La política fiscal perjudicó a los pobres y a la clase media

A pesar de estar bien posicionado en la región, Uruguay se caracteriza por presentar elevados y persistentes niveles de desigualdad en relación con los países de ingresos medios o altos con un tamaño relativo similar de su sector público, sostienen Leonel Muinelo y Oriol Roca en la introducción del estudio, recientemente publicado. Los modelos de análisis que utilizaron “revelan la existencia de importantes efectos keynesianos de largo plazo asociados al gasto público” en Uruguay y que su estructura “es, en parte, responsable del aumento de la desigualdad de los ingresos disponibles de los hogares”.

Compararon a Uruguay con tres países europeos que eligieron porque representan diferentes modelos de desempeño de su sector público, y al disponer de datos comparables y para un período cercano. La intervención pública redujo la desigualdad de manera más marcada en Suecia que en el Reino Unido y en España (donde incluso la capacidad redistributiva aumentó en los años ochenta y en la primera mitad de los noventa, pero entró en claro declive posteriormente). En Uruguay la disminución de la desigualdad fue menor que en esos casos.

Luego, al analizar las consecuencias que tiene el gasto público en Uruguay hasta 2010, observan que el de tipo corriente y el asociado a la seguridad social aumentan la desigualdad de ingresos, mientras que la inversión lo reduce.

El “efecto perverso o inesperado” sobre la desigualdad fue constatado también al aplicar los modelos de análisis a los hogares divididos en cinco partes (quintiles) según su nivel de ingreso, lo que los autores marcan como una novedad metodológica que permite identificar con más precisión las consecuencias de la política fiscal en la distribución. Usando dicho enfoque demuestran que la clase más pobre y media en Uruguay “están claramente perjudicadas por la política fiscal, mientras que la más rica es la beneficiada”. Eso porque el gasto público corriente provoca un deterioro de la situación de los quintiles medios y ya que también los recursos destinados a la seguridad social reducen la participación del sector más pobre. “La inversión pública es el único instrumento de política fiscal analizado que reduce la desigualdad y mejora la participación en los ingresos de los pobres y de la clase media, al mismo tiempo que reduce la participación de los ricos”. Sin embargo, observan que la inversión pública solo representa entre 5% y 7% del gasto público (dependiendo del año específico) y, en consecuencia, este efecto se ve totalmente ensombrecido por las otras políticas fiscales.

También hallaron un efecto nulo en aumentar cualquiera de los ingresos tributarios considerados, lo que podría explicarse en parte debido a los “altos” índices de evasión y a que las bases impositivas en el país son “estrechas y sesgadas hacia un crecimiento” de impuestos no progresivos.

“Así, la aparente paradoja de un país con un tamaño relativamente grande del sector público y una distribución concentrada del ingreso podría ser mejor entendida al analizar los efectos distributivos del sistema fiscal del país. Mientras que en muchos países industrializados avanzados las políticas fiscales se han utilizado para lograr una distribución de ingresos más equitativa, lo contrario se dio en el caso de Uruguay. El corolario de estos hallazgos es que una posible forma de reducir la desigualdad de ingresos netos en Uruguay podría ser cambiar drásticamente no solo la estructura tributaria, sino también el comportamiento de gasto del gobierno al tiempo que se mejora el control de la evasión fiscal”, apuntan a modo de recomendación.

Señalan, no obstante, que es cierto que a partir de 2007 todos los indicadores de desigualdad analizados muestran una modificación “importante de tendencia, algo que puede estar relacionado con el cambio producido en el gobierno y sus políticas fiscales”. Dichas políticas redistributivas hipotéticamente más eficientes coincidieron con un muy alto crecimiento económico en Uruguay, contextualizan los investigadores del Iecon.

Para ellos, los efectos que estimaron “alertan sobre las consecuencias de no cambiar sustancialmente la orientación de las políticas fiscales seguidas en Uruguay durante las últimas décadas, especialmente si el objetivo es revertir el creciente efecto de desigualdad y la exclusión de las personas más pobres de los beneficios de un proceso de crecimiento económico sostenible”.