La oposición habla de “torpeza”, “desidia”, “mano abierta” con fondos públicos y “abuso de poder” en denuncia contra Ancap

Los blancos incluyeron en su denuncia medio centenar de nombres sugeridos para que la Justicia los cite para tomar declaraciones. El vicepresidente Raúl Sendic —que estuvo al frente de Ancap desde el año 2010 hasta el 2013— se repite como testigo sugerido por los blancos en cuatro de los seis temas denunciados por ellos.

Publicidad.

Los gastos de Ancap en publicidad es un tema denunciado por todos los partidos de la oposición. Según los registros contables, durante los ejercicios 2013 y 2014 el ente gastó U$S 10.700.000 anuales, lo que multiplica por diez los valores de 2005. “Todo en una empresa que actúa en competencia solo en muy pocos productos, en situación de fragilidad económico-financiera, y con la destacable característica de que este incremento ocurrió en período electoral”, dice la denuncia de los blancos. Hay varios hitos en este capítulo: el procedimiento licitatorio para la contratación de la agencia de publicidad La Diez que tenía “discrecionalidad” para cobrar comisiones a otros medios, el gasto de US$ 360 mil dólares para una fiesta de inauguración de la planta desufurizadora y la contratación de publicidad en una radio que no estaba emitiendo, entre otros.

Transporte de cal.

Esta cuestión también es denunciada por todos los partidos. El transporte de cal desde la planta de Treinta y Tres hasta una usina en Candiota, en Brasil, se realiza exclusivamente por la empresa Pleno Verde, registrada en Uruguay pero administrada y operada por brasileños. La oposición denuncia que la empresa fue contratada sin licitación y con el único argumento que en Uruguay no había quién pudiera hacerse cargo de ese flete, algo que durante la comisión investigadora se logró desmentir. También se denuncia un sobreprecio —pagado por Ancap— de unos U$S 35 por tonelada en el flete.

Equipamiento de la planta de cemento.

El Partido Independiente hace foco en este tema. En la denuncia se planteó como llamativo que la “totalidad del equipamiento contratado por las plantas” haya sido “adquirido al mismo proveedor en observación de un proceso de selección que deja muchas más dudas que certezas en orden a su transparencia”. La empresa es la multinacional FLShmidth, que en Uruguay es representada por Vimar Cement SA.

“Llama la atención que en dos de las cuatro convocatorias solo se haya presentado FLSmidth. (…) Corresponde a nuestro juicio que la Justicia investigue cada una de las contrataciones que venimos de citar, a fin de discernir si existió algún tipo de direccionamiento por parte de Ancap en los procesos de selección de equipamiento para las plantas en cuestión (que involucraron cifras siderales)”, dice la denuncia del Partido Independiente.

Cancelación de deuda con PDVSA.

Ancap mantenía una deuda con la petrolera venezolana PDVSA por más de U$S 700 millones en el año 2012. En marzo de ese año, el ente uruguayo firmó un acuerdo con Venezuela para cancelar lo adeudado, con un descuento cercano al 30%. En ese acuerdo se estipuló que se ejecutaría un plan financiero propuesto a Ancap por la empresa Exor, que según la denuncia de los blancos, entró en escena “por la ventana, sin concurso de precios ni ideas, ni nada”.

En diciembre de 2012 se canceló la deuda con una quita de U$S de 200 millones en beneficio de Ancap. Sin embargo, Exor demandó al ente por costos operativos y por no hacerse de la comisión acordada por la operativa. La oposición denuncia que se actuó “sin respetar los principios de buena administración” y presupone que el entonces presidente de Ancap (Sendic) “ocultó información al resto del directorio y al propio presidente de la República cuando lo lleva a acordar directamente con PDVSA sin respetar la aparente mediación de Exor que se encontraba vigente”.

El remolcador de combustible.

El remolcador Ky Chororó, para transportar combustibles de manera fluvial a distintos puntos de distribución, fue inaugurado en mayo de 2013. Cuatro años antes se había firmado un contrato con el Ministerio de Defensa para construir ese buque y dos barcazas. Pese a la inauguración de 2013, el remolcador aún no ha entrado en servicio. Entre otras cuestiones, la oposición denuncia la ejecución del proyecto con costos finales distintos a los establecidos en el contrato, realización de una fiesta de una inauguración cuando el buque aún no estaba terminado, la contratación de una empresa argentina (RN Consultores) sin llamado a precio para intermediar en la construcción del remolcador, y los excesivos costos (al menos U$S 8 millones) en el arrendamiento de un remolcador mientras el Ky Chororó estuvo inactivo.

Importaciones de Ancap.

Esta es una denuncia exclusiva del Partido Nacional. Durante el trabajo de la comisión investigadora surgió que Ancap realizó importaciones de petróleo, gas butano y propano que no fueron registradas oportunamente en la Dirección Nacional de Aduanas. Los blancos piden a la Justicia que investigue si los hechos constituyen una irregularidad, una infracción aduanera y si fueron abonados los impuestos correspondientes.

Trafigura.

Entre los años 2010 y 2011 se realizó la “Operativa Trafigura”, un acuerdo interestatal por el que Uruguay, a través de Ancap, compraba crudo a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador y luego vendía gas oil a la misma empresa. Para esto contaban con la intermediación de la empresa Trafigura, definida como un “operador oculto”. En la denuncia, los blancos señalan que el acuerdo interestatal tuvo como base evitar la actuación de intermediarios. “Desde el vamos se contraviene la voluntad de los Estados contratantes y, peor aún, se engaña a Ecuador”, dice la denuncia. La utilidad de Ancap en el negocio era un diferencia de 0,10 % en ambas operaciones.

Deuda impaga de Pluna.

Es una denuncia exclusiva del Partido Colorado. Ambos entes tenían un convenio vigente desde el 2008 por el cual la petrolera vendía combustible a la desaparecida aerolínea. De acuerdo a la denuncia colorada, Pluna abonaba sus consumos en forma semanal mediante un cheque de pago diferido que no podía tener un vencimiento mayor a las cuatro semanas. El consumo de Pluna era de aproximadamente un millón de dólares semanales, por lo que el total del crédito del que gozaba era de U$S 4 millones. “Sin respetar lo pactado, Pluna comenzó a entregar cheques con plazo de 180 días por lo que, por fuera del contrato, Ancap asumió un riesgo de no cobro que transformó los U$S 4 millones en más de U$S 20 millones”. Los colorados proponen investigar si hay responsabilidad penal en “la no advertencia, ocultamiento u omisión de los funcionarios actuantes, en denunciar los hechos y por ende en cumplir con los deberes de su cargo”.

Alur.

Asamblea Popular presentó una denuncia con cuatro temas a investigar. La relación de Ancap con Alur es la única cuestión exclusiva. La abogada María del Carmen Dávila explicó a Búsqueda que se pide investigar por qué esa empresa —propiedad de Ancap— da pérdidas, ya que el ente petrolero la ha capitalizado varias veces. “Se puede presumir que acá hay una mala administración”, dijo. Para la abogada que patrocinó la denuncia de Asamblea Popular, esta investigación de la Justicia llevará unos tres años.