La ostentación de distinciones y títulos académicos falsos exige un registro único nacional para frenar la “cultura del polizón”

¿Qué es lo que lleva a un funcionario público a mentir sobre su estatus profesional? Según Rama —exdirector del Instituto Internacional de la Unesco para la Educación en América Latina y el Caribe (Iesalc)—, es el afán de lucir un título y el hecho de ser llamado “doctor”, “licenciado” o “profesor” resulta ventajoso. Estas situaciones no solo remiten a un “deterioro ético de la función pública” de los actos profesionales, sino que refleja “la ausencia de un control público sobre estos actos ilegales”, concluye el experto en una reciente publicación titulada Luchas por el poder y reforma universitaria en Uruguay (Grupo Magro, 2019), donde señala las “lógicas endogámicas” del sistema de educación superior que limitan la competencia por la calidad y la eficacia del gasto.

El mundo del revés

El caso de Sendic es el más conocido, pero dista de ser el único. “Apenas es la punta del iceberg de una cultura”, dijo Rama a Búsqueda. “En Uruguay existen centenares de personas con títulos de grados y posgrados, nacionales y extranjeros irregulares o falsos: son cientos los que se presentan como lo que no son. ¡Y lo peor es que nadie los vigila!”, continuó este doctor en Ciencias de la Educación. “Parecería que solo la prensa y las redes cumplen la función de descubrir quién dice ser lo que no es. ¡Es el mundo del revés!”, afirmó.

Uruguay “carece de un sistema integrado” de certificación donde los títulos sean registrados “de forma clara y transparente”, ya que la Udelar, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) o el MEC tienen distintos sistemas de registro con la educación privada, explicó Rama. A su vez, la Suprema Corte de Justicia registra los títulos de abogados y emite una cédula para que estos profesionales actúen ante los Tribunales, igual que hace Salud Pública en otras profesiones de esa área.

A juicio de Rama, el gobierno que asuma en marzo debería aplicar un sistema de control de certificados profesionales que facilite el acceso a la información sobre quién tiene título verdadero. Propuso, por ejemplo, “la creación de un registro único nacional” de acceso por Internet, el cual permita saber si los títulos y certificados son otorgados por instituciones competentes y según las normas internacionales de la educación, y que también aclare el nivel de cada certificación. Un sistema que regule el mercado de las titulaciones y garantice un conocimiento previo de las certificaciones universitarias —sean de grado, terciarias o de posgrado, en el ámbito público y privado, local e internacional— con criterios técnicos de seguridad y control de falsificaciones.

Todas las universidades de Uruguay deberían publicar en sus páginas web el listado de sus egresados, planteó Rama, y agregó que en muchos países los títulos tienen foto del portador, código de barras, son impresos en un papel moneda o especial, o poseen otros sistemas de garantía y control que dificultan la falsificación.

“Cambió un vicepresidente, pero no el sistema de control o una modificación del marco legal —sobre la usurpación de título— para evitar la multiplicación de estos casos. ¡Es una locura!”, opinó Rama, para quien este problema está asociado a “la cultura del polizón”, aquella referida a quienes buscan acceder a ciertos beneficios, espacios de competencia laboral o reconocimientos públicos sin esfuerzo ni trabajo para lograr esas certificaciones. “Es como la persona que se adelanta en la fila, pero en estos casos está penalizado”, apuntó y añadió: “Solo con información veraz y transparente se podrá anular a los potenciales polizones que desvalorizan los estudios, el esfuerzo personal y el mérito”.