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    La mayoría de la población está a favor de aplicar penas alternativas a la prisión

    El 66% de los uruguayos cree que el sistema judicial debería utilizar más frecuentemente las penas alternativas a la prisión, como el trabajo comunitario, la tobillera electrónica o la libertad vigilada.

    “La mayoría demanda más penas alternativas, pero no está claro para quiénes serían adecuadas. No se observan diferencias según nivel educativo, pero sí según ideología, ya que el apoyo es más grande en la izquierda que en la derecha (76% a 60%)”, afirman parte de las conclusiones del estudio a cargo de la consultora Cifra, realizado en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario.

    Según el informe, el 79% de los encuestados prefiere que la pena alternativa sea otorgada a una madre con hijos a cargo que comete un delito leve, mientras solo 11% la enviaría a prisión. En este caso es mayor el apoyo de los hombres que de las mujeres: 80% a 78%.

    La extensión de las penas alternativas es una propuesta que impulsa el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, basándose en experiencias internacionales como las del estado de Texas, Estados Unidos. Su planteo fue formulado en diversas ocasiones al Parlamento y al Ministerio del Interior, y busca descongestionar las prisiones y centrar los esfuerzos de recuperación en los internos que están en prisión procesados por delitos más graves y que por falta de oportunidades laborales y educativas suelen cometer nuevos delitos cuando salen en libertad.

    “Hay coincidencia en que es imprescindible tener políticas adecuadas que fomenten la rehabilitación y la reinserción social. Además, la gente sabe que es necesario invertir para lograr procesos de rehabilitación exitosos, y puestos en la disyuntiva de asignar recursos escasos, el 58% prefiere invertir más en la rehabilitación y reinserción social que en ampliar la capacidad de las cárceles”, sostiene la encuesta.