que obliga a usar el lenguaje inclusivo a sus funcionarios. Yo no lo sabía. Si cada gobierno departamental va a empezar a establecer sus normas, el lenguaje se va a seguir menoscabando”. El decreto de 2010 de la Intendencia de Montevideo establece la obligación de usar el lenguaje inclusivo “en todos los actos administrativos y en la comunicación institucional”.

Para Bertolotti en este proyecto hay una confusión entre lo que es la norma lingüística y la norma jurídica, y recuerda un artículo de Ignacio Bosque, investigador de la Real Academia Española, que analiza ese aspecto y dice: “La Real Academia Española y la Asociación de Academias no pueden legislar, en el sentido en que lo hacen los parlamentarios, puesto que ello equivaldría a determinar las propiedades léxicas y gramaticales que el idioma ha de tener. Pueden, sin embargo, establecer las opciones que se consideran más prestigiosas apoyándose en criterios sociolingüísticos objetivos”.

Por otro lado, el lenguaje inclusivo ha sido motivo de estudio para Bertolotti. En ese sentido, escribió un artículo para sus estudiantes en el que responde las preguntas habituales que le hacen en clase sobre este tema. “Lo escribí porque es un tema que despierta mucha sensibilidad y este año por la pandemia solo recibían grabaciones de mis clases y nos faltó la discusión. Nunca los convenzo del todo con mi posición”, dice la académica, que analiza en su artículo las diferentes formas que ha adoptado el lenguaje inclusivo, las posibilidades de que prospere y sus reparos. El artículo se titula Lenguaje inclusivo en 2020. Eso solo lo entendés vos que sos lingüista… y a nadie más le importa. Se puede leer en: academiadeletras.gub.uy

“Lo que veo en esta etapa del lenguaje inclusivo 2020 es que ha encontrado una forma más viable en la comunicación oral, que hace unos años no tenía. No creo que prospere, ¿pero cuál sería el drama si lo hace? Entiendo que un cambio lingüístico que es muy rápido, y además está cargado ideológicamente, genere molestias a otros hablantes que no tienen por qué tener idea de cómo funcionan las lenguas”.

Para la académica, el problema que tiene esta ley es que está dejando afuera la lengua materna de muchos uruguayos, como es el portugués de la frontera y el lenguaje de señas. “Esto sería un problema para la ANEP, que tiene programas que contemplan estas realidades”.

El artículo 40 de la Ley de Educación establece: “La educación lingüística tendrá como propósito el desarrollo de las competencias comunicativas de las personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la lengua, la consideración de las diferentes lenguas maternas existentes en el país (español del Uruguay, portugués del Uruguay, lengua de señas uruguaya) y la formación plurilingüe a través de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras”. Pasquet dijo a Búsqueda que ya se reunió con implicados en el lenguaje de señas y piensa introducir algún inciso al respecto.

Oscar Sarlo también es académico de número en la ANL. Es abogado, catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y director del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho de la Udelar. Se ha especializado en la técnica legislativa, especialmente en cómo se escriben las normas y los actos jurídicos y elaboró una guía para el Parlamento.

“Hay problemas en cómo se escriben nuestras leyes. El lenguaje debería manejarse con independencia de los temas políticos. Las tendencias internacionales establecen que la redacción de las normas queden en manos de técnicos y que apliquen criterios objetivos que tienen que estar aprobados por el propio organismo. Pero todavía en nuestro país a los políticos les cuesta soltar la pluma, sienten que les da un poder que no quieren perder”, explicó Sarlo.

El académico hizo un relevamiento y encontró que hay una larga lista de normas que establecen el uso obligatorio del idioma español, por ejemplo, en materia procesal y en la redacción de documentos administrativos. “Lo curioso es que en este proyecto se plantean temas de tipo lingüístico y no queda claro a qué remiten. En el proyecto dice que el idioma español ‘se empleará en conformidad con las reglas de uso reconocidas en los países de habla hispana’. ¿Cuáles son las reglas de uso? En todos los países son distintas. No tiene sentido remitirse a una cuestión tan compleja que es inaplicable”.

Para Sarlo, si la idea es establecer la soberanía lingüística, tendría que ser materia constitucional. “Nuestra Constitución nunca quiso hacerlo. No se puede decretar por ley cuál es el idioma de un país. El legislador no tiene competencia para eso, salvo para casos concretos. Los temas del lenguaje son muy difíciles de manejar porque implican cuestiones culturales en los que el derecho trata de no meterse”.

También agrega que en el proyecto tendría que estar contemplada la sanción. “Si un funcionario no cumple la norma, daría lugar a una responsabilidad administrativa. Esto en materia de lenguaje sería una locura”.