“Son todos iguales”.
“De la dirigencia frenteamplista, en todo caso, lo que puede decirse es que aprendió demasiado rápido y mal la lección. Los escándalos de Casinos, el caso Pluna, el de Salud Pública, y otras cosas todavía no bien conocidas, en relación con Montes del Plata, con UPM, con Aratirí y la regasificadora, han debilitado uno de los más queridos mitos de la izquierda uruguaya: el de que era portadora de una ética más depurada que la de los partidos fundacionales. Aquello de ‘podremos meter la pata pero no la mano en la lata’ ya no es hoy una verdad evidente”, escribió en agosto de 2015 el abogado Hoenir Sarthou —hijo del fallecido senador y abogado Helios Sarthou, y militante frentista por más de cuatro décadas—, en su columna en el semanario “Voces”.
¿Era ingenuo pensar que el Frente Amplio podía ser impune a la corrupción? “Había una mística de la izquierda, de creer que era impoluta. Y eso es evidente que no es así, todos somos seres humanos”, dijo Sarthou a Búsqueda.
Pero para el analista, hay un tema que es clave y que explica los “desvíos” en el FA. “Cuando una sociedad tiene un proyecto, que le resulta esperanzador y entusiasmante, estas cosas ocurren menos. Creo que en buena medida la corrupción se ve favorecida cuando hay una especie de estancamiento, cuando la gente deja de creer, incluidos los gobernantes. Dejan de creer en que tienen una misión socialmente muy deseable, positiva, y se empieza a transformar en que ‘estoy en el cargo porque estoy en el cargo, y quiero permanecer en él’. Al perder un rumbo dinamizador, las debilidades humanas afloran con más facilidad”, opinó. “Y me parece que el Frente está estancado desde hace años”.
Un estudio de la consultora Cifra que analizó la situación previa a la elección nacional de octubre de 2014 — elaborado para CPA Ferrere— señaló cómo el FA debió cambiar su discurso respecto a la campaña de 2009. En ese entonces el mensaje de “un gobierno honrado, un país de primera” aún era “consistente y creíble”. Pero ya no lo era en 2014. “No después de Pluna, ASSE, el PIT y la construcción (no es prudente recordar lo de ‘la mano en la lata’)”. Por otro lado, analizaba el estudio, “la demonización de los partidos fundacionales ya no ‘sintoniza’ con el ánimo del grueso del electorado: ahora ‘son todos iguales’”.
Para el politólogo Adolfo Garcé, es natural que la ciudadanía termine “sospechando” de sus gobernantes, “haya corrupción o no”. “El ciudadano siente que no controla los actos de gobierno, que son oscuros, y tiende a sospechar que hay corrupción”. Entonces, “es inexorable que la imagen del Frente como partido de gobierno se desgaste. Que su imagen de partido impoluto, limpio, puro, diferente, se desgaste”.
Y la sospecha cuesta cara. Los dos atributos “más valorados” por la población en Uruguay sobre los gobernantes son “la honestidad y la sensibilidad a los problemas de la gente”, afirmó Garcé. “Está documentado en cuanta encuesta hay. Que conozca los asuntos de gobierno, no es tan importante. ¿Que esté técnicamente preparado? Casi irrelevante. En la democracia uruguaya, el ciudadano pide cosas muy simples y sabias: honestidad y sensibilidad. Entonces, cuando los partidos pierden eso, porque existe corrupción o sospecha de que la hay, pierden atractivo. Insisto, no hay nada tan importante para la gente como poder confiar en las personas a las que les va a dar el poder”.
Según Sarthou, muchos votantes pensaban que el FA “iba a ser distinto”.
“Muchos años de corrupción de los partidos tradicionales llevaron a que la principal crítica de la izquierda fuera sobre eso, y se terminó asociando la idea de la corrupción con los partidos tradicionales. Por extensión se asumía que el día que gobernara la izquierda todo iba a ser distinto. Eso es un mito, no es verdad”, afirmó.
A su juicio, “el ejercicio de gobierno durante mucho tiempo genera constantes, características típicas”. Y como resultado, “un partido de izquierda en el gobierno se parece más a un partido de derecha en el gobierno que a uno de izquierda en el llano”.
El Latinoarómetro 2016 —que estudia la opinión pública latinoamericana— reveló que este año en Uruguay el apoyo a la democracia tuvo una caída “abrupta” (bajó 8% respecto al año anterior). “Uruguay ha sido históricamente el país de América Latina donde el apoyo a la democracia es más alto, por lo que esta caída abrupta llama doblemente la atención. En 2016 Uruguay alcanza su punto más bajo en el apoyo a la democracia en 21 años (68%)”, dice el estudio.
También es de los países donde más personas declaran saber de actos de corrupción (21%), junto con Brasil, Argentina y Venezuela. Sin embargo, la corrupción no figura como uno de los problemas principales para los uruguayos.
Bengoa, Nicolini y Nin Novoa.
“No hay regla de la lógica o la experiencia que permita entender semejante situación dentro de los cánones de la legalidad y la transparencia pública”, dijo el Tribunal de Apelaciones que confirmó la condena contra Bengoa.
El ex director de los casinos municipales y nacionales fue procesado en diciembre de 2007 por un delito de “fraude”, tres delitos de “conjunción del interés personal y del público”, y un delito de “concusión” (coima).
El caso de Bengoa fue el primero que golpeó con fuerza al Frente Amplio. Danilo Astori, entonces ministro de Economía y líder del sector que integraba Bengoa, Asamblea Uruguay, defendió su inocencia hasta último momento, pero la Justicia lo contradijo.
En setiembre de 2009 blancos y colorados quisieron instalar una Comisión Investigadora para indagar en la gestión de Bengoa al frente de los casinos nacionales, pero la bancada de diputados del FA no la votó. Durante el debate parlamentario, el colorado Germán Cardoso dijo que se había metido “la mano, la pata y la cabeza en la lata”.
Otro caso que tuvo una gran repercusión fue el del senador Leonardo Nicolini. En febrero de 2007 Búsqueda informó que Nicolini había sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Pasteur utilizando un carné de asistencia gratuita expedido por el Ministerio de Salud Pública. Nicolini, que integraba el Movimiento de Participación Popular (MPP), había obtenido el carné mediante una declaración jurada falsa de su hijo, quien aseguró que el senador carecía de ingresos.
Tras un áspero debate en la interna del partido, el legislador renunció a su banca en el Senado.
En mayo de 2007 la fiscalía pidió su procesamiento por estafa. No obstante, la jueza lo rechazó por falta de elementos de convicción. Si bien en el otorgamiento del carné había habido “serias irregularidades”, era responsabilidad de ASSE y no se podía probar con certeza que Nicolini había actuado con intención para engañar a la administración.
En 2008 Nin Novoa, entonces vicepresidente, fue investigado por la Justicia a raíz de una denuncia del senador nacionalista Julio Lara que decía que había cancelado una deuda con el BROU tras obtener una quita significativa poco después de haber asumido. En el marco de esa causa, la Fiscalía solicitó un informe a la Junta Anticorrupción, que determinó que el vicepresidente “omitió” mencionar en su declaración jurada una sociedad a través de la cual era titular junto a sus hermanos de un campo en Cerro Largo. Nin Novoa aseguró que había sido un “error”.
En noviembre de 2010 la Fiscalía pidió el procesamiento de Nin Novoa, quien para ese entonces era senador, por el delito de falsificación ideológica, pero la Justicia no se pudo pronunciar por sus fueros parlamentarios. El Senado, con votos del Frente Amplio y del Partido Colorado, rechazó el desafuero. En 2015, la causa fue archivada porque el delito había prescripto.
Pluna, Ancap y UTE.
La gestión de la aerolínea estatal Pluna terminó con varios procesados. Primero fueron Campiani y sus socios en Leadgate, Sebastián Hisch y Arturo Álvarez Demalde. En diciembre de 2013 la Justicia de Crimen Organizado los procesó con prisión por estafa, luego de que el Partido Nacional denunciara irregularidades durante la gestión de Leadgate como principal accionista. También el entonces presidente de Ancap, Sendic, denunció a los responsables de Leadgate por haber pagado combustible con cheques sin fondo.
“Lo que empieza bien termina bien”, había anunciado Astori a comienzos de 2007 cuando, junto al ministro de Transporte Víctor Rossi, firmaron el acuerdo con Leadgate. La frase sería recordada con sorna luego de que la empresa terminara cerrándose tras años de agonía.
Las operativas para cerrarla también derivaron en problemas con la Justicia. Esta vez se vieron enredados dos jerarcas claves del gobierno de Mujica: Calloia y Lorenzo. Ambos fueron procesados sin prisión por “abuso de funciones”, debido a las irregularidades en el aval que el BROU otorgó a una aerolínea española (Cosmo) para que participara en el remate de los aviones de Pluna.
La jueza Adriana de los Santos resaltó en su fallo que el affaire Pluna le costó al Estado uruguayo “y por consiguiente a toda la población, pérdidas económicas millonarias a las que se debió, se debe y se deberá seguir haciendo frente”.
Pluna no es la única estatal indagada por la Justicia. En abril de 2012 el entonces presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, presentó en la Justicia una denuncia contra el vicepresidente de UTE durante la administración de Tabaré Vázquez, Pedro de Aurrecoechea, y otros jerarcas de la empresa estatal, por un presunto hecho de corrupción en una millonaria licitación para el mantenimiento de las centrales eléctricas. Las investigaciones judiciales no derivaron en responsabilidades hasta el momento.
Además, Crimen Organizado tiene a estudio cuatro denuncias por supuestas irregularidades en Ancap, que presentaron los partidos políticos de la oposición en abril de este año.
ASSE y el PIT-CNT.
En julio de 2014, luego de casi tres años de investigaciones, la Justicia procesó sin prisión a Alfredo Silva por el delito de conjunción del interés personal y público debido a sus gestiones para beneficiar a la empresa de limpieza Buena Estrella. Además, procesó con prisión al representante de las empresas tercerizadas en la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Heber Tejeira, por los delitos de cohecho simple (cobro de coimas) y de conjunción del interés personal y público.
Según declaró más tarde Mujica a Búsqueda, el gobierno “tenía indicios” de las irregularidades en las gestiones de Silva, pero el PIT-CNT se negó a sustituirlo. Luego del procesamiento, el dirigente de la bebida Richard Read hizo una autocrítica: “La primera responsabilidad es del PIT-CNT que estuvo ausente en los controles”.
El PIT-CNT, por su parte, se vio entreverado con la Justicia penal debido a su Plan de Vivienda Sindical, que en 2013 fue denunciado por estafa. La central admitió un “error evidente” en la gestión de la Comisión de Vivienda, y dispuso intervenir y auditar su trabajo. La Justicia continúa las indagatorias.
Información Nacional
2016-10-06T00:00:00
2016-10-06T00:00:00
