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    La oposición le retira el apoyo a la presidenta del Tribunal de Cuentas, un obstáculo más para renovar organismos de contralor

    El Frente Amplio considera que su actuación en la discusión de la concesión a Katoen Natie demuestra que no fue neutral, lo que se suma a las dificultades que trancan las nuevas integraciones de la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Fiscalía de Corte

    Los partidos políticos con representación en el Senado se preparan para retomar la discusión de la renovación de un conjunto de cargos y organismos de contralor que requieren mayorías especiales. Las negociaciones esta vez parten de varios casilleros más atrás del que terminaron el año pasado, luego de que fracasara un acuerdo para designar el sucesor de Luis Tosi en la Suprema Corte de Justicia.

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    La sucesión de Jorge Díaz en la Fiscalía de Corte también permanece sin acuerdo, incluso con alguna dificultad adicional porque Cabildo Abierto ya no respalda a Juan Gómez, quien ocupa hoy el cargo. Sus opiniones en contra del proyecto de ley de previcariato que impulsa el partido liderado por Guido Manini Ríos, y su negación de los allanamientos de la radio Azul FM, paralelamente confirmados por el Ministerio del Interior, fueron algunos de los puntos que llevaron a los cabildantes a retirarle el apoyo.

    “El fiscal de Corte no puede hacer este tipo de manifestaciones y además quedó definido que no decía la verdad”, dijo a Búsqueda el senador Raúl Lozano. En el oficialismo incluso hay un temor mayor: que no se logre designar un nuevo fiscal de Corte y el organismo quede acéfalo en 2025, cuando Gómez pase a retiro al cumplir 70 años.

    En los organismos de contralor la definición está cada vez más empantanada. En la Corte Electoral el estancamiento tiene varios meses, aunque los nombres de la futura integración están definidos: el nacionalista Darío Castiglioni sustituiría a Ana Lía Piñeyrúa y el colorado Juan Máspoli cedería su lugar a la cabildante Sandra Chá, cuya votación es un tema prioritario para los liderados por el senador Guido Manini Ríos.

    Ante la falta de consenso por la presidencia del organismo, se eligió por extender el mandato del neutral José Arocena, pero su suplencia es la que está trancando que se cierre el acuerdo. El Frente Amplio reclama que caiga en manos del actual vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, mientras que el sector Batllistas del Partido Colorado pide ese lugar, bajo el entendido que al gobernar la coalición le corresponde el espacio, y que a la vez debe ir a sus filas, por el hecho de ser el sector político que pierde representación en la Corte.

    En el Tribunal de Cuentas las dificultades son todavía más profundas. El Frente Amplio ya había comunicado que no votaría el único cambio por entonces previsto: la sustitución del colorado Álvaro Ezcurra por su par Gustavo Osta, vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). En febrero, la entonces senadora Lucía Topolansky argumentó en contra de su designación. Dijo que, si bien la oposición había votado la venia de Osta, en su desempeño en AFE se había dedicado a “armar lío” y remarcó que el Tribunal de Cuentas requería “un marco de armonía entre sus miembros” (Búsqueda Nº 2.160).

    Para complicar más las cosas, un nombre cuya continuidad no había generado ruido ni en el oficialismo ni en la oposición —el de la presidenta del Tribunal, la neutral Susana Díaz— ahora pasó a estar en la mira del Frente Amplio. El motivo del cambio de ambiente fue su accionar en la sesión del organismo en el que se decidió no observar el contrato firmado entre el Poder Ejecutivo y Terminal Cuenca del Plata, la concesionaria de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, cuya accionista principal es la belga Katoen Natie.

    En la oposición causó mucho malestar la forma en que Díaz desistió de observar el accionar del presidente de la ANP, Juan Curbelo, ante la insistencia de los ministros oficialistas del Tribunal de Cuentas, cuando durante la sesión había mostrado convencida de que correspondía hacerlo (Búsqueda Nº 2.170). Curbelo es cuestionado tanto por el Frente Amplio como en dos informes jurídicos internos del Tribunal de Cuentas por haber gestionado el asesoramiento preceptivo de la ANP al Poder Ejecutivo, tanto en el nuevo contrato con Terminal Cuenca del Plata como en el nuevo reglamento de atraque, sin haberlo tramitado en el directorio de la ANP.

    Aunque todavía no se discutió formalmente, en la bancada de senadores frenteamplista dan por hecho que Díaz no contará más con el apoyo de esa fuerza política. “Después de lo que se hizo en el manejo absolutamente irregular del expediente en el Tribunal de Cuentas con varios informes y de lo que se supo públicamente en la sesión, está claro que no la podemos acompañar”, dijo a Búsqueda Charles Carrera. El senador considera que los hechos demostraron que Díaz “no tiene ninguna neutralidad”, y expresó que a su juicio “el Tribunal observa o no observa”, pero no debe hacer meros ‘llamados de atención’ a las irregularidades cometidas con Curbelo”.

    En tanto, el también senador frenteamplista Enrique Rubio escribió el jueves pasado en Twitter que Díaz “mostró no estar a la altura de su investidura”.

    La bancada del Frente Amplio le transmitió al negociador del Partido Nacional, el senador Gustavo Penadés, que no apoyan más el nombre de Díaz como neutral para presidir el Tribunal de Cuentas. Esto también generó críticas en los blancos. “Cuando les da la razón, les sirve, y cuando no les gusta lo que hace, no la quieren más”, ironizó un legislador oficialista.

    Citaciones de Fiscalía

    Mientras el tema genera complicaciones en el Senado, el fiscal de delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez, analiza la citación de una decena de personas, incluidos asesores jurídicos de las empresas Montecon y Katoen Natie; el expresidente de la ANP Edison González Lapeyre, y representantes de la empresa Montecon, de varias navieras y del ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, luego de que desde la empresa belga afirmaron haberse reunido con él en enero de 2020. Según publicó este martes la diaria, los también integrantes del directorio de la ANP, Daniel Loureiro (Cabildo Abierto) y Alejandra Koch (Frente Amplio) declararon ante Rodríguez que no tuvieron conocimiento formal del acuerdo hasta que este fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou ante el Parlamento el 1º de marzo de 2021.

    Ahora el Frente Amplio presentará una demanda anulatoria del acuerdo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para lo cual tiene tiempo hasta el 5 de mayo. El argumento de la oposición es que se violentó el “derecho a la participación política”, en la medida de que a su juicio, el acuerdo requería ser respaldado por una ley con mayorías especiales, ya que, por ejemplo, estaba conformando un monopolio de hecho.