—Muerte por ahorcamiento suicida. Previamente al ahorcamiento prendió fuego la celda. Fue retirado y alojado en el locutorio donde una hora más tarde lo encontraron suspendido. Los hechos indican que, tras un primer gesto suicida, fue dejado sin vigilancia, donde consumó el suicidio por otro método.
Estos tres casos de autoeliminación registrados dentro de las cárceles uruguayas en 2020, el año en que empezó la pandemia, sugieren negligencia con incidencia en la muerte, según el informe Muerte bajo custodia en el sistema penitenciario. Reporte médico-legal, Uruguay 2020, elaborado por el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), en el marco de un convenio con la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, a cuya versión final, que se presentará la semana que viene, accedió Búsqueda.
Los homicidios en las cárceles uruguayas vienen bajando (en 2019 se registraron 20, en 2020 hubo 17 y en lo que va de 2021 suman 10), destacó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, en la comisión especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, el jueves 15. No obstante, agregó que el último año fue “muy particular” para el sistema penitenciario “porque la visita fue mínima, la movilidad también fue mínima y el encierro fue mayor” dadas las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19, que llegó a infectar al 10% de la población carcelaria del país.
“El encierro y la falta de ocupación —porque se terminó la presencialidad en lo educativo y en lo laboral, en algunos casos— y de visitas, llevó a algún tipo de aumento de los suicidios”, afirmó el jerarca ministerial.
Dentro de los establecimientos carcelarios se registraron 48 muertes el año pasado por diferentes motivos y en lo que va de 2021 la cifra alcanza los 44, confirmó Búsqueda basándose en reportes de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, que encabeza Juan Miguel Petit. La casi totalidad de los fallecidos fueron hombres (96%), con una edad promedio al momento de su muerte de 38 años.
La Oficina del Comisionado Parlamentario realiza un monitoreo e investigación de las muertes en custodia. En el primer informe especial sobre el tema, que se presentó al Parlamento en 2017, advirtió que “casi la totalidad de los fallecidos no había tenido ninguna actividad de rehabilitación”. Desde 2020 trabaja en conjunto con la Catedra de Medicina Legal de la estatal Facultad de Medicina.
Un alto porcentaje de los fallecimientos obedecieron a causas violentas, el 71%, mientras una decena se debió a causas naturales y cuatro permanecen como indeterminadas, según el informe elaborado por los investigadores del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Udelar Santiago Cartazzo, Analía Alves y Hugo Rodríguez, presentado el martes 13 en la sala Maggiolo de la universidad estatal.
De las 34 muertes violentas registradas en 2020, la mitad (17) fueron por homicidio y la otra mitad por suicidio. “La mayoría de ese 71% de muertes violentas tienen un promedio mucho más joven que el general de fallecidos, los que se mueren por enfermedades suben el promedio de edad”, indicó el profesor Rodríguez, director del departamento universitario, a Búsqueda.
El especialista también señaló como otros datos “tremendos” que el 44% del total de los fallecidos no estaba penado y murió bajo prisión preventiva, que “la tercera parte se mató durante el primer año en cárcel” y que “fallas sistémicas y estructurales” provocan casos “extremos” como el de un recluso de 20 años con retraso mental que fue encontrado sin vida el 17 de mayo en una celda de la Unidad N° 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) (Búsqueda Nº 2.126).
Según el reporte, la mayoría de los fallecimientos tuvieron lugar en cárceles de Montevideo (58%) y casi la mitad de ellas (22) se concentraron en el establecimiento N°4 de Santiago Vázquez, al que le siguió de lejos (con cinco) el N°13 de Maldonado.
Muertes potencialmente ilícitas
La muerte bajo custodia en el sistema carcelario, a la que alude el informe de los investigadores de la universidad estatal, es definida como “el deceso de una persona bajo la custodia de la policía u otras autoridades, en prisión o por acción policial o de otras autoridades, incluyendo las que ocurren como resultado de las acciones previas a la detención”. Por el contexto en que se produjeron, “se trata de muertes potencialmente ilícitas por la acción u omisión del Estado”, según el reporte.
Los autores consideraron cuatro categorías para determinar la causa principal de las muertes dentro de las cárceles: natural, violenta —que incluye homicidios, accidentes y suicidios—, “indeterminada” y “muerte con sospecha de responsabilidad institucional”.
“Hay fallas muy groseras”, dijo Rodríguez, coautor del reporte, y señaló algunas situaciones “atroces”. Por ejemplo, citó la muerte de una persona joven tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el curso de una crisis asmática que, además, desde hace un año reclamaba cumplir prisión domiciliaria por su enfermedad. O la de un hombre que fue hallado muerto de mañana en su celda tras haber recibido un traumatismo encéfalo-craneano la noche anterior. “Estas situaciones son inaceptables”, afirmó.
En los homicidios la violencia más recurrente fueron las heridas penetrantes de arma blanca en el tórax o en el abdomen (76%) y todas fueron provocadas por otra persona también privada de libertad.
Mientras que, entre los suicidios, “el ahorcamiento fue el método casi excluyente” (94%), y en un caso la víctima provocó el incendio de la celda como forma de autoagresión, lo que no es tan común como método suicida.
La mayoría de las muertes violentas ocurrieron en las celdas (56%) y en los espacios de circulación comunes de los establecimientos carcelarios (44%). En tanto, las agresiones interpersonales sucedieron sobre todo en los espacios comunes (71%), las autoeliminaciones tuvieron lugar mayoritariamente en el interior de las celdas (82%).
A su vez, las 10 muertes naturales registradas obedecieron principalmente a enfermedades oncológicas. Al tiempo que el 23% de las muertes “no pudieron ser razonablemente aclaradas o explicadas con base en datos y tras el análisis de la información por una junta médica”. Esa falta de información es “muy importante” para los investigadores porque la obligación de disponer de ese registro médico es del Estado y las trabas a su acceso son también “potencialmente ilícitas”, remarcó Rodríguez a Búsqueda.
Si se considera la población en la que se obtuvo el dato, el porcentaje de muertos dentro del primer año de privación de libertad alcanza al 46%. Siete antes de los seis meses y dos a las pocas horas del ingreso.
Los delitos por los que los fallecidos estaban privados de libertad fueron en su mayor parte contra la propiedad (44%), contra la persona física (31%), contra la libertad sexual (17%), comercio de estupefacientes (4%), porte y tráfico de armas (2%) y desacato (2%).
“Esta manera de muerte —ya sea suicida, homicida o accidental— es, por definición, evitable, aunque no siempre sea fácil de prevenir”, señalaron los autores en su informe. Entre las fallas de carácter asistencial, destacaron la falta de registros médicos actualizados y las dificultades de accesibilidad a la consulta oportuna, tanto en los propios establecimientos como en el resto del sistema de salud, muchas veces por los problemas en la coordinación de los traslados.
“Cuando se trata de muertes violentas que ocurren en personas privadas de libertad, la responsabilidad estatal por su prevención no se puede soslayar. Esto es válido tanto para los homicidios (casi todos ocurridos por el uso de armas blancas que estaban en poder de otras personas privadas de libertad) como para los suicidios (lo que obliga a plantear posibles falencias en el diagnóstico precoz de síntomas de alarma, que permitiera instituir un diagnóstico y tratamiento oportunos)”, expresan.
Según los investigadores, “los resultados sugieren que en el período inicial de reclusión, y al menos durante el primer año, deberían extremarse las medidas para la prevención de los suicidios”, y recomiendan, entre otras acciones, crear “un carné de salud penitenciario” que asegure “un paquete mínimo de datos sanitarios biopsicosociales de cada persona que ingresa al sistema”.
