—Sin embargo, sigue habiendo reclamos de lo extenso del proceso y que los niños crecen en una indefinición…
—Antes estaba todo demasiado concentrado en Montevideo; eso determinaba demoras injustificables en la valoración de las familias que tomaban tres y cuatro años. Cuando yo asumí, se estaban empezando a valorar familias que se inscribieron en 2016. El plazo se acotó a 18 meses, y estamos cumpliendo. Para eso incorporamos cerca de 30 técnicos y descentralizamos la gestión: la inscripción inicial se hace en el interior, las entrevistas en las duplas y técnicos se cumplen en Flores, Tacuarembó, Maldonado, Canelones. Y con eso logramos un equilibrio entre la eficiencia y las garantías. Las garantías no pueden faltar en la mesa de un proceso de adopción, porque las decisiones tienen que ser con sustento técnico, con un margen de error mínimo o inexistente, porque si se fracasa en la incorporación de un niño a una familia es un segundo trauma para ese niño que tuvo una ruptura con su familia biológica. La adopción no es un trámite cualquiera. Un plazo de 18 meses es prudente.
—Siempre ha habido una problemática mayor, que es la adopción de los niños más grandes.
—Hay 266 familias prontas para adoptar. Todos los años se inscriben más familias y personas interesadas en adoptar. Advertimos que hay un incipiente incremento en la confianza y en la credibilidad del sistema. Sin perjuicio, arrastramos una carencia que es histórica, que es esa, que es un aspecto de carácter cultural que no hemos logrado vencer todavía, pero estamos trabajando en él. Las familias y las personas que manifiestan su voluntad de adoptar en su enorme mayoría procuran o piden adoptar niños en la primera infancia. A partir de los cinco años las cosas se empiezan a complicar y a partir de los 10 años, mucho más. Por supuesto, no nos resignamos y estamos trabajando en ese frente. En octubre lanzamos una campaña para informar sobre las posibilidades y las alternativas de incorporar niños más grandes. Esa circunstancia es objetiva y estadística, porque de las 151 integraciones del año pasado solo 11 tienen más de ocho años, por ejemplo. Sin embargo, también acumulamos evidencia en el INAU de que en niños de más de cinco años los resultados son tan exitosos como los otros. Esos niños, independientemente de que sean conscientes de que quien los va a adoptar no es su madre o padre, frente a la posibilidad de incorporarse a una familia, se abrazan a esa posibilidad y no la desaprovechan. Creo que es por una reacción instintiva, porque el ser humano ha nacido para crecer en familia y no tener la oportunidad de tener una familia es la vulneración de un derecho humano.
—¿Cuántos niños mayores de cinco años hay actualmente que podrían ser adoptados?
—Hoy tenemos 532 niños y adolescentes con la condición de adoptabilidad declarada. Hay 91 que tienen de cero a seis años y 441 que tienen entre siete y 18 años. Las dos terceras partes del total son mayores de 10 años, y ya sabemos que allí las posibilidades de que salgan en adopción son escasas, por no decir prácticamente nulas. Cuando eso ocurre se abre una etapa distinta.
—¿Qué efectos tiene en los niños el crecer sin una familia y egresar como mayores de edad de un hogar del INAU?
—Cuando quedan bajo el amparo y la tutela del Estado reciben todos los cuidados. Se garantizan todos los derechos básicos. Esos niños y adolescentes desarrollan una vida equivalente a los que viven en familia, pero con esa diferencia, que es sustantiva. El Estado puede ser buen tutor y lo es, pero no es buen padre ni buena madre, porque no lo es.
—Esas 260 familias o personas que menciona que están en condiciones de adoptar a un niño, ¿ninguna quiere adoptar a uno mayor?
—En principio no.
—¿Se planea dar incentivos a familias para que eso ocurra?
—No. Creo que es un tema cultural, que tiene que ver con usos y costumbres familiares, con decisiones personales. El acto de adoptar es un acto de amor, voluntario, solidario, y por lo tanto quienes lo practican son los que saben hasta dónde quieren llegar.
—Pero mientras tanto ocurre ese cambio cultural hay más de 300 niños que crecen en el INAU…
—Lo que ocurre es que la adopción es el instituto más noble, más completo y se aproxima lo máximo posible a la realidad de un hijo biológico, salvo por lo biológico, porque el niño adoptado tiene todos los derechos: patrimoniales, sucesorios, a alimentos, a la identidad. Es la mejor alternativa a la ruptura de los niños con la familia original, pero en la medida que no prospere, no funcione o no tengamos éxito en ese proceso se desarrollan estrategias alternativas para esos niños que crecen y van quedando a cargo del Estado y cumplen los 18 años en el sistema.
—¿Qué sucede con esos menores?
—Comienza una etapa distinta, donde hay que definir otro tipo de estrategias de egreso, que tienen que ver con la educación y la aproximación al mercado de trabajo. Algunos no tienen cómo sostenerse fuera del sistema y hay que autorizar una primera prórroga, una segunda, hasta los 19, 20 o 21 años. Son jóvenes que van a tener que valerse por sí mismos más allá de la asistencia del Estado, o una familia, porque no la hay.
—¿Reciben apoyo económico?
—En la Rendición de Cuentas aprobamos una nueva prestación, que rige desde el primero de enero, que se llama de apoyo al egreso, y es de 3 BPC ($ 16.980). La estamos reglamentando. No tiene un concepto asistencialista, pero sí se va a utilizar en los casos donde un adolescente está en busca de un trabajo porque por ejemplo realizó una pasantía y se terminó o mientras termina la educación, para ayudar a la estrategia de egreso.
—¿A cuántas personas abarcará esa ayuda económica?
—Lo indicará la realidad. No va a depender de la cantidad de adolescentes vinculados, sino de que los equipos técnicos informen que es necesario para que ese joven pueda sostenerse, culminar su educación, contar con esa prestación.
—¿Será una condición que esté estudiando?
—No, no necesariamente. Pero, por supuesto, el propósito es que sea funcional, sea un medio para posibilitar otro objetivo, no simplemente para que se sostenga artificialmente mucho tiempo más. No tiene un concepto asistencialista.
—También mencionaba planes laborales…
—Vamos a iniciar una ronda con las cámaras empresariales, porque tenemos vigente un convenio con el Ministerio de Trabajo en el marco de la Ley de Empleo Juvenil para estimular la contratación de jóvenes vinculados al INAU. Establece desgravaciones en los aportes patronales. Es una herramienta que no se ha desarrollado lo necesario, por más que lo firmamos hace tiempo.
—¿No se estaba aplicando?
—Ha tenido un desarrollo muy escaso, entonces queremos dinamizarlo.
—Los casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes han aumentado desde 2019, que pasaron de 240 a 529. ¿Por qué considera que se dio ese aumento?
—Creo que asistimos a un fenómeno pautado por dos características: el aumento propiamente dicho de los casos de violencia y de abuso hacia niños, por razones que habrá que analizar desde el punto de vista sociológico. El otro fenómeno es que estamos visibilizando y registrando más lo que sucede con la violencia hacia los niños, que atraviesa sin perjuicio la sociedad. No es patrimonio de algunos barrios de Montevideo o algunas localidades del interior. O las llamadas clases bajas y no de las altas. No es así. El abuso sexual puede ocurrir en cualquier barrio de Montevideo, como ocurre, o en cualquier rincón del país.
—¿Qué lugar ocupa el tema de la infancia y la adolescencia en la agenda política?
—Capaz que no el suficiente. Creo que tendría que tener todavía más centralidad. Yo estoy viendo el vaso más lleno. Creo que hay avances en el sistema político. Y sin dudas también en la agenda del gobierno se han dado pasos en lo presupuestal, en el énfasis que se puso en la primera infancia y en cuanto al fortalecimiento institucional y el papel del INAU en los procesos socioeducativos, no solo como un organismo que da amparo.
—¿Cree que la opinión pública se ha involucrado más?
—Sí. Hay un involucramiento mayor de la sociedad, que advierte que son temas centrales. Son tan centrales que creo que con las políticas de infancia y adolescencia el país tiene que terminar de entenderlas como el conjunto de servicios sociales esenciales que están a un nivel equivalente al de la salud pública, la educación pública o la seguridad, por lo mucho que se juega el país y todos los países en el tema de la infancia y la adolescencia. En la primera infancia, lo que se haga o deje de hacer después es determinante y condicionante de la adolescencia de esos niños. Eso condiciona a la sociedad, califica a la sociedad y tiene consecuencias muy notorias.
—Hablaba del medio vaso lleno. En el medio vacío, ¿cree que falta acción desde el sistema político?
—Probablemente sí, pero no lo digo en clave de crítica, lo digo en términos de que estamos en camino y todavía no hemos llegado al final, porque probablemente nunca se llega a la meta. Lo que se haga en materia de prevenir la vulneración de los derechos de los niños, de protegerlos, me parece que está permeando a la sociedad, a la agenda parlamentaria. He participado en instancias muy satisfactorias con la participación de todos los partidos, en clave de entendimiento. El CAIF es un muy buen ejemplo de eso. Este año se cumplen 35 años, y se ha desarrollado en gobiernos del Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio. Hemos avanzado muchísimo.
—Pero hay lista de espera…
—Hay CAIF que tienen lista de espera, pero no es un tema estructural. Ojalá lo fuera. Porque no habiendo listas de espera en todo el sistema el punto de partida fueron estudios de la OPP según los cuales hay 35.000 niños en la franja de cero a cuatro años que no concurren a ningún sistema educativo, que están en los dos quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, o sea, los que más lo necesitarían. No están en lista de espera porque están por fuera. Si realmente tomaran la decisión de incorporarlos, quizás la demanda determinaría que haya lista de espera. A esos tenemos que ir a buscarlos.
—¿Están identificados?
—Sí, por una georreferenciación que tiene el Mides con base en sus prestaciones. Los tenemos identificados por zonas, por los barrios de Montevideo, obviamente los más populares y en determinados lugares del interior. Pero no están vinculados a un CAIF, tal vez por razones culturales, aunque de pronto tengan uno a una cuadra.
—Y no se los ha ido a buscar tampoco…
—La semana pasada tomamos una decisión a partir de la directora del INAU Natalia Argenzio, del Frente Amplio, que yo voté con mucho entusiasmo. Vamos a incorporar 112 técnicos para que trabajen en 56 duplas. Son trabajadores sociales, psicólogos, para trabajar en territorio y lograr la incorporación de las familias al sistema. El objetivo es que entiendan la importancia de que concurra no en términos de cuartel, porque esto no es un régimen militar, y tampoco de la concurrencia obligatoria porque es voluntaria, pero sí en la importancia de la vinculación.
—Otra de las problemáticas tiene que ver con los adolescentes que cometen delitos. En 2022 se registró la cifra más alta en los últimos cinco años, y hubo un aumento en relación con los vinculados al narcotráfico. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que ocurre en el país?
—Por más de que no estamos en las peores épocas, la circunstancia de que un adolescente incurra en ese camino creo que es la expresión o la desembocadura de no haberle dado las oportunidades que estamos obligados a darle. Por eso decimos que apostar a la inversión en la primera infancia tiene la tasa de retorno más alta. A ese adolescente en los primeros 1.000 días, si no le dimos el apego, la contención, el ambiente, el modo y los métodos para su crecimiento saludable, ese rezago probablemente desemboque en circunstancias de esas características. Para prevenir eso tenemos que darles oportunidades antes. Eso empieza con el nacimiento, o antes, en la concepción, y por eso los planes del Mides y de Uruguay Crece Contigo. Creo que son temas en los que vamos generando consensos.
—Hay un consenso sobre la importancia de trabajar en primera infancia, tanto en el oficialismo como en la oposición. ¿Cree que debería haber una inversión mayor?
—Creo que debería haber, lo que creo que está en ciernes, una mayor articulación entre las políticas. A la sociedad y al Estado no hay que verlos en compartimentos separados: el mismo niño que concurre al INAU a través de un centro juvenil, después o antes concurre a la educación formal yendo al liceo o con el niño que va a Primaria y a un club de niños. Por eso hay otro cambio, que es muy incipiente todavía pero que me parece medular, y que implica una concepción diferente con la administración anterior.
—¿Distinta en qué sentido?
—Nuestro gobierno ha dado pasos en el fortalecimiento institucional. La LUC reconoció al INAU como un actor importante en el gobierno de la educación. Nosotros somos parte de esta reforma educativa que tanto se discute. Esto quiere decir que hay una concepción por parte del actual gobierno, y lo he hablado con el presidente de la República, con el ministro de Desarrollo Social, con el ministro de Educación y Cultura, de reconocerle la autonomía que el INAU tiene en su condición de órgano rector, que no la reconocía la administración anterior. La administración anterior desarrolló un modelo según el cual el INAU era un organismo subordinado al Ministerio de Desarrollo Social, y te diría más, y no quiero incursionar en la comidilla política, pero era un organismo prácticamente subordinado a los dictados de Marina Arismendi como ministra de Desarrollo Social durante la mayor parte de los gobiernos del Frente Amplio. Eso limitaba, condicionaba y en algún sentido entorpecía el desarrollo de las políticas en la primera infancia. Eso cambió. Los resultados de estos esfuerzos probablemente los terminemos viendo más en el mediano y el largo plazo, sin perjuicio de que creo que hoy se invierte más y se invierte mejor de lo que ocurría hace tres o cuatro años.
—En los últimos años, la violencia asociada a grupos narcotraficantes se ha incrementado en Uruguay. En otros países una gran problemática es la captación de menores para vender droga o incluso ser sicarios, por las condenas reducidas en relación con los adultos. ¿Qué magnitud tiene la situación acá?
—Lo que he advertido es que muchas veces el fenómeno de la explotación sexual de adolescentes, por ejemplo, aparece asociado con situaciones de narcomenudeo, de tráfico de drogas, de utilización de esos menores con las dos finalidades, en una lógica de doble explotación. Es un fenómeno abyecto y sórdido en cuanto a que empieza a partir de la seducción de las adolescentes, fundamentalmente, que están ya vulneradas en sus derechos o con vínculos familiares deteriorados, con perspectivas de vida acotadas o prácticamente nulas. De pronto se interpone en su camino la invitación a una vida mejor, al acceso a bienes materiales que no tenían, muchas veces con una propuesta de relación afectiva. Y cuando ingresan en esos círculos o caen en esas redes, lo advierten tarde y se vuelve complejo enfrentar esas realidades.
—También por la violencia que manejan estos grupos.
—Absolutamente.
—En ese sentido, ¿hay una preocupación de que en Uruguay se pueda llegar a esa situación que se advierte en otros países?
—Por supuesto que hay preocupación, porque en estos fenómenos de deterioro sabemos cuándo empezamos y dónde, pero no dónde podemos llegar a terminar. En ese sentido se está actuando y es fundamental el trabajo interinstitucional.