La muerte del general Miguel Dalmao, como su procesamiento en 2010, se convirtió en punto de quiebre en la interna militar

Entre la detención de Nibia y la entrega del cuerpo a los familiares habían pasado apenas unas horas. El subcomisario Eduardo Tellechea, de Inteligencia policial, comunicó que tenían “prohibido” abrir el cajón, pero la orden no fue acatada.

“Lo único que yo podía hacer era una descripción somera de lo que veía desde afuera, no era una autopsia, sino un reconocimiento del cuerpo”, declaró Carámbula al juez penal que lo interrogó en junio de 2005, cuando la causa comenzó a instruirse.

A pesar de las limitaciones, el reconocimiento alcanzó para describir tres elementos importantes, luego confirmados en una consulta al profesor de Medicina Forense Julio Arsuaga: no había señales de ahorcamiento por suicidio, no había habido autopsia, como decían los papeles firmados por el doctor José Mautone y sí existían huellas de golpes en varias partes del cuerpo.

A pesar de los avances, el caso fue archivado por estar comprendido en la “ley de caducidad”. Sin embargo, el destino quiso que el expediente fuera el primero en salir de ese estado, por decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia que declaró la norma inconstitucional para ese caso.

Con los elementos recogidos durante la indagación, a la fiscal Mirtha Guianze y al juez Rolando Vomero, que comenzaron la investigación ante la denuncia de Stella Sabalsagaray, hermana de la muerta, no les costó demasiado trabajo descartar el suicidio, sobre todo cuando sumaron y restaron y llegaron a la conclusión que para haberse colgado en la celda del batallón de Transmisiones Nº 1 de Camino Casavalle, como decían los testigos y documentos militares, la profesora Sabalsagaray debía haber medido 2.20 de altura, cuando en realidad apenas superaba 1.60 metros.

“Los elementos probatorios incorporados en autos indican que Nibia Sabalsagaray no pudo colgarse como relataron los indagados. Para ello debió ser gigante, lo que no era, (y) hacen presumir que sufrió apremios físicos durante el interrogatorio al que fue sometida y que falleció a consecuencia de ellos”, sostuvo el dictamen.

Primer general de Tabaré Vázquez.

Cuando en 2005 el presidente Tabaré Vázquez envió al Senado el primer pedido de venia para ascender al coronel Miguel Dalmao al grado de general, hacía bastante que se sabía que el militar estaba relacionado con la muerte de Sabalsagaray bajo torturas y en medio de una sesión del llamado “submarino seco”, que consiste en la introducción de una bolsa de nailon en la cabeza hasta llegar casi a la asfixia.

Dalmao, como varios de sus compañeros de promoción que llegaron a general, entre ellos el actual comandante Juan Villagrán, era masón. Además fue el primer general uruguayo del arma de comunicaciones. Durante 2005 pudo salvar ese primer examen político y logró el ascenso a la máxima jerarquía.

El presumario judicial, sin embargo, no se detendría y luego de comprobar que Dalmao dio tres versiones contradictorias entre sí (ante la justicia militar, por escrito a la justicia penal y ante el juez y fiscal) sobre cómo fue hallada muerta la detenida, fue procesado por coautoría de homicidio especialmente agravado junto con el entonces jefe de la unidad, el coronel José Chialanza.

Chialanza y Dalmao ingresaron a prisión el 8 de noviembre de 2010. El primero estaba en retiro pero el segundo era entonces jefe de la poderosa División de Ejército IV (con sede en Minas).

Para llegar a la poco común decisión de poner preso a un general en actividad, los magistrados habían tomado recaudos. En el expediente, además de Carámbula, Laurenzo, la amiga de Sabalsagaray Antonia Yañez y varios oficiales, habían declarado personas que estaban presas en el batallón de camino Casavalle en esos días así como ex soldados que confirmaron que Dalmao, a pesar de que apenas era alférez (el grado más bajo de un oficial) no solo era formalmente jefe del S-2 (inteligencia) de la unidad ese día, sino que había tenido participación, sino directa, al menos lateral en la suerte corrida por la militante.

El “garrón” y ocho magistrados.

El Frente Amplio lo ascendió en 2005. El presidente José Mujica lo visitó en el hospital en 2010. El ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro insiste en que Dalmao “se comió un garrón”. También se colocaron en esa línea los periodistas y columnistas Gabriel Pereyra de “El Observador” y Gerardo Sotelo de “El País”.

“Un alférez responsable de una sesión de tortura. En la dictadura pudo pasar cualquier cosa, pero eso no se lo cree nadie, salvo las organizaciones que militaron por esta causa, el fiscal y el juez Rolando Vomero. Y con eso alcanzó” afirmó Pereyra.

“Yo, no la maté” había insistido el general en el juzgado. Su amigo, el general retirado Wile Purtscher (ver Búsqueda Nº 1.798 y página 7 de esta edición) ha acusado al juez Vomero de “decadente, venal e inmoral” y a la fiscal Guianze de prevaricato (decisión arbitraria a sabiendas) pero en realidad, además de estos magistrados, en el caso han intervenido otros jueces y fiscales, además de tres ministros de un Tribunal de Apelaciones. Todos coincidieron con los dos primeros.

En efecto, participaron los ministros Bernadette Minvielle, Julio Olivera y Eduardo Borges y los fiscales penales Carlos Negro y María Camiño, luego de la jubilación de Guianze. La jueza Dolores Sánchez, que reemplazó al ascendido Vomero, dictó una sentencia de 28 años de prisión.

La sentencia interlocutoria redactada por la doctora Minvielle confirmó en casi todos sus términos la actuación de primera instancia y sostuvo que “no se advierte retaceo alguno en los derechos de Defensa” como pretendía la apelación, sino, por el contrario, “una prolija y pulida salvaguardia de su posición procesal”.

El Tribunal sostuvo que “asistimos a un caso de homicidio y no de suicidio, como insistentemente ha manifestado la Defensa”.

Los magistrados, citando a los peritos médicos, indicaron que hubo “una violencia ejercida sobre el cuello distinta del ahorcamiento”.

También destacó que el informe forense del médico militar José Mautone corresponde a “un profesional cuya ética fue severamente cuestionada por su funcionalidad a los intereses del sistema represivo entonces existente”.

El fallo hace también referencia a las autopsias histórica y psicológica. Acerca de esta última indica que tampoco avala la versión del suicidio de esta joven profesora recién recibida con “una fuerte contención afectiva y un ideario político social (...) por el que luchar”.

Acerca de los testigos, el Tribunal destacó a Daniel Mesa, entonces preso en la unidad bajo el mando de Chialanza, que en esas horas escuchó hablar de una muerte por “submarino seco” y el de otro, a quien un soldado con quien hablaba a menudo, le dijo sin rodeos: “al cabezón Dalmao se le fue la mano y mataron a un compañero de ustedes”.

Los magistrados destacaron también que “el día que falleció Nibia Sabalsagaray, el encausado Dalmao no solo se encontraba en la Unidad sino que también admite (luego que en su primera declaración ante este Juzgado expresara increíblemente que tomó conocimiento del hecho por información que circuló) haber sido el primero que encuentra el cuerpo”.

Minvielle, Olivera y Borges confirmaron que la causa de la muerte de Sabalsagaray “fue la de homicidio especialmente agravado por la grave sevicia (...) durante un interrogatorio, en el que la víctima fue sometida a apremios, y dentro de los que se destaca la compresión del cuello -sea mediante ‘submarino seco’ (...) u otro procedimiento que importara compresión del cuello a nivel hioideo (hueso del cuello) y por parte del o de los interrogadores- causante de la ahorcadura y que devino en la causa de muerte”.

Omertá, dinero y vídeo.

Entre los allegados y familiares de Dalmao hay malestar con el Ejército y en especial con algunos oficiales por su actitud ante la situación del general. Según las fuentes consultadas por Búsqueda, la familia cree que a Dalmao “lo dejaron solo” en su defensa. Ese malestar se debe a que “hubo gente que se calló la boca” y “no asumió su responsabilidad” en los hechos de 1974, dijeron los informantes.

El entorno de Dalmao entiende que “correspondía” que los que fueron superiores de Dalmao en esos años asumieran su responsabilidad en los hechos, algo que no ocurrió.

“Dalmao murió con honor, sin acusar a nadie, porque era deber de otros responsabilizarse”, dijo una alta fuente militar.

Entre Dalmao y Chialanza, con mando paralelo, estaban los entonces capitanes Antranic Ohanessian y Mario Segnini que tenían a cargo la zona del Organismo Coordinador de Organizaciones Subversivas (OCOA), dependiente de la División I.

Por otra parte, coincidiendo con la postura de Fernández Huidobro en el sentido de que un alférez no podía estar a cargo de los interrogatorios, una alta fuente del Poder Ejecutivo confirmó a Búsqueda que el procesamiento de Dalmao, en tanto oficial “joven” en actividad, fue un punto de quiebre que produjo un fuerte impacto en la interna militar. En el gobierno se registra como un “hecho significativo” la coincidencia en el tiempo de la prisión de Dalmao con la aparición de un vídeo anónimo con amenazas a los jueces y fiscales por parte de tres encapuchados con uniforme militar.

En marzo de 2011, Búsqueda informó que el gobierno investigaba un vídeo en el que hombres uniformados anuncian “operaciones militares” para liberar “presos políticos”.

Días después, el presidente José Mujica, que antes había informado de la existencia del vídeo a líderes partidarios y a la Suprema Corte, reconoció haber visto la filmación en la que supuestos militares amenazaban al Poder Judicial por los procesamientos de jerarcas de las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

La detención de Sabalsagaray, confirmaron a Búsqueda fuentes del entonces ilegal Partido Comunista, se produjo en el marco de un operativo contra el aparato financiero de esa organización. La profesora era una militante profesional que actuaba como secretaria de finanzas del sector Universitario de la Juventud Comunista (UJC).

Dalmao, a su vez, a pesar de su juventud, también tenía un grado de compromiso.

Según recordó esta semana en la red Proyecto Miramar el abogado Juan Errandonea, que patrocinó la denuncia, “Dalmao en 1974 no era un simple alférez inexperiente. Era el único oficial S2 en la unidad, es decir el único oficial operativo de inteligencia militar, ya que su jefe inmediato el capitán Segnini estaba sancionado y separado de su cargo. Además, Dalmao el año anterior (1973) había hecho un curso de contrainsurgencia en Panamá, lo cual surge de su propio legajo, por lo que era ‘experto’ en ‘interrogatorios’”. (Para esta nota, junto a otras fuentes, fueron consultados los libros “Criminales. Dramas, mitos y tradiciones”, de Raúl Ronzoni, Fin de Siglo, 2011 y una biografía inédita de Marcos Carámbula, de Pablo Méndez).