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La recaudación de peajes le permite al gobierno cumplir el plan de inversión en vialidad, pese al retraso de las PPP
La Auditoría Interna de la Nación cuestiona los controles del Ministerio de Transporte sobre los ingresos, mientras la cartera critica la “racionalidad” de las sugerencias del organismo
El MTOP rechazó una iniciativa para cambiar los peajes
El estado de la red de carreteras mostraba una situación preocupante al comienzo de este período de gobierno. Tanto que Tabaré Vázquez puso a la vialidad en un lugar de prioridad cuando en los primeros meses de gestión anunció un ambicioso plan de inversiones. A la mejora de la calidad de las rutas se destinarían US$ 2.326 millones.
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Para marzo de 2020 el gobierno habrá cumplido con ese compromiso. Llegará al objetivo pese a los retrasos del régimen de contratos de participación público- privada (PPP) con el que había previsto obras por más de US$ 740 millones. De los siete corredores viales que licitó bajo esa modalidad, el Ministerio de Transporte solo logró iniciar las obras en uno.
Según dijo a Búsqueda el ministro de Transporte, Víctor Rossi, el impacto de las expectativas frustradas se pudo mitigar gracias a los ingresos por el cobro de peajes. El 100% de esa recaudación se destina a la financiación de obras viales.
El sistema de peajes, que le permitió al ministro cumplir su compromiso de inversión, también le valió en las últimas semanas un rezongo de la Auditoría Interna de la Nación. Un informe del organismo concluyó que los controles del ministerio “no son suficientes para garantizar” que la recaudación declarada por los concesionarios sea “íntegra, exacta y confiable y que se corresponda con la percibida” (Búsqueda Nº 2.020).
Aunque entiende que la Auditoría Interna de la Nación “cumple con su función” al hacer público el informe, a Rossi no lo dejaron contento las conclusiones. “Parece que fuéramos una manga de irresponsables”, se queja, porque entiende que ese relato no se corresponde con la realidad. Además, sostiene que para cumplir con las exigencias del organismo de contralor deberán incurrir en gastos que le generan dudas.
El sistema y los controles
Repartidos en distintos puntos de los 8.600 kilómetros de la red vial hay 15 puestos de peaje. La Corporación Vial del Uruguay (CVU), subsidiaria de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), es la principal concesionaria, con 13 de los 15 peajes. Los otros dos los gestionan las empresas Camino de las Sierras y Hernández y González.
El tráfico mensual promedio es de 3.000.000 de tránsitos. Eso en el 2018 implicó una recaudación anual de unos US$ 82 millones en los 13 peajes de la CVU. Según indicó el personal que trabaja en el Órgano de Control de Peajes del Ministerio de Transporte, la recaudación de la CVU representa el 89% de los ingresos totales. Es decir que, si se toman en cuenta los otros dos concesionarios, la recaudación ronda los US$ 92 millones.
Cada peaje tiene un sistema informático que registra cada evento que se genera. Llaman evento a cualquier objeto que pise la ruta y atraviese el puesto de peaje. En el suelo hay censores que detectan la masa, la cantidad de ejes y la cantidad de ruedas que tiene el vehículo. También están las antenas que leen las calcomanías de los sistemas de prepago y pospago (telepeaje), que ya representan el 42% de los tránsitos.
Además de los censores de pavimento y las antenas, hay cámaras que producen fotografías y videos que quedan almacenadas en los servidores. Si lo que se cobra (manual o electrónicamente) coincide con lo detectado por los censores, no hay nada que revisar. Los casos de discrepancias, en cambio, quedan registrados como anomalías.
¿Qué tipo de discrepancias pueden ocurrir? Puede pasar, por ejemplo, que un vehículo de cinco ejes pase con dos de ellos levantados y los censores de pavimento no lo detecten. O puede ocurrir que un usuario con telepeaje atraviese el peaje con su vehículo liviano pero con un trailer enganchado. En ese caso, la antena supondrá que está atravesando un vehículo liviano, pero los censores de pavimento registrarán que atravesaron más ejes y ruedas.
Trimestralmente el personal del Ministerio de Transporte analiza una muestra de esas anomalías que hace aleatoriamente el sistema. Si hubo pérdidas de recaudación, se hace una extrapolación de la muestra al universo total y eso se transforma en un descuento al concesionario.
Anotadas en un pizarrón de la Unidad de Seguimiento de Concesiones se pueden ver las pérdidas de recaudación. La cifra más abultada que se lee son $ 57.003 en el trimestre febrero-abril de 2018. Según dicen los funcionarios, la tendencia es la baja. En el último noviembre-enero no detectaron pérdidas.
A una cuadra del edificio del ministerio, la CND ejerce en sus oficinas controles similares. Ahí está alojado el data center que da soporte a todo el sistema. LA CND cuenta con una garantía más de control: tiene contratada a la empresa PwC para que realice una auditoría externa.
La CND controla todas las operaciones de los 13 peajes de la CVU. A su vez, también entran dentro de su supervisión todos los tránsitos que se cobran mediante telepeaje, incluidos los de los otros dos concesionarios. De esa manera, estiman que solo un 4% de los tránsitos quedan por fuera de su alcance.
La recaudación de los peajes está cedida a un fideicomiso financiero como garantía para emisiones de deuda que se hicieron por hasta US$ 450 millones en tres series. Ese dinero se destina siempre a obras de vialidad.
Las hormigas, los elefantes y la racionalidad
La Auditoría Interna de la Nación le formuló al Ministerio de Transporte siete recomendaciones. Para cumplir con varias de ellas será necesario que la cartera también contrate una auditoría externa. El llamado ya está en curso y aunque no conocen aún las ofertas, Rossi sostiene que será “muy costosa”.
El ministro dice que por más que el informe de la auditoría describa una situación “dramática”, se siente tranquilo porque existe un “control” que da garantías de que “no se escapen los elefantes”. Reconoce que puede “escaparse alguna hormiga”, pero tiene reparos acerca de que valga la pena implementar un sistema más costoso.
“Tengo mis dudas de si se justifica el gasto en relación con la diferencia que puede llegar a existir. ¿Se justifica un seguimiento tan de detalle? ¿Se justifica una nueva auditoría cuando existe un control casi movimiento a movimiento? ¿Esas diferencias de $ 20 justifican que tengamos que hacer un sistema que sale plata? Vamos a tener que evaluarlo. Porque las cosas tienen un nivel de racionalidad. Capaz que merecés una observación mayor por gastar más de lo debido”, replica Rossi a la Auditoría Interna de la Nación.
Entonces, el jerarca vuelve de nuevo al principio. Destaca que gracias a la recaudación por peajes pudieron disimular el desfasaje de las PPP y se lamenta de tener que estar defendiendo el sistema.
“Realmente daría para tocar muy fuerte el bombo, pero tenemos que dar explicaciones por ese informe”.
