La oposición destaca que, pese a que el Frente Amplio antes se resistía, en cinco años votó varias leyes para aumentar penas

Pedro Bordaberry (Partido Colorado) aprovechó su intervención para destacar este hecho. “Es muy buena la tendencia de este Parlamento en los últimos años: aumentar las penas como solución a quienes cometen delitos. Es muy bueno”. A continuación, el legislador enumeró una serie de leyes aprobadas o proyectos de ley a estudio en los que se plantea el aumento de penas desde 2012 a la fecha. Hay al menos once iniciativas que cumplen con ese criterio.

Este año, en tanto, se votó el aumento de pena para el caso de delito de abigeato. Además se aprobaron los proyectos que establecen penas más gravosas en casos de femicidio y en delitos vinculados al narcotráfico.

El Senado dio media sanción, la semana pasada, a dos proyectos que establecen penas para el delito de trata de personas y de violencia contra la mujer.

Bordaberry recordó que en los últimos años también se presentaron propuestas para crear un Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que incrementa las penas para delitos graves. Otra iniciativa implica aumentar los castigos para quienes contravengan las normas al explotar o facilitar juegos de azar en lugares públicos.

“Es bueno no hacerse el distraído entre el discurso público y lo que se hace acá. Estoy convencido de que saben que es algo bueno el aumento de penas”, dijo Bordaberry en la sesión.

Luis Alberto Heber (Partido Nacional) coincidió con Bordaberry. “El Estado debe proteger a la ciudadanía en su conjunto, mediante el aumento de las penas. Soy partidario de aumentar las penas sobre todo cuando estas atentan contra la vida”, afirmó. “Creemos que nuestro Código Penal es benigno en cómo trata a la delincuencia”.

En la sesión, Marcos Otheguy (Frente Amplio) dijo que no entraría a discutir ese planteo. Aclaró que en “algunos casos” pueden haber sostenido que había que incrementar las penas y en otros no. “Tener el aumento de pena como paradigma, a mí me da pena. No es la orientación de la bancada oficialista”, afirmó.

Su compañero de bancada Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) dijo a Búsqueda que en este tema es “pragmático”. “Hay cosas como los delitos de trata, explotación de personas, que son delitos aberrantes. No hay que temer en aumentar”, explicó Carrera, que fue director general del Ministerio del Interior.

El senador dijo que este tipo de medidas “son una señal de cómo la sociedad enfrenta” estos delitos. “El Derecho Penal tiene una función social de decir lo que permitimos y de lo que estamos en contra. En algunos casos no podemos titubear”.

Carrera recordó que trabajó en el área de seguridad y convivencia para los programas de gobierno del Frente Amplio de 2009 y 2014, y señaló que la izquierda “nunca dijo que iba a ser benévola con los delincuentes”. Explicó que se planteó aplicar “políticas integrales” que pasan por medidas sociales para atender la situación de las personas y a la vez mejorar a la Policía para que cumpla sus funciones de “prevención, disuasión y represión”.

Pero hay dentro del Frente Amplio posturas contrarias al aumento de penas. En la sesión de julio de este año, cuando se aprobó un proyecto de aumento de penas contra el narcotráfico, la diputada Macarena Gelman cuestionó la decisión. “En lo que refiere a las disposiciones penales, tenemos que expresar nuestro franco desacuerdo en el sentido de que la inflación penal nunca es una respuesta”.

Prevención.

Pablo Galain, profesor de Derecho Penal e investigador senior del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Alemania, comentó a Búsqueda que el incremento de penas “no tienen ningún sentido favorable en relación con los fines que la doctrina identifica para legitimar y justificar el castigo monopólico en manos del Estado”.

Explicó que según la doctrina, la pena procura “fines de prevención” que, por un lado, tiene efectos positivos como la “resocialización del autor” del delito y por otro, negativos, como la posibilidad de que vuelva a cometer un daño. “En ninguno de estos fines ‘previene’ más o mejor una pena mayor que una pena que ‘efectivamente’ se cumpla, sea esta de la magnitud que fuere; lo que ‘disuade’ no es la cantidad de tiempo de reclusión, sino que efectivamente exista la posibilidad de la reclusión o de algún otro tipo de sanción o consecuencia para quien cometa delitos”.

Galain dijo que la pena no solo tiene que ser entendida como la cárcel, sino que hay otras medidas, como el pago de una multa, trabajos en beneficio de la sociedad o el decomiso, por ejemplo. Señaló que en Alemania casi el 90% de los delitos son castigados con penas de multas y muchos procesos son “desviados” a formas alternativas de resolución del conflicto.

“¿Qué sucede en Uruguay? En cifras de 2015, de 4.000 casos penales, fiscales y jueces apenas solicitaron y aplicaron 11 multas; esto es, en Uruguay las multas no llegan al 0,275 % de la totalidad de castigos. Sería un facilismo echar la culpa solo a los operadores de la Justicia penal, pues estos aplican la norma creada por el Parlamento, una norma que en muchos delitos ata las manos al aplicador en cuanto a la pena posible, según una política criminal añeja o atrasada en relación con los postulados académicos”.