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Un conjunto de medidas tomadas en los gobiernos del Frente Amplio, que constituyeron una suerte de “pre-reforma” al sistema previsional, tienen, para el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, una “valoración ambigua”.
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Por un lado, aumentaron la cobertura y adecuaron los beneficios para disminuir la incidencia de la pobreza en la población mayor. “Este es un aspecto positivo”. Por otro, la valoración “negativa” refiere a su diseño: “No se contempló la dinámica demográfica”; “generó rigidez estructural en un nivel de gasto que pudo financiarse en el ciclo expansivo excepcional”; y “anticipó en al menos dos décadas el agotamiento de los efectos de la reforma estructural de 1995”, evalúa el Ejecutivo en uno de los documentos entregados al Parlamento junto con el proyecto de Presupuesto quinquenal.
Allí plantea que la sustentabilidad financiera del sistema presenta “desafíos de primer orden”. Señala que el gasto previsional del Banco de Previsión Social alcanzó “niveles superiores a los que se esperaban para dentro de unas tres décadas y con trayectoria ascendente. Las erogaciones asociadas a los servicios de retiro policial y militar mostraron una evolución similar.
Además, la “cantidad y composición” de las prestaciones pagadas registró un “fuerte aumento” desde el 2008, en el marco de un proceso que identifica como de “pre-reforma”, aludiendo a la que el nuevo gobierno se propone encarar. El cambio “más significativo” fue, según el documento, la Ley 18.395, que flexibilizó las condiciones de acceso a la jubilación. También cuestiona que el número de nuevas pasividades por motivo de incapacidad alcanzó “niveles excepcionalmente altos debido a pluralidad de causas”.
Otras dos medidas “erosionaron los impactos positivos que la transición al sistema mixto instrumentado en 1996 “debería haber generado”. Primero, la Ley 19.590 de “cincuentones”, votada en 2017, por la cual unas 40.000 personas se desafiliaron de las AFAP. Segundo, a partir del año 2007 se implementó una “automatización del incremento” de los mínimos jubilatorios de menor monto; los “incentivos implícitos en esta política afectan el nivel de actividad de la población de 60 y más años y podría estimular la subdeclaración salarial en ciertas categorías laborales”, alega el Ejecutivo.
Fragmentación
Insinuando pistas sobre hacia dónde pueden encaminarse eventuales futuros cambios al régimen previsional, el documento señala que un “elemento a contemplar y analizar en el marco del proceso de reforma” refiere a la “fragmentación del sistema de seguridad social vigente”, con varias cajas especiales. “Pero también, incluso en el bloque principal”, en referencia al BPS. Para el gobierno eso también tiene relación con la propia institucionalidad del régimen y la “ausencia de un regulador general” , entre otros factores.
